Debate por los cuidacoches en Santa Fe: presentan objeciones constitucionales al proyecto
Organismos de derechos humanos advierten que la iniciativa que prohíbe a los cuidacoches vulnera garantías constitucionales. El Senado la tratará el 2 de julio.
La discusión en torno a la regulación de la actividad de los cuidacoches en Santa Fe sumó este jueves un nuevo capítulo y elevó la tensión política en la Legislatura provincial.
La discusión en torno a la regulación de la actividad de los cuidacoches en Santa Fe sumó este jueves un nuevo capítulo y elevó la tensión política en la Legislatura provincial. Organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales presentaron ante el Senado un documento en el que denuncian la presunta inconstitucionalidad del proyecto de ley que busca prohibir y sancionar la actividad, iniciativa que volverá a ser debatida por la Cámara alta en la sesión prevista para el próximo 2 de julio.
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La presentación fue realizada por el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe y la asociación Tramas – Derecho en Movimiento, que además solicitaron ser recibidos por las comisiones legislativas que analizarán las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al texto original aprobado por el Senado.
Debate por los cuidacoches en Santa Fe: presentan objeciones constitucionales al proyecto
El planteo se produce en medio de un intenso debate político sobre el alcance de la iniciativa. Tal como informó AIRE, dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe existen sectores que impulsan insistir con el texto aprobado originalmente por el Senado, mientras que otros legisladores respaldaron las modificaciones incorporadas en Diputados para intentar adecuar la norma a parámetros constitucionales.
En el documento presentado este jueves, las organizaciones sostienen que el proyecto "suma múltiples conflictos con el bloque de constitucionalidad federal argentino" y advierten que, aun con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, persisten aspectos que consideran incompatibles con garantías constitucionales básicas.
Alta vulnerabilidad social y económica
Según argumentan, la iniciativa apunta contra personas que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad social y económica, mediante mecanismos prohibitivos y sancionatorios que, a su entender, terminan criminalizando una actividad de subsistencia. También cuestionan que la propuesta vulneraría los principios de igualdad y no discriminación al focalizarse sobre un sector específico de la población.
Los organismos señalaron además que durante el tratamiento en Diputados mantuvieron reuniones con distintas comisiones legislativas y que parte de las modificaciones incorporadas al proyecto respondieron precisamente a observaciones vinculadas con el artículo 19 de la Constitución Nacional, que protege las acciones privadas de las personas cuando no afectan derechos de terceros ni el orden público.
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No obstante, remarcaron que una parte de los diputados optó por rechazar la iniciativa al considerar que las correcciones realizadas no alcanzan para subsanar los cuestionamientos de fondo. En esa línea, sostuvieron que el Estado debería priorizar políticas públicas orientadas a garantizar oportunidades laborales e inclusión social antes que avanzar en medidas punitivas.
El proyecto divide aguas dentro y fuera de la Legislatura. Mientras sus impulsores sostienen que busca ordenar el uso del espacio público y brindar mayores herramientas para intervenir frente a situaciones de extorsión o cobros indebidos, distintos sectores políticos, sociales y religiosos vienen expresando reparos sobre el enfoque adoptado y las consecuencias que podría tener sobre personas que encuentran en esa actividad una fuente de ingresos.
Con el regreso de la iniciativa al Senado, el debate ingresará en una etapa decisiva. El próximo 2 de julio la Cámara alta deberá definir si acepta las modificaciones introducidas por Diputados o si insiste con la versión originalmente aprobada. En cualquiera de los escenarios, la discusión sobre los límites de la intervención estatal, el trabajo informal y la protección de los sectores más vulnerables promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política santafesina.