Santa Fe se sacó con urgencia un problema de encima al trasladar entre el jueves y el viernes a siete líderes narcos a cárceles federales, una estrategia para ganar tiempo y lograr readecuar la seguridad del penal de Piñero que entró en crisis terminal el domingo pasado, con el ataque a tiros al penal y la fuga de ocho reclusos, de los cuales la mitad fueron recapturados.
Los presos fueron trasladados luego de la fuga en Piñero.
La reubicación de los presos de alto perfil era una decisión que venían hablando los ministros de Gobierno Roberto Sukerman y de Seguridad Jorge Lagna con el titular de la cartera de Justicia Martín Soria desde hace un par de meses, cuando le plantearon que Ariel Cantero, alias Guille, el líder de la banda de Los Monos, mantenía contactos desde la cárcel federal de Marcos Paz con sus lugartenientes en la Unidad 3 de Rosario.
El líder de Los Monos ordenó desde la sombra de la cárcel el crimen por encargo de un empresario, que finalmente no se concretó. En los allanamientos a la celda de Cantero el Servicio Penitenciario Federal nunca encontró los teléfonos que usaba entre horas de la medianoche y las 2 de la madrugada. Para evitar dudas, los funcionarios santafesinos le mostraron a Soria los screenshot de las pantallas donde figuraban los diálogos de Cantero.
Desde tiempo antes, el exministro Marcelo Saín había pedido a la exministra de Justicia Marcela Losardo que los presos por causas federales santafesinos fueran reubicados, pero la exfuncionaria nunca terminó de acceder y dio vueltas sobre este planteo hasta que renunció en marzo pasado, días antes de que también Saín dejara su cargo.
El Servicio Penitenciario Federal no es garantía de mayores controles y de que el problema se “solucionó” tras el envío de los siete líderes narcos de Rosario. Ese organismo está intervenido desde junio del año pasado, cuando estallaron los motines en los penales a causa del covid, y el gobierno nacional decidió nombrar "ad honorem" a la exjueza María Laura Garrigós, una de las fundadoras de la agrupación Justicia Legítima. En ese momento en Santa Fe también se produjeron incidentes serios en las cárceles de Las Flores, Coronda y Piñero.
Esta semana, mientras se reubicaban a los presos de alto perfil de Rosario, el presidente Alberto Fernández decidió prorrogar por 180 días la intervención al SPF, organismo que estuvo dirigido durante seis años por Emiliano Blanco, quien dejó el cargo luego de un violento motín en el penal de Devoto que fue transmitido por los canales de TV en vivo, a través de los celulares de los presos.
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El SPF se encuentra sin una pata clave que es el área de inteligencia, que fue desmantelada luego de que investigaciones judiciales detectaran operaciones ilegales de espionaje a políticos, gremialistas, dirigentes sociales, periodistas y detenidos en el penal de Ezeiza. Esta situación provoca –según reconocen investigadores judiciales– que haya un déficit en un tema sensible, sobre todo porque los hilos de actividades ilegales como el narcotráfico se manejan desde los penales.
El ataque a la cárcel de Piñero el domingo pasado precipitó las decisiones que, según remarcó Sukerman, se venían barajando de trasladar a este tipo de internos que cargan con procesos abiertos en causas federales y son cabecillas de bandas, entre ellos Esteban Alvarado, Alan y Lautaro Funes, René Ungaro, Joel Pucheta y Brandon Bay y el peruano Julio Rodríguez Granthon.
El traslado de los presos de alto perfil a los penales de Marcos Paz y Ezeiza no aporta ninguna solución de fondo, sólo le da un mínimo de oxígeno al gobierno para acelerar las obras imprescindibles –una apuesta es el acuerdo con el INVAP- en la cárcel de Piñero para evitar que los ataques a balazos y las fugas se conviertan en un método constante para generar conmoción, como ocurrió hace dos años con los ataques a balazos contra las casas de los jueces y funcionarios judiciales.
En ese momento, el gobierno de Miguel Lifschitz no encontraba la manera de parar esta seguidilla de atentados –fueron 18 en total-, que tuvieron como blancos además la sede del Centro de Justicia Penal, la fiscalía de Rosario y el Concejo Municipal de Rosario.
Ese raid de balaceras que se transformó en un paisaje constante se desató luego de que Guille Cantero fuera trasladado desde Piñero a la cárcel de Ezeiza. Los atentados contra magistrados empezaron como una forma de represalia del líder de Los Monos, porque alejado de Santa Fe le sería más complicado estar al mando de la organización criminal.
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La primera víctima fue el juez Ismael Manfrín, que presidió el tribunal que juzgó y condenó a esta organización criminal, y luego firmó el traslado de Guille. Brian Flores fue imputado por esos ataques que ocurrieron el 29 de mayo de 2018. Se determinó que este joven de 22 años cumplió una orden de Guille desde el penal de Piñero días antes de ser enviado a Ezeiza. Hubo media docena de imputados por otros hechos.
