El guion de los carteles: cómo las bandas de Rosario usan las amenazas para que la Justicia persiga a sus rivales

Desde 2018, los mensajes que aparecen junto a balaceras y crímenes siguen una lógica. Nombran a un enemigo, eligen un lugar que asegura una denuncia y empujan a fiscales y jueces a investigar a quien aparece en el texto.

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El 31 de diciembre de 2022, poco después de las siete de la tarde, alguien disparó contra la Defensoría Zonal de Villa Gobernador Gálvez y dejó un cartel pegado en la puerta: “Toro y Pupito dejen de escrachar a los pibes con carteles que ni Guille los va a salvar. Atte: La mafia”. El mensaje lo firmaba la facción de Pablo Camino, una de las ramas de Los Monos, y estaba dirigido a la facción rival de Carlos “Toro” Escobar y Nicolás “Pupito” Avalle.

Lo que denunciaba era el método mismo: usar carteles para señalar a otros. Cinco semanas después, en una nota dejada en un auto baleado, el bando contrario contestó en los mismos términos: “Dejen de nombrar a los pibes con carteles y guerreen de callado”.

Las propias bandas describen así lo que cualquiera puede comprobar al revisar los cerca de sesenta mensajes registrados en Rosario entre 2016 y 2026. El cartel no es solo una amenaza. Es una forma de llevar al rival a un expediente judicial.

Del llamado intimidatorio a las balas contra tribunales

El antecedente más lejano es una llamada. En agosto de 2016, un preso que se presentó como Ariel “Guille” Cantero telefoneó al despacho del juez Edgardo Fertitta, que le había negado un traslado, y lo amenazó de muerte. Dos años más tarde, después de la condena a Los Monos en abril de 2018, las amenazas se convirtieron en balas. Atacaron las casas donde había vivido el juez Ismael Manfrín, la de la exesposa y la del padre del juez Juan Carlos Vienna, un edificio vinculado a la jueza Marisol Usandizaga y el Centro de Justicia Penal.

“Guille” Cantero, el líder de Los Monos.

“Guille” Cantero, el líder de Los Monos.

En esos ataques no quedaron carteles: el blanco elegido bastaba como mensaje. La causa “ataques a la Justicia” terminó con Guille Cantero condenado en septiembre de 2021.

El uso de "falsa bandera" y la acusación de buchón

En noviembre de 2018 apareció el sello que se repetiría durante años. Junto al cuerpo del prestamista Lucio Maldonado, asesinado cerca del casino City Center, alguien dejó un cartón escrito con birome: “Con la mafia no se jode”. El 10 de diciembre balearon los Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal, y el cartel llevaba por primera vez una firma: “Atte: Esteban Alvarado”. Nueve días después, doce disparos contra el Concejo Municipal llegaron con la advertencia “la próxima vamos por sus casas”.

La frase se leía como una marca de Los Monos, y esa lectura era justamente lo que se buscaba. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery demostraron que se trataba de una falsa bandera del entorno de Alvarado, armada con participación de policías, para desviar la investigación del crimen de Maldonado hacia sus rivales. La maniobra funcionó al principio. Se desarmó con los 4500 audios del celular secuestrado a Alvarado, condenado a perpetua en abril de 2022. De ese período queda un dato más: en el juicio de 2021, la defensa de Cantero usó los carteles firmados con el nombre de Alvarado para poner en duda la autoría de las balaceras contra los jueces. Desde su origen, el cartel tuvo efectos dentro del expediente.

El 30 de noviembre de 2020, el atentado contra Alvarado, filmado, llegó con un cartel que tenía su foto policial y una acusación: “Dejá de batir la cana”. Fue la primera vez que un mensaje público acusaba a un jefe narco de colaborar con la policía, y esa fórmula se volvió la más usada.

La interna de Los Monos y mensajes que se vuelven en contra

En 2022, después de que el fiscal Pablo Socca imputara a 26 integrantes de una banda de Empalme Graneros, aparecieron panfletos frente al Centro Municipal de Distrito Sur. Nombraban al fiscal y, en la misma hoja, a los hermanos Riquelme, a René Ungaro, a los Funes y a Alvarado. En diciembre, un hombre con casco dejó un cartel frente a Televisión Litoral: “Esteban Alvarado, Morocho Mansilla, Alan y Lamparita Funes dejen de trabajar con los fiscales y con la AIC”. Esta vez el texto se volvió en contra de quien lo había escrito. Una escucha registró a Pupito Avalle, preso en Ezeiza, dictando el mensaje, y esa grabación sirvió como prueba para imputarlo en marzo de 2023.

Entre enero y marzo de 2023, la interna de Los Monos dejó mensajes junto a cuerpos y fachadas. Al lado de Brian Álvarez, asesinado en calle Gallegos, apareció una nota para “el ortiva del Eri y el Gordo Vilches”. Entre la ropa de Lorenzo “Jimi” Altamirano, un músico secuestrado y asesinado al azar frente al estadio de Newell’s, había un papel que nombraba a Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez. Schiappa Pietra lo describió como el primer caso en que una víctima elegida al azar se usaba como soporte de un mensaje. En el Sindicato de la Carne quedó otro: “dejen de pasarle datos a los fiscales”. El 2 de marzo, Camino ordenó desde Rawson la balacera contra el supermercado de la familia Roccuzzo y el cartel dirigido a Messi y al intendente Pablo Javkin.

En el juicio, los fiscales ordenaron por fecha los carteles de los dos bandos y los usaron para reconstruir el conflicto. El 4 de noviembre de 2026, Pablo Nicolás Camino, Antonella Victoria Fernández, Carlos Alberto Olguín, Carlos Gregorio Ruiu, Uriel Leandro Enrique y Alexis Oscar Romero fueron condenados a perpetua. Los mensajes que cada facción había escrito para incriminar a la otra terminaron como prueba contra las dos.

Escuelas y blancos al azar para garantizar repercusión

La geografía de los carteles cambió con los años. En 2018 los mensajes iban a tribunales y a casas de jueces. Después llegaron a escuelas, centros de salud, sedes municipales, bancos, comisarías, canales de televisión y puentes de la avenida Circunvalación. El 14 de noviembre de 2021, día de elecciones legislativas, balearon la Escuela Técnica Crisol y la escuela Santa Isabel de Hungría y dejaron el mensaje “O se comunican con la mafia o siguen las balaceras”. Patricia Celestina Contreras, la exesposa del Viejo Cantero, admitió que pagó al sicario y fue condenada a cuatro años en un juicio abreviado.

En 2023, tras las balaceras contra las escuelas José Mármol y Rosa Ziperovich, los carteles nombraban a Julián Aguirre y a Matías César. La fiscalía, a cargo de Valeria Haurigot y Franco Carbone, atribuyó los ataques a Francisco “Fran” Riquelme, preso en Ezeiza. Los fiscales sostuvieron expresamente que el objetivo de las balaceras era la repercusión mediática de los carteles.

Una escuela garantiza varias cosas: una denuncia, un patrullero, un acta, clases suspendidas, cobertura periodística y una causa por intimidación pública, con el nombre del rival escrito en el expediente. En agosto de 2026 apareció en el capot de un auto en zona sudoeste una bandera que mencionaba a Matías Gazzani y al “Gordo Nacho”. Un medio de comunicación de Rosario observó que la vivienda y sus habitantes parecían haber sido elegidos al azar para visibilizar el mensaje mediante la denuncia del hallazgo y la balacera.

Cuando el mensaje apunta a los investigadores y al poder político

En algunos casos, el cartel apunta al propio investigador. En 2019, la balacera contra el edificio de Leonardo Peiti dejó la pintada “Leo pagá” y carteles dirigidos a los Ortigala. En septiembre de 2023, otro mensaje decía: “Fiscal Matías Edery, dejá de hablar por teléfono con Mariana Ortigala”. Ese cartel se sumó a las acusaciones que después se hicieron contra Edery, entre ellas la de haber agregado fotos de carteles a un legajo para quedarse con una causa. La Legislatura lo suspendió en marzo de 2024. El mensaje mafioso, en este caso, terminó como insumo de un proceso contra el fiscal que investigaba a la banda.

