Comenzó el juicio a un productor de frutillas acusado de trata laboral en un campo de Arroyo Leyes
Se desarrolla en el Tribunal Oral Federal y tiene como acusado a un hombre de 25 años, identificado como Franco Pocchia, al que Fiscalía le anticipa un pedido de pena de 8 años de prisión.
El debate se realiza en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe fue sede este miércoles del inicio del juicio oral y público contra Franco Pocchia, el productor frutillero que en 2025 fue acusado de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre en perjuicio de 20 personas que trabajaban en un campo de Arroyo Leyes.
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El debate se da ante un tribunal integrado por los jueces rosarinos, Germán Sutter Schneider y Moises Vázquez, y los santafesinos, José María Escobar Cello y Emilio Rosatti, que analizarán las pruebas presentadas por las partes.
La acusación es impulsada por los fiscales federales Milagros Traverso (coadyuvante) y Roberto Salúm, junto con el abogado querellante, Gustavo Adolfo Vargas, que representa a tres víctimas que tiene el caso. La defensa, en tanto, se encuentra a cargo del abogado penalista, Claudio Torres Del Sel, que asiste a Pocchia desde el inicio de la causa.
El debate comenzó con los alegatos de apertura de las partes y tiene previsto reanudarse el próximo 18 de agosto con la producción de la prueba. Según informó la Oficina de Gestión Judicial, continuará los días 19, 26 y 28 del mismo mes.
Fiscalía va por la condena
En sus alegatos de apertura, la fiscal Traverso solicitó una pena de 8 años de prisión para Pocchia y que se lo declare autor penalmente de los delitos de del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, la cantidad de víctimas y la consumación de la finalidad.
La representante del Ministerio Público Fiscal pidió además el decomiso de una camioneta que tenía el acusado, una Volskwagen Amarok, junto con el dinero secuestrado en el marco de la causa: el cual asciende los más de $ 10.000.000. A su vez, requirió que se le imponga a Pocchia el pago de una suma de dinero, a modo de “reparación”, por $210.000.000.
Según Traverso, durante el debate se comprobará que Pocchia captó a las victimas (las cuales eran oriundas de tres localidades de la provincia del Chaco) bajo el argumento de que les iba a dar trabajo remunerado; luego les pagó el pasaje para su traslado hasta el campo de Arroyo Leyes y posteriormente los explotaba con jornadas laborales de 12 horas y les daba unas pequeñas viviendas con piso de tierra. “Las víctimas dormían en estructuras precarias”, contó la fiscal y destacó que “no tenían agua potable” y que todas las víctimas estaban atravesadas por la vulnerabilidad.
Por su parte, la querella compartió el mismo criterio de la Fiscalía pero solicitó que el decomiso no sea solo del vehículo y dinero secuestrado sino también del campo donde presuntamente ocurrió el caso de trata. Se trata de un establecimiento rural ubicado en el kilómetro 17 de la ruta 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes.
Una defensa “asustada”
Desde la otra vereda, el abogado de Pocchia fue duro con el bloque acusador y recordó que un fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario, durante la investigación penal preparatoria, había cuestionado a la Fiscalía por que la acusación para ir a juicio era endeble. “Me asusta la falta de objetividad de la Fiscalía”, cuestionó Torres Del Sel.
Además remarcó que si bien su cliente no tenía registrados a los trabajadores ello no implicó un delito de trata de personas. No obstante, dijo que a ninguno de las supuestas víctimas se les retuvo el documento nacional de identidad. “A nadie se les retuvo sus DNI ni forzó a quedarse en el lugar”, dijo.
El abogado apuntó a que la causa se inició por la denuncia de tres trabajadores que fueron problemáticos ya que el resto de las personas continuó con sus tareas en el establecimiento rural. En esa línea, dijo que las cámaras gesell le generaron temor porque algunos denunciantes invocaron que les habían ofrecido dinero para declarar.
Por último, pidió la absolución de su cliente y sentenció: “Hemos llegado a un debate que va a generar un desgaste jurisdiccional”.
Claves del caso
- La causa que derivó en el presente juicio se inició en 2025, cuando a mediados de septiembre, tres trabajadores rurales de la provincia de Chaco radicaron en la comisaría de Arroyo Leyes una denuncia que puso en alerta a las autoridades judiciales sobre la presunta comisión del delito de trata de personas.
- En esa denuncia, los trabajadores dijeron que eran oriundos de las localidades de San Bernardo y La Clotilde y que habían arribado a un campo del kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial N° 1 bajo la promesa de ingresos dignos que nunca se habrían efectuado y que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.
- Posteriormente, se inició una causa judicial que estuvo a cargo del entonces fiscal federal Walter Rodríguez (hoy juez de garantías) y su coadyuvante Milagros Traverso que derivó en un allanamiento al establecimiento rural, el 1 de octubre del año pasado.
- Aquel procedimiento fue ejecutado por detectives de la Agencia de Trata de Personas y terminó con la identificación de los trabajadores rurales, el secuestro de 10 millones de pesos en efectivo, 4.205 dólares, 12 armas de fuego de distintos calibres, registros contables con los descuentos aplicados al personal y una camioneta Volkswagen Amarok.
- El acusado, en tanto, fue detenido y quedó en prisión preventiva. El fallo fue apelado y la Cámara de Apelaciones de Rosario le otorgó posteriormente la libertad y que espere bajo esa modalidad el juicio.
