El Servicio Penitenciario de Santa Fe trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los presos de "alto perfil" que se encontraban alojados en la cárcel de Piñero (Unidad N°11) tras la fuga del último domingo en la que se escaparon ocho reclusos, de los cuales cuatro ya fueron recapturados en distintos procedimientos policiales. Entre los internos, se encuentran Esteban Alvarado, Brandon Bay, Julio Rodríguez Granthon, Joel Pucheta, René Ungaro y los hermanos Alan y Lautaro Funes, todos vinculados a causas que investigan el crimen organizado en Rosario.
Custodia exclusiva. Por el procedimiento debió participar la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) que custodió los ómnibus.
Del traslado también participó el personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), que custodió los ómnibus en los que iban los reclusos con pesados prontuarios. Todos fueron alojados en el Centro de Detención Judicial de la Unidad N°28 de los tribunales federales, ubicado en Lavalle 1337 de la capital federal.
Por la evasión, durante la tarde del jueves, se concretó además una requisa en el penal por parte de investigadores de la Agencia de Control Policial. Tal procedimiento tuvo como objetivo secuestrar documentación relevante para la pesquisa judicial que encabeza el fiscal de la ciudad de Rosario, Franco Carbone. De las medidas ejecutadas, los agentes se llevaron del penal la lista del personal penitenciario que prestó funciones durante el domingo.
Hasta el momento, según se pudo reconstruir en la investigación que lleva adelante el fiscal Carbone, tres personas llegaron al lugar armados y con una moladora con la que cortaron el cerco y avanzaron unos 200 metros durante un enfrentamiento armado con los centinelas que estaban en las garitas (puestos de control). Ingresaron al patio del pabellón 14, donde cortaron con la misma amoladora el tejido. De los 15 presos que estaban en el pabellón, ocho se escaparon y siete fueron capturados en el momento. Todos los fiscales que tenían los casos de los detenidos pusieron a disposición la información para verificar en qué lugares buscar a los que siguen prófugos y coordinar con el Ministerio de Seguridad para darle prioridad a los que consideran "más peligrosos".
En el sector donde ocurrió el enfrentamiento quedaron servidas vainas de distintos calibres: pistola de nueve milímetros, ametralladora de nueve milímetros, pistola 1125 y pistola calibre 380. Al escapar, los ocho presos y los dos civiles que fueron parte del ataque, se subieron al auto en el que los esperaba un conductor. Luego, por medio de postas se fueron repartiendo en más vehículos, según detallaron los fiscales.
Sobre la causa del ataque y la fuga, Carbone dijo que hay varias versiones que investigan, una de ellas es la intención de liberar a Claudio Javier "Morocho" Mansilla de 38 años, con varias condenas y antecedentes de fuga. Está preso por doble homicidio y hace un tiempo le habían imputado el pago de $100.000 para cometer otro homicidio. Además, estaba en un proceso de juicio que este lunes debía continuar con una nueva audiencia.
El fiscal confirmó que hubo "logística y una organización previa" para la realización del ataque. Por su parte, la fiscal Iribarren indicó que hay que diferenciar las responsabilidades de cada organismo y destacó que "a partir de que una persona ingresa a la cárcel, es responsabilidad del Poder Ejecutivo y el Servicio Penitenciario", de la misma manera que toma la decisión con relación a cómo se organiza la cárcel, dónde se aloja al preso, con quién comparte el pabellón y qué tratamiento se le da. "No podríamos dejar de pedir condenar o los jueces de condenar porque el Servicio Penitenciario no tiene dónde alojarlos", sentenció la fiscal. Aclaró que hace tiempo reclaman como un "severo problema" la superpoblación en las cárceles que no permite generar una contención.
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