La respuesta del líder de Los Monos a una decisión de la Justicia, por recomendación en ese momento de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue generar un escenario de mayor caos y conmoción, con un método simple y rústico, como es dar la orden a un muchacho que con una moto y un arma dispare contra el frente de una casa. Ante el “éxito” de los ataques de Cantero otros narcos ordenaron atentados similares, como Esteban Alvarado, que le envió una caja con la cabeza de un perro muerto a una funcionaria judicial que investigaba su patrimonio.
La reacción del crimen organizado ante el trasladado del seleccionado de líderes narcos a cárceles federales se verá en las calles, con la lógica de las balas y de estas bandas que dominan territorios dentro de la ciudad en base a un negocio cuya pata principal es la violencia, a diferencia de otras provincias, donde la venta de drogas se desarrolla bajo una clandestinidad de bajo perfil.
El gobierno de Omar Perotti pretende transformar a la cárcel de Piñero en un penal de máxima seguridad. Era algo que debía haberse pensado después de 2014, cuando era previsible que la puesta en marcha del sistema procesal penal iba a incrementar la población carcelaria. Nadie pensó que no sólo iba a aumentar la cantidad de presos, sino que el perfil de los reclusos había cambiado, con el avance del crimen organizado en Rosario.
Lo que aparece ahora como un peligro de esta decisión de enviar a los cabecillas de las bandas más pesadas a cárceles federales es que estas organizaciones se “nacionalicen” dentro de las unidades penitenciarias, donde se tejen relaciones que muchas veces fuera de los penales nunca se hubieran concretado.
Este rasgo ya se vio en otros países, como Brasil y Paraguay, donde el Primer Comando Capital modeló una nueva forma de organización criminal, como si fuera una “hermandad” de presos, todos conectados en red a través de los teléfonos celulares, como describe el sociólogo brasileño Gabriel Feltran, en el libro “Irmaos”.
El PCC cobra a los presos, por ejemplo en Paraguay, una cuota mensual para financiar fugas. A mediados de enero de 2020 se escaparon 75 internos de esta organización del penal de Pedro Juan Caballero, en la frontera entre Paraguay y Brasil. Un año antes había usado dinamita en gel para derrumbar el muro perimetral.
En tono de anécdota, el juez brasileño José Cerqueira Bremer contó, cuando visitó Rosario para respaldar a sus colegas de Santa Fe que habían sufrido atentados, que en una oportunidad habían ordenado en San Pablo cancelar Whatssap por un tiempo, porque era la aplicación que usaban los presos en las cárceles. El magistrado contó que días después se produjeron atentados contra ómnibus del transporte público y se generó una conmoción que debieron levantar la medida.
El fenómeno de las comunicaciones en las prisiones, con el uso de los Smartphone, hace todo más complejo, porque las cárceles no parecen ser un lugar para cambiar de rumbo, sino todo lo contrario, un sitio donde muchos presos están en mejores condiciones para delinquir que afuera.
El caso de Guille Cantero es paradigmático en este sentido: cometió más crímenes y delitos dentro de las seis cárceles federales y provinciales por las que pasó desde 2012 que en libertad. Sumó 62 años de cárcel hasta ahora y este año es probable que sume dos sentencias más en su contra, una por lavado de dinero del narcotráfico.
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Como publicó Aire de Santa Fe, la cárcel de Marcos Paz, en Buenos Aires, se transformó en el lugar de detención que aloja a los presos más peligrosos de la Argentina. La primera señal de que la cárcel podría haber acercado a Marco Estrada Gonzáles, alias Marcos, y a Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, es que la banda rosarina se estaría proveyendo de estupefacientes del peruano que maneja la villa 1-11-14.
En el gobierno de CABA admiten que también empezaron a verse estos “vínculos” en la villa 21-24, que abarca los barrios de Barracas y Nueva Pompeya. La tensa situación que hizo eclosión hace dos semanas en Villa Lugano, con el enfrentamiento por el dominio del barrio Padre Mugica, encendió las alarmas en el gobierno de la Ciudad por los métodos de violencia que se usaron, similares a los que se repiten diariamente en Rosario.
En la unidad residencial II de Marcos Paz, que fue inaugurada en 1999 y tiene capacidad para 1500 internos, están alojados los principales narcos del país. Además de Marcos y el líder de Los Monos allí se encuentran detenidos los miembros del clan Loza, que están siendo juzgados por una de las causas de lavado de dinero más grandes de la historia; Néstor Rojas, supuesto líder narco del Primer Comando de Frontera, y Carlos Bareiro, cabecilla de la banda que manejaba el ingreso de la marihuana al país desde Itatí.
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