Cinco años después, empieza el juicio por el crimen de Joaquín Pérez, el asesinato que expuso la desprotección de Rosario
Cristian Rodolfo López, de 27 años, enfrenta un pedido de prisión perpetua por el homicidio del arquitecto baleado en Arroyito en 2021 y por el de un comisionista emboscado a través de Marketplace. El segundo atacante de Pérez nunca fue identificado.
La muerte de Joaquín Pérez movilizó a los vecinos de Rosario, que salieron a las calles para reclamar respuestas y mayor seguridad ante la ola de violencia.
La noche del 19 de octubre de 2021, poco antes de las 22.30, Joaquín Pérez fue a guardar su Renault Clio en una cochera de Pasaje Muñiz al 1200, como hacía todas las noches. Dos ladrones que se movían en moto lo interceptaron armados y, durante un forcejeo, le dispararon tres veces a corta distancia con dos armas de distinto calibre: una pistola .40 que le perforó el tórax y un revólver .38 que lo hirió en la ingle.
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El arquitecto, de 34 años, corrió herido unos 200 metros hasta su casa de Juan B. Justo al 1700 y se desplomó frente a su esposa y su hija de dos años. Murió en el Hospital Clemente Álvarez poco después de la medianoche. Este trágico episodio desató marchas y reclamos por seguridad en un contexto en el que Rosario estaba atravesada por la extrema violencia que no sólo supuraba por la venta de drogas, sino que irradiaba la calle y nadie estaba protegido.
Casi cinco años más tarde, ese crimen llegó a juicio oral. El debate se desarrolla en la sala 7 del Centro de Justicia Penal, con la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, frente al tribunal integrado por Eleonora Verón, Paola Aguirre y Rafael Coria.
El único acusado por el caso Pérez es Cristian Rodolfo López, señalado como el conductor de la moto. El otro asaltante sigue sin identificarse. En el mismo juicio se ventila el asesinato del comisionista Ariel Simoncini, ocurrido en 2023, por el que también está acusado Emanuel David Villanueva, y un robo calificado cometido ese año en Fisherton con la misma mecánica: la víctima fue citada a un lugar para despojarla de sus pertenencias.
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Los querellantes Carlos Varela y Adrián Martínez, que representan a la familia de Pérez, también piden prisión perpetua. El juicio estaba previsto para diciembre, pero se postergó por la enfermedad de un magistrado. Ranciari estimó que el debate no durará más de una semana y media hasta el veredicto.
Indiana La Rocca, la viuda de Pérez, habló antes de la primera audiencia. "Estábamos totalmente desprotegidos. Todavía estamos, no es una sensación", dijo, y recordó que a su marido lo mataron cuando ya le habían quitado el auto.
El crimen ocurrió en uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Rosario. Cuando mataron a Pérez, el departamento Rosario sumaba 189 homicidios en lo que iba de 2021. La curva venía en ascenso: los asesinatos habían saltado de 169 en 2019 a 214 en 2020, y lo peor todavía no había llegado. En 2022 el departamento cerró con 287 homicidios, el año más violento del que hay registro oficial, por encima de los 271 de 2013, cuando el asesinato de Claudio "Pájaro" Cantero, líder de Los Monos, desató una guerra de venganzas.
Esa espiral se alimentaba de la fragmentación de las bandas del narcomenudeo, que usaban la violencia extrema como herramienta y como marca de identidad. El crimen de Pérez no fue un ajuste narco sino un robo, pero ocurrió en el mismo ecosistema: armas de guerra en manos de muchachos en moto, disparos sin cálculo y la certeza de que nadie iba a pagar. La escena lo mostraba. Los asaltantes abandonaron el Clio a unas diez cuadras, en Olivé y Flynn, con la pistola Steyr calibre .40 y varias balas adentro. No les preocupó dejar rastros.
La reacción fue inmediata. Dos días después, miles de personas se concentraron en avenida Alberdi y Juan B. Justo, a pocos metros del lugar del ataque, con carteles que preguntaban dónde estaban los políticos y la policía, y con el grito de "que se vayan todos".
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Las estimaciones hablaron de hasta 8000 manifestantes, y la protesta evocó las marchas de "Rosario Sangra" de agosto de 2016. Leandro, el hermano de Joaquín, les habló a los vecinos: "Que no haya más Joaquín Pérez en esta ciudad".
El gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin fueron los blancos principales de los insultos. En otra movilización, Perotti, convocado por la familia, fue increpado y tuvo que retirarse con custodia del Monumento a la Bandera.
La marcha más grande de esos meses se hizo el 27 de octubre en el Monumento a la Bandera, donde los vecinos encararon cara a cara al gobernador y al intendente. El gobierno provincial ofreció un millón de pesos de recompensa por datos sobre los autores, y el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, se lo comunicó al fiscal Adrián Spelta. Todo eso ocurrió en plena vigencia de las restricciones por la pandemia de coronavirus.
La recompensa no destrabó nada. En las semanas siguientes hubo allanamientos y demorados, pero el cotejo de huellas de los sospechosos dio negativo. Al cumplirse un año del crimen, la causa seguía sin pistas firmes sobre los atacantes.
El giro llegó en noviembre de 2024. La Policía de Investigaciones detuvo a López en un allanamiento en Garzón al 1300 bis, en el barrio Los Pumitas, donde secuestró su celular y una moto. Spelta lo imputó como conductor de la moto y coautor de un homicidio cometido para robar. La acusación se apoyó en seis testigos de identidad reservada cercanos al imputado, que lo vincularon a una banda violenta que organizaba asaltos a través de Marketplace. También en videos de cámaras de seguridad que registraron el paso de la moto. Varela, el abogado de la familia, lo resumió entonces: "Esta imputación es una luz después del cono de sombras".
La conexión entre los dos crímenes pasó por esa banda. El 7 de enero de 2023, Ariel Simoncini, de 54 años, llegó a Zelaya y Matheu para comprar una moto que había pactado por Marketplace. Lo esperaban cuatro personas en dos motos, que lo encañonaron y le dispararon dos veces para robarle 950.000 pesos y 3.000 dólares. Murió en el lugar. Ese crimen condujo a la detención de López y de otras tres personas acusadas de montar la logística para engañar a usuarios de la plataforma.
Paula, la viuda de Simoncini, destacó el valor de los testigos reservados y remarcó la desproporción: dos contra uno en el caso de Joaquín, cuatro contra uno en el de Ariel. La Rocca lo condensó en una pregunta: "Si ya habían robado, ¿Cuál era la necesidad de matar?".
