El caso de Ochoa no es el único, sino más común de lo que se cree, incluso, en escenas del crimen, como ocurrió en 2017 durante la inspección en el departamento en Moreno al 300, donde había sido asesinado un psicólogo. Un investigador recordó que el homicidio tardó en resolverse porque los agentes se robaron una bola de cristal, que era de decoración, y estaba manchada con sangre. Con ese objeto el asesino había golpeado a la víctima. Pero desapareció.
En enero pasado, según detectó la investigación que realizó la fiscal Karina Bartocci, Ochoa se quedó con 2.600 dólares que debía dejar en custodia.
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Imagen ilustrativa. El caso de Ochoa no es el único, sino más común de lo que se cree, incluso, en escenas del crimen, como ocurrió en 2017 durante la inspección en el departamento en Moreno al 300, donde había sido asesinado un psicólogo.
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La investigación contra un integrante de la Policía de Santa Fe
La fiscal ordenó el arresto preventivo de Ochoa, cuando estaba en su oficina de la Policía de Investigaciones (PDI), pero luego fue excarcelado para que pueda afrontar la investigación en su contra en libertad.
Este comisario se desempeñó durante la gestión de Omar Perotti en el área de Drogas Peligrosas y en enero fue derivado a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), que se ocupa de investigar este tipo de delitos que desde fines de diciembre están en la órbita provincial, tras la adhesión de Santa Fe a la llamada ley de narcomenudeo.
La investigación por el faltante de dólares surgió luego de que el caso fuera denunciado en el área de control policial. Lo que refiere esa denuncia, según las fuentes oficiales, es que en una serie de allanamientos que se produjeron el 7 de enero pasado se secuestraron 20.000 dólares.
Sin embargo, a la hora de llevar la plata para el depósito judicial correspondiente, 2.600 dólares habían sido cambiados por billetes truchos. Se sospecha que se hicieron fotocopias para simular que el dinero no faltaba.
A este episodio repleto de irregularidades, se sumó esta semana otro que suma un drama mayor. Un grupo de policías se transformaron en la principal amenaza. Sabían que quienes debían proteger, en medio de una confusa e intricada historia, tenían dinero, y el objetivo no era evitar un delito, resguardar a tres niños que estaban en potencial peligro, sino robar 76.900 dólares.
La maniobra fue tan burda, que uno de los jefes policiales se compró una lancha con el dinero, y otro lo usó para costear el cumpleaños de 15 de su hija. La maniobra exhibió de manera descarnada la penetración de la corrupción dentro de una fuerza, que en muchas causas judiciales, sobre todo en aquellas donde el dinero supura del narcotráfico, muestra la oscuridad por la que transitan muchos policías.
La historia es confusa desde el inicio. En la audiencia que se realizó el fin de semana, el fiscal José Luis Caterina contó que el 11 de abril ingresó un llamado al 911 que alertó sobre una pareja con tres hijos menores de edad, que había entrado a refugiarse a una panadería que tiene un bar en Funes. Alertaron que alguien los perseguía y que quería matar a la madre de los niños.
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Imagen ilustrativa. En enero pasado, según detectó la investigación que realizó la fiscal Karina Bartocci, Ochoa se quedó con 2.600 dólares que debía dejar en custodia.
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Intimidaciones del narcotráfico
Esa familia vive en Roldán, en las afueras de Rosario, y argumentaban que estaban amenazados. En una zona donde las intimidaciones de raíz narco transcurren todo el tiempo no era descabellada la versión. A la panadería fueron enviados cuatro patrulleros ante el potencial peligro de la situación, sobre todo porque había niños.
Los policías informaron luego al fiscal, que percibían que el escenario era confuso, que la familia tenía una paranoia, que alguien les iba a ser daño, pero la versión era endeble. La pareja fue trasladada a una comisaría donde hicieron una denuncia y tras la intervención de la Secretaría de la Niñez los tres menores fueron enviados con una tía para que quedara a su cuidado.
Al otro día el cuadro volvió a complicarse, porque la tía de los chicos contó a los empleados de la Fiscalía de Rosario que el matrimonio había pasado a buscar a sus hijos y habían desaparecido. No sabían dónde estaban. Los próximos dos días hubo contacto con mensajes de Whatsapp. Insistían que estaban en peligro y que analizaban irse del país. También advertían que los seguían en varios autos. La justicia activó una búsqueda por paradero ante la posibilidad de que los menores estuvieran en peligro por el estado de salud mental de sus padres.
El 13 de abril, parientes de esta familia se enteraron que estaban en una casa en el barrio Nuestra Señora de la Guardia de Rosario, donde fueron los efectivos, que encontraron el auto que pertenecía al matrimonio en la puerta, en el que se veían rastros de que había chocado.
Los policías de la seccional 15, que tiene jurisdicción en ese barrio, charlaron con los vecinos, que les contaron que en ese inmueble vivía un hombre de unos 80 años que sabían que tenía armas. Entonces, desde la comisaría 15 convocaron al Grupo Táctico Multipropósito de la policía para entrar a esa residencia, mientras la Fiscalía emitió un oficio para ingresar y resguardar a la familia.
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Imagen ilustrativa. Esa familia vive en Roldán, en las afueras de Rosario, y argumentaban que estaban amenazados. En una zona donde las intimidaciones de raíz narco transcurren todo el tiempo no era descabellada la versión.
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Entraron a la propiedad pasada la medianoche del 14 de abril y encontraron a los chicos en buen estado de salud. Notificaron que además estaba el matrimonio requerido y una pareja de ancianos, dueña de la vivienda. Secuestraron dos revólveres y municiones.
Luego, el fiscal se enteró que faltaba dinero que tenía el dueño de la casa. Los chicos quedaron a cargo de la Secretaría de Niñez, que envió a los niños a la casa de otro familiar. El matrimonio fue derivado a la guardia del hospital psiquiátrico Agudo Ávila, donde advirtieron que tenían un discurso alterado, pero no consideraron que debían internarlos. El dueño de la casa, el hombre de unos 80 años, quedó vinculado con una causa por tenencia de armas.
El auto que era del matrimonio, que fue requisado, fue devuelto. En la guantera había 280.000 pesos, como quedó asentado en las actas policiales. Pero había más dinero, dólares, que nunca aparecieron. Y ahí comenzó otro capítulo, porque la mujer que había quedado a cargo de los chicos llamó a la fiscalía para exigir que los uniformados devolvieran 76.900 dólares que se habían llevado durante la irrupción en esa casa.
La sombra de Esteban Alvarado
Se dio intervención a Asuntos Internos, que logró reconstruir el momento en el que media docena de policías entró a la casa. Los uniformados llevaron a todos los residían en ese momento en la casa al comedor. Luego ingresó el subjefe de la comisaría 15ª, Darío Carrillo, quien les dijo que sabía que había armas y se tenía que llevar a los menores de edad; que identificaran si había elementos de valor o dinero.
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Imagen ilustrativa. Comenzaron a decir que había vínculos con lavado de activos, si estaban vinculados con el líder narco Esteban Alvarado.
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Requisaron todo, pero nadie pudo ver lo que hacían desde el comedor. La policía Romina Acosta salió y dijo que había mucho dinero en la casa. Comenzaron a decir que había vínculos con lavado de activos, si estaban vinculados con el líder narco Esteban Alvarado. El subcomisario le preguntó al padre de la familia si tenía algo que ver con venta de estupefacientes, y les advirtió que podrían terminar todos presos. Los policías empezaron a amenazar a la familia, que había denunciado que había gente que los perseguía.
Uno de los policías tomó al hijo mayor del matrimonio, que tiene 16 años, y le dijo que le contara si su familia tenía vinculación con la venta de drogas, lo que agravaría su situación porque sus padres serían detenidos y sus hermanos reubicados en el hogar de huérfanos, y no podría verlos. La perversidad de los policías no tenía límites.
Antes de terminar el procedimiento entraron dos personas, presuntos testigos del allanamiento, y el personal policial se llevó “en forma secreta” 69.000 dólares que eran de los dueños de la casa y 7.900 dólares de la venta de un auto del matrimonio que era buscado, contó el fiscal en la audiencia.