Emiliano Arri falleció tras haber sido retenido violentamente por cuatro patovicas y un policía en un boliche de la localidad de Gálvez, en septiembre de 2017. La causa cuenta con cinco imputados en prisión preventiva, y los plazos para mantener la cautelar están próximos a vencerse.
Arri, al momento de su muerte tenía 39 años.
El fiscal de homicidios Martín Torres se refirió al estado del proceso en una entrevista mantenida con Ignacio Mendoza por Será Justicia, y manifestó su preocupación por la posibilidad de que los acusados recuperen la libertad antes del inicio del juicio.
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Torres explicó que, si bien la acusación contra los imputados fue presentada antes de cumplirse los dos años de prisión preventiva, la audiencia preliminar de juicio fue suspendida cinco veces, lo que generó la dilación de los plazos procesales: “La investigación llevada a cabo por el fiscal Jorge Nessier fue impecable, pero en cuanto a los plazos que vinieron después no estoy para nada conforme, presenté la acusación antes del plazo de los dos años, y la audiencia preliminar fue suspendida cinco veces”, sostuvo Torres, quien agregó que “por eso nos encuentra hoy a casi tres años del hecho, con el riesgo que los imputados recuperen la libertad y no lleguen al juicio en prisión preventiva”.
Si bien la muerte de Arri se produjo en el mes de septiembre, la detención de los imputados se concretó tres meses después, y el 12 de diciembre de 2017 el juez Jorge Pegassano impuso la prisión preventiva.
Discusiones
El informe preliminar de autopsia permitió determinar que Emiliano Arri falleció por un mecanismo de asfixia por compresión que fue causado por una llave practicada con ambos brazos por uno de los imputados, mientras los otros lo inmovilizaban sosteniendo sus brazos y piernas.
Todo quedó registrado por una de las cámaras de seguridad del boliche, y el video fue exhibido en una de las audiencias para sostener la autoría de los imputados, y para exponer la hipótesis fiscal. Torres precisó que “lo neurálgico va a estar en torno a la discusión de la causa de muerte, para que los jueces puedan entender si hubo o no hubo dolo para lograr el resultado de la muerte de Arri, como sostiene la fiscalía. Será materia de debate si hubo dolo, qué tipo de dolo”.
Con el devenir de la investigación, la Fiscalía distinguió la participación de cada uno de los imputados, y la posible pena que puede corresponderles: “Una serie de elementos sobrevinientes permitieron entender que el grado de culpabilidad para quien tomó del cuello a Arri es mayor, y por eso se pide una pena mayor para esta persona, de 14 a 20 años de prisión para Rivero”, precisó Torres. Luego se dividió en dos grupos: para los partícipes principales se piden 11 años de prisión, y partícipes secundarios, 6 años y medio.
Por último, en relación a la posibilidad de que el juicio llegue desarrollarse en los dos meses que quedan del 2020, el fiscal sostuvo que tiene expectativas de que así sea, “de no llegarse este año, se realizará a principios del año que viene y los imputados llegarán al juicio en libertad”, concluyó.
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La causa
El homicidio que investigó la Justicia ocurrió el 24 de septiembre del 2017 en un boliche ubicado en Belgrano al 600. Entre las 4 y 4.20 de la madrugada, Arri fue reducido en la zona de la pista de baile y luego trasladado por la fuerza hasta un guardarropa. Allí fue tomado del cuello y en sus extremidades. Tras una serie de minutos, se asfixió y murió en el acto.
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A raíz de su muerte, el entonces fiscal de homicidios, Jorge Nessier, inició una investigación que derivó, tres meses después del crimen, en la detención de los cuatro patovicas y el agente policial, los cuales quedaron en prisión preventiva. Tras la salida de Nessier del área de Homicidios, la causa quedó en manos de Torres, quien continuó con la pesquisa.
En su pedido de apertura de juicio, el fiscal Torres anticipó que solicitará una pena de 20 años de prisión para Juan Pablo Rivero (42), el cual tomó del cuello a Arri; 11 de años para José Francisco Carrizo (34) y Juan Pablo Ortiz (39), tras considerarlos partícipes necesarios ya que los mismos sujetaron de varias partes del cuerpo a la víctima; y seis años y seis meses para Cristian David Serrano (34) y Claudio Ojeda (40) como partícipes secundarios del ilícito.
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