En 2024 los mensajes se dirigieron sobre todo al gobierno de Maximiliano Pullaro y a los cambios en el régimen carcelario. En 2025 volvieron a cumplir la función original de nombrar rivales. El 7 de mayo de ese año apareció una sábana con aerosol rojo en la Escuela Constancio C. Vigil: “Dilan Cantero, Andi Bracamonte, dejen de matar gente inocente”. Durante 2025, banderas atribuidas a Los Menores apuntaron contra Dylan Cantero; en agosto, telas colgadas en escuelas de zona sur lo acusaban de matar trabajadores en barrio Las Flores. Después de un ataque en octubre, los tiradores dejaron una nota que decía “Dylan Cantero, no batas la cana”. La Policía Federal lo detuvo en el HECA, por orden de la fiscalía, acusado de microtráfico.

El 26 de febrero de 2026 apareció en un puente un cartel que acusaba a integrantes de Los Menores y nombraba a Lautaro “Wifi” Brest. Al día siguiente, Brest fue detenido en Rouillón al 3500 tras un llamado al 911 por violencia de género; al identificarlo, la Fiscalía pidió que siguiera detenido porque su nombre figuraba en causas vinculadas con Los Menores. El adolescente que había colgado el cartel fue detenido una semana después por orden del fiscal David Carizza. No siempre se puede probar que el cartel provocó la medida judicial. Lo que muestra el registro es que el cartel la precede y queda incorporado al expediente.

El 911 como canal directo y el espejo mexicano

El capítulo más reciente es el de Santino Alvarado, detenido el jueves 12 de noviembre en su casa de Funes como organizador de la asociación ilícita que manejaba su padre desde la cárcel. Tres días después, el domingo a las 22.30, un hombre llamó a la línea 911 de Rosario y cortó. Su mensaje fue “Si no liberan a Santino, vamos a empezar a matar gente inocente”, seguido de una referencia al gobernador Pullaro y a los policías.

El llamado al 911 se suma a los carteles y no es una novedad. En septiembre de 2021, durante el juicio por los ataques a la Justicia, una voz anónima llamó a la central de emergencias de Santa Fe para exigir que soltaran a los Cantero y amenazar con matar a los fiscales. La lógica es la misma que la de una tela colgada frente a una escuela: la llamada obliga a dejar una transcripción, activa un protocolo y abre una causa. Desde 2024, cuando los mensajes empezaron a apuntar contra el gobernador y el ministro Pablo Cococcioni por el endurecimiento del régimen carcelario, el 911 se convirtió en otro canal para hacer llegar el reclamo. A diferencia del cartel, la llamada no nombra a un rival. Va dirigida directamente al poder político, sin pasar por la calle.

El caso que más se parece es el de México. Un estudio del CIDE clasificó 2680 mensajes encontrados entre 2007 y 2011 en 25 de los 32 estados, y en ese universo al menos 135 casos fueron venganzas contra supuestos informantes de grupos rivales. Entre los primeros mensajes registrados hubo uno dirigido a un fiscal y otro a funcionarios presuntamente coludidos con el Cártel de Sinaloa, ambos en Nuevo León en 2007. Los politólogos Brian Phillips y Viridiana Ríos analizaron unas 1800 mantas y concluyeron que los grupos se hacen públicos cuando enfrentan disputas con otras organizaciones, violencia de las autoridades y antagonismo con la prensa local. InSight Crime planteó una sospecha que en Rosario ya quedó probada en un juicio: que algunos mensajes son panfletos falsos, puestos para desviar la atención estatal hacia sus rivales. En México eso tiene un nombre: “calentar la plaza”, es decir, provocar violencia en el territorio del enemigo para que el Estado entre allí.

La diferencia es de escala. En Rosario los carteles no apuntan al Ejército ni a cárteles con presencia nacional. Nombran a soldaditos, a presos de un pabellón, a un fiscal en particular. Casi siempre se escriben desde una cárcel, como Rawson, Ezeiza o Marcos Paz, donde la banda ya no puede matar a su rival pero todavía puede hacer que lo investiguen.

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