Cueva financiera en el Puerto de Santa Fe: la UIF reclama los bienes decomisados a los condenados
El organismo querellante en la causa por lavado de activos reclama que se aplique la ley que determina el destino de los bienes decomisados.
El hallazgo de la cueva financiera se dio tras un procedimiento de la Justicia provincial.
La Unidad de Información Financiera, querellante en la causa que investigó el funcionamiento de una “cueva financiera” en un departamento del Puerto de Santa Fe, reclama los bienes decomisados y las multas impuestas a los condenados.
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La exigencia de la UIF fue a través de un recurso presentado ante la Cámara de Casación tras el juicio abreviado, ya que el fallo no establece precisiones acerca del destino de los bienes.
Por la causa fueron condenadas cinco personas: Ángel Yamil Benavídez, María Laura Miassi, Raúl Adrián Manonellas, Juan Emilio Gastaldo y Carlos Raúl Quartucci; se decomisaron tres camionetas y un departamento, y se impusieron multas millonarias.
Reclamo por el destino de los bienes
El escrito presentado ante Casación tras el juicio abreviado realizado en el marco de la causa, reclama que se aplique el artículo 27 de la Ley N.º 25.246, que establece que los fondos provenientes de las multas y los bienes decomisados en causas de lavado de activos (y sus delitos precedentes) deben asignarse a la UIF para resguardar su autonomía y funcionamiento.
Al momento de resolver el juicio abreviado, el Tribunal ordenó quitarle los bienes a los condenados, pero no explicó qué se hará con ellos ni a quién se le entregarán. En el escrito presentado ante Casación, la UIF pide que se anule esa parte de la sentencia y el juez defina su destino, o bien que se abra un trámite de ejecución para resolverlo.
El organismo, que fue querellante en la investigación por lavado de activos, aclaró que no busca modificar las condenas ni las penas impuestas a los imputados, sino únicamente que el tribunal resuelva a dónde se asignan esos recursos recuperados del delito.
Entre los bienes que reclama la UIF se encuentran dinero y teléfonos celulares oportunamente secuestrados en la causa; una camioneta Volkswagen Taos Highline, un vehículo Ford EcoSport, un plan de ahorro Toyota Plan Argentina S.A., correspondiente a una camioneta Toyota Hilux 4x4 y derechos sobre el inmueble ubicado en la calle Juan de Garay 2800 de la ciudad de Santa Fe.
Cueva financiera, lavado de activos y defraudación bancaria
La investigación permitió determinar que la actividad realizada por Benavídez, de manera habitual entre septiembre de 2020 a septiembre de 2023, aproximadamente, no consistía únicamente en la compra venta de divisa extranjera (dólares y euros, principalmente), sino que había montado una estructura para captar dólares de "inversores", a quienes les ofrecía el pago de "rendimientos" o "intereses": en el allanamiento realizado en el departamento donde funcionaba la denominada "cueva", se secuestraron planillas con nombres de los "inversores" (al menos 27), los montos invertidos y las fechas de devolución.
El dinero aportado por los "inversores" era utilizado por Benavidez de diversas maneras, a fin de obtener beneficios económicos. Así, se pudo precisar tanto el otorgamiento de préstamos, la compraventa de moneda extranjera (dólares, euros y reales), la compra de criptomonedas y maniobras con "dólar MEP" a través de cuentas bancarias que Benavidez abrió de manera fraudulenta a nombre de terceros.
La sentencia precisa que Benavídez gestionó fraudulentamente la apertura de 39 cuentas bancarias y la emisión de sus respectivas tarjetas de débito utilizando datos de identidad de personas que desconocían el uso final de estos productos. Aunque las cuentas estaban a nombre de terceros, Benavídez mantenía el control material de las tarjetas, las claves de acceso y los chips de telefonía asociados para realizar depósitos y transferencias.
Con esta maniobra, la organización delictiva logró adquirir aproximadamente U$S 662.679,85 entre octubre de 2020 y septiembre de 2023. De ese total, gran parte (alrededor de U$S 604.552,21) fue posteriormente retirado en efectivo, mientras que el resto fue transferido. El dólar MEP se utilizó para introducir las ganancias de la "cueva" financiera en el mercado formal, dándoles una apariencia de licitud antes de que los fondos fueran finalmente destinados a la compra de bienes registrables, como vehículos e inmuebles.
La compra de criptomonedas cumplía una función similar a la descripta con el dólar MEP: la adquisición de estos activos virtuales era una de las formas de "colocación" de los dólares captados del público inversor, lo que permitía a la estructura obtener beneficios económicos derivados de esas operaciones.
Finalmente, los investigadores detectaron que los imputados adquirieron con los fondos mal habidos vehículos de alta gama (camionetas Volkswagen Taos y Toyota Hilux), un inmueble ubicado en Juan de Garay al 2800, adquirido conjuntamente por Benavídez y María Laura Miassi, y un plan de ahorro para vehículos.
