El juicio por trata laboral a un productor de frutillas de Santa Fe entró en una etapa decisiva
La próxima semana comenzarán los alegatos en el debate oral contra Franco Pocchia, acusado de reducir a la servidumbre a 20 trabajadores en un campo de Arroyo Leyes.
La investigación judicial que derivó en el actual debate oral se inició a mediados de septiembre de 2025 por la denuncia de un grupo de trabajadores del establecimiento rural.
El juicio oral contra Franco Pocchia (26), el productor frutillero que en 2025 fue acusado de reducción a la servidumbre en perjuicio de 20 personas en un campo de Arroyo Leyes, entró en etapa de definiciones.
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Esta próxima semana está previsto que se realicen los alegatos de la Fiscalía y la querella del caso. No obstante, para la siguiente, será el turno de la defensa y se espera que a partir de ahí se fije la fecha para que el tribunal de a conocer su veredicto.
Según estableció la Oficina de Gestión Judicial, el 18 de noviembre alegará la fiscal Milagros Traverso, y también el querellante Gustavo Adolfo Vargas, que representa a tres víctimas que tiene el caso. Culminados esos alegatos, le tocará el turno a la defensa de Pocchia, a cargo de Claudio Torres Del Sel y Francisco García Rossi, que representan al quintero desde el inicio de la causa judicial.
Una vez finalizados los alegatos de las partes, se conocerá el veredicto del tribunal, integrado por los jueces de rosario, Germán Sutter Schneider y Moises Vázquez, y los santafesinos, José María Escobar Cello y Emilio Rosatti.
Fase final de un debate
El juicio comenzó el pasado 12 de agosto en el Tribunal Oral Federal -de Primera Junta y San Jerónimo- con los alegatos de apertura de las partes, en donde la Fiscalía anticipó un pedido de pena de 8 años de prisión para Pocchia y que se lo declare a Pocchia autor penalmente de los delitos de del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, la cantidad de víctimas y la consumación de la finalidad.
La querella, en tanto, compartió el mismo criterio que los fiscales pero a su vez impulsa une pedido para decomisar el campo en donde, supuestamente, ocurrieron los hechos de trata laboral con reducción a la servidumbre.
Por su parte, la defensa dijo que durante el debate se iba a comprobar la inocencia de su cliente al sostener que no hubo trata personas. Inclusive, apuntó a que la causa se inició por la denuncia de tres trabajadores que fueron problemáticos ya que el resto de las personas continuó con sus tareas en el establecimiento rural.
Denuncia y acción judicial
La investigación judicial que derivó en el actual debate oral se inició a mediados de septiembre de 2025, luego de que tres trabajadores rurales oriundos de las localidades chaqueñas de San Bernardo y La Clotilde denunciaran en la comisaría de Arroyo Leyes un presunto caso de trata de personas.
Según relataron, habían llegado a un establecimiento ubicado en el kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial N° 1 atraídos por la promesa de ingresos dignos que nunca se concretaron, quedando expuestos a una situación de vulnerabilidad.
A partir de esa presentación, se abrió una causa impulsada por el entonces fiscal federal Walter Rodríguez y su coadyuvante Milagros Traverso, la cual culminó el 1 de octubre de ese mismo año con un allanamiento en el predio rural. Durante el operativo, llevado a cabo por detectives de la Agencia de Trata de Personas, se identificó a los empleados y se incautaron 10 millones de pesos, 4.205 dólares, 12 armas de fuego de diversos calibres, una camioneta Volkswagen Amarok y cuadernos contables donde constaban los descuentos realizados al personal.
Tras el procedimiento, el imputado fue arrestado y quedó sujeto a prisión preventiva. No obstante, tras una apelación de la defensa, la Cámara de Apelaciones de Rosario revocó la medida y le concedió la excarcelación, permitiéndole transitar en libertad el proceso hasta la instancia de juicio.
