La audiencia de pedido de extensión se llevó a cabo en sala 6 de tribunales.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
Este martes, en los tribunales de Santa Fe, los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, que investigan un grupo de exfuncionarios del Ministerio de Seguridad por presunto espionaje ilegal, aseguraron que durante la gestión del exministro Marcelo Sain y su equipo se confeccionaron por lo menos 661 perfiles de personas, empresas y entidades públicas de la provincia y otras localidades del país.
La revelación se dio en el marco de una audiencia en donde ambos fiscales (del área de Delitos Complejos) solicitaron a la jueza de primera instancia, Rosana Carrara, la extensión del plazo de reserva de las actuaciones de la investigación, que según se ventiló en la audiencia, comenzó a partir de una denuncia radicada el 30 de agosto pasado.
El pedido de los funcionarios judiciales fue amparado en el artículo 346 del Código Procesal Penal que sostiene que cuando la tramitación de una investigación sea compleja -por el elevado número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada o trasnacional- la Fiscalía podrá solicitar la reserva de la causa y no brindar a las respectivas defensas las evidencias recolectadas hasta tanto se lleve a cabo la audiencia de imputación.
El planteo de Jiménez y Hernández fue rechazado por los cuatro abogados que asistieron a la audiencia y que representan a las 11 personas que ya fueron identificadas en el legajo judicial que se tramita en la Fiscalía de General López y Saavedra. Se trata de Juan Lewis, Hernán Martínez, Nicolás Mosconi y Oscar Silva quienes, con diferentes posturas, pidieron tener acceso al legajo judicial.
Dichos planteos deberán ser analizados y resueltos por la jueza Rosana Carrara, quien dentro de los plazos legales emitirá su fallo de manera escrita, tal como lo indicó este martes en la sala del primer piso de tribunales.
Durante la audiencia, el fiscal Hernández precisó que las 11 personas que fueron identificadas hasta el momento serían parte de una “asociación ilícita” dedicada a cometer “defraudaciones al Estado” y además violar la ley de inteligencia nacional (N° 25.520) mediante la recopilación ilegal de información sobre personas y entidades, tanto públicas como privadas. “Estamos ante un caso de delincuencia organizada”, dijo al respecto.
Sin dar demasiados detalles, el funcionario judicial indicó que por el momento se detectaron la creación de 661 perfiles, aunque aclaró que posiblemente pueda haber más personas implicadas: tanto futuros imputados como así también nuevas víctimas.
Por esa razón sostuvo que restan peritar por lo menos 70 teléfonos celulares secuestrados en un procedimiento judicial y además recibir informes de organismos judiciales (Fiscalías federales y provinciales) que fueron consultados para determinar si de las 661 personas y entidades relevadas, algunas fueron parte de una investigación penal.
Hernández dijo también que por la investigación se detectaron “miles” de consultas realizadas a las bases “Sudamericadata” y “Nosis”, las cuales recopilan información personal (principalmente económica) de personas, tanto físicas como jurídicas, por lo que deberán ser analizadas por los peritos del Organismo de Investigaciones, la fuerza a quien se le delegó la investigación.
El pedido de Hernández fue rechazado por los cuatro abogados defensores que cuestionaron los tiempos de la Fiscalía y la supuesta filtración de datos de la investigación. Quien primