Caso Oldani: un policía retirado pidió ser apartado del juicio al sostener que nunca fue indagado en la Justicia federal
Se trata del entonces comisario Julián Nizzo, imputado por haber levantado la custodia del local donde el 11 de febrero del 2020 un grupo de ladrones mató al empresario Hugo Oldani, quien administraba una agencia de turismo y, de manera clandestina, una cueva financiera.
Nizzo se retiró de la policía y denuncia que se vulneraron garantías del debido proceso.
A pocos días del inicio del juicio oral por las irregularidades sucedidas en la escena del crimen del empresario Hugo Oldani, de donde desaparecieron millones de pesos y por lo menos un millón de dólares, uno de los imputados, el entonces policía Julián Nizzo, pidió no ser juzgado al denunciar que nunca fue formalmente indagado ante un juez.
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El planteo fue realizado por medio de su abogado Germán Corazza, el cual solicitó al Tribunal Oral Federal que se declare la nulidad absoluta y sobreseimiento de su cliente al argumentar que se vulneraron las garantías constitucionales del debido proceso y del juez natural.
Es que según el letrado santafesino, la Justicia federal -durante la etapa de instrucción- omitió realizar una declaración indagatoria formal y utilizó "indebidamente una audiencia imputativa" previa del fuero provincial.
Tras el planteo, el tribunal a cargo del juicio deberá analizar el planteo y expedirse antes del inicio del debate, el cual fue fijado para el próximo 25 de noviembre en la sede judicial de Primera Junta y San Jerónimo.
Del fuero provincial al federal
Para sostener su argumento, la defensa de Nizzo sostuvo que su cliente fue formalmente imputado el 14 de agosto del 2020 por la entonces fiscal Mariela Jiménez del área de Delitos Complejos del MPA de Santa Fe. En aquel entonces, le atribuyeron delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por el supuesto levantamiento de la custodia del local comercial de Turismo Oldani SRL, en donde fue asesinado su dueño.
Sin embargo, el caso cambió de fuero ante la sospecha de que se habían cometido delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos por lo que el expediente se radicó en el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe.
Desde entonces, sostiene el defensor, Nizzo nunca fue formalmente indagado ante un juez federal durante la instrucción de la causa y pese a ello fue enviado a juicio oral junto con los otros implicados que tiene el caso: José Luis Hernández, el yerno del fallecido Oldani; la entonces asesora letrada de la Policía de Santa Fe, Virginia Andrea Venetucci; Diego Marcos Medera, que era pareja de una de las empleadas de la agencia de turismo; y la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Cristina Ferraro, que estuvo en la escena del crimen.
Cronología del caso que llega a juicio
El origen del caso que llegará a juicio oral se remonta al homicidio del comerciante santafesino Hugo Oldani, quien a sus 63 años fue asesinado durante un asalto cometido por una banda integrada por Bruno Figueroa, Juan Manuel Ruffino, Brian Damiani, Agustina González y Andrés Federico Kaipl. El ataque se produjo el 11 de febrero de 2020 en la galería Rivadavia, donde el grupo actuó con roles previamente divididos: mientras Damiani hacía de campana y tanto Ruffino como Kaipl aguardaban en distintos vehículos en el exterior, Figueroa y González —quien era menor de edad al momento del hecho— ingresaron directamente a la agencia.
La secuencia fatal ocurrió cerca de las 18, cuando Figueroa y su acompañante irrumpieron en el local y encañonaron a Oldani con fines de robo. En medio de un forcejeo, Figueroa efectuó un disparo que impactó en el abdomen del empresario, tras lo cual escapó junto a la joven. Gravemente herido, Oldani se desvaneció en el lugar y fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde falleció poco tiempo después, mientras los integrantes de la banda emprendían la huida hacia la zona norte de la ciudad.
Apenas conocido el ataque, la oficina donde se produjo el crimen se colmó de efectivos policiales encargados de realizar las primeras diligencias en la escena. Sin embargo, ese operativo inicial sufrió un traspié inesperado cuando los agentes advirtieron que la puerta de la agencia de turismo había quedado cerrada con llave, lo que demoró el acceso pleno al interior del comercio.
Horas más tarde, peritos criminalísticos de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron ingresar al local y hallaron numerosos fajos de dinero en efectivo —tanto en pesos como en dólares— guardados en una estantería y dentro de una caja fuerte. Lejos de ser inventariada o secuestrada como evidencia, esa suma fue retirada del lugar sin ser contabilizada por familiares y allegados de la víctima, en una maniobra que se concretó ante la mirada de la propia fiscal Cristina Ferraro.






