Santa Fe: asignaron una nueva fiscal para la causa por estafas contra la empresa Moderno House

La medida se da a partir de la fiscal general ordenó reabrir la investigación que había sido archivada en 2025.

La firma apuntada por la Justicia tiene su local en Facundo Zuviría al 6600. 

La firma apuntada por la Justicia tiene su local en Facundo Zuviría al 6600. 

La Fiscalía Regional de Santa Fe designó en las últimas horas a una fiscal al frente de la causa por estafas a la empresa constructora Moderno House, investigada por el fraude con viviendas pre fabricadas.

Se trata de la fiscal Jésica Bernard, que estará al frente de la investigación que en 2025 fue archivada por su colega Federico Grimberg y que ahora será reabierta a partir de una resolución de la jefa de los fiscales a nivel provincial, Cecilia Vranicich.

Tal resolución, se dio a partir de que una de las querellas del caso, a cargo del abogado Ignacio Chigal, solicitó el desarchivo de la investigación al considerar que había elementos para que la causa siga tramitándose en el Ministerio Público de la Acusación. En consecuencia, el pasado 29 de mayo la fiscal general Vranicich ordenó reabrir la causa al entender que aún restaban medidas investigativas para determinar si realmente debía ser archivada.

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Cecilia Vranicich, fiscal general del MPA. 

Cecilia Vranicich, fiscal general del MPA.

Recientemente, esta semana, la Fiscalía Regional, a cargo de Jorge Nessier, ordenó que la causa se tramite en la Unidad de Delitos Complejos (Sección Criminalidad Económica) y quede a cargo de la fiscal Bernard.

Dos investigados y una estafa millonaria

La causa judicial que puso bajo la lupa a la constructora Moderno House dio sus primeros pasos en 2024, a raíz de una serie de denuncias contra su titular, Néstor Segovia, y posteriormente contra su pareja, Camila Dos Santos Rizzi. Los damnificados, oriundos de la ciudad de Santa Fe y localidades vecinas, acusaron a los responsables de la firma de no haber concretado la entrega de las viviendas prefabricadas por las cuales ya habían realizado importantes desembolsos económicos.

El caso quedó en manos del fiscal Grimberg, quien motorizó la investigación formal. En su hipótesis inicial, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación imputó a la pareja por haber orquestado una maniobra defraudatoria multipartes. Según la acusación, los sospechosos captaban clientes y suscribían convenios para la edificación de casas prefabricadas bajo el sello comercial de Moderno House, percibiendo fuertes adelantos de dinero —e incluso la totalidad del valor de los contratos— sabiendo de antemano que no existía una voluntad real de cumplir con los compromisos asumidos.

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Damnificados en la puerta de la sede judicial en donde funciona la Fiscalía de Delitos Complejos.

Damnificados en la puerta de la sede judicial en donde funciona la Fiscalía de Delitos Complejos.

Para la fiscalía, los imputados se valieron de falsas promesas de entrega y, en los casos donde las obras llegaron a iniciarse, las paralizaron por completo de forma deliberada. Al comienzo del proceso penal, el perjuicio económico global ocasionado a las víctimas se estimaba en una suma cercana a los 27 millones de pesos.

A lo largo de su recorrido por los tribunales santafesinos, el expediente tuvo sus idas y vueltas. En un primer intento por destrabar el conflicto, las actuaciones fueron derivadas al Área de Solución Pacífica de Conflictos (ASPAC). No obstante, la instancia de mediación fracasó en su mayoría: solo una de las partes querellantes aceptó un acuerdo con los directivos de la empresa, mientras que el grueso de los denunciantes rechazó de plano la vía pacífica, exigiendo el retorno del legajo a la Unidad Fiscal para que se profundizara la persecución penal.

Con la reactivación de la causa, el fiscal incorporó los testimonios de personas allegadas a la operatoria de Moderno House, quienes aportaron detalles sobre el funcionamiento interno de la firma y las responsabilidades directas de sus administradores. Sin embargo, en abril de este año —a casi un año del inicio de la controversia judicial—, el fiscal Grimberg dispuso el archivo definitivo de las actuaciones. El fundamento central que selló el cierre del caso radicó en que, a criterio de la Justicia, la conducta de los acusados no encuadró en la figura penal de estafa, sino que debió ser considerada como un mero incumplimiento contractual derivado del fracaso edilicio de los proyectos prometidos.

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