La causa que investiga por espionaje y compra ilegal de armas al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, y parte de su gabinete, sumará en los próximos días un nuevo capítulo de la novela, que si bien se sospecha cuál es su trama, aún no se estrenó en los pasillos de tribunales.
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Mediante una reciente disposición, el juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Sebastián Creus, definió que los dos recursos de apelación que surgieron a partir del pedido de levantamiento de secreto de sumario (formulado por el abogado de Sain) y extensión de la reserva del caso (solicitado por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez) sean tratados en una sola audiencia.
La reciente disposición fue oficializada por la Oficina de Prensa de tribunales que este lunes informó cómo serán tratados los tres recursos que surgieron a partir de la investigación que tiene a más de diez personas identificadas por presuntamente integrar una asociación ilícita que violó la ley nacional de inteligencia y cometió defraudaciones al Estado.
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Dichos recursos ingresaron a la Cámara de Apelaciones entre diciembre y febrero. El primero fue el que apeló la resolución del juez Nicolás Falkenberg, que rechazó en diciembre un planteo realizado por el abogado Juan Lewis, que asiste a los exmiembros del gabinete, Nadia Schujman, Débora Cotichini, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernardi.
El segundo es el que apunta a la extensión del plazo de la reserva de la investigación y que fue tratado por la jueza penal Rosana Carrara, que hizo lugar al planteo de los fiscales del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.
Y el tercero, a cargo del juez Jorge Patrizi, que ordenó el levantamiento del secreto de sumario de la causa, ante un pedido formulado por escrito por el abogado Hernán Martínez, que representa a Sain, Germán Montenegro, Maximiliano Novas y María Agustína Moulins.
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Como tales recursos ingresaron en distintas fechas, el camarista Creus, de manera inédita, resolvió acumular todos los incidentes judiciales que giraron en torno al acceso y reserva de las pruebas del caso y tratarlas mediante una audiencia.
"Tratándose de una pretensión común, en una misma investigación, por los mismos hechos, aún cuando tenga múltiples individuos investigados, resulta necesario tener decisiones comunes, lo cual sólo es posible lograrlo con un único Tribunal", sostuvo el magistrado de segunda instancia en la resolución dada a conocer este lunes.
"De las distintas resoluciones impugnadas ya surgen contradicciones que resultan incoherentes con el debido proceso dado que, para algunos imputados se ha decidido el cese de la reserva de la investigación y para otros no, agregándose la trascendencia pública e institucional de los hechos en averiguación, lo cual reclama rapidez en el procedimiento”, agregó Creus.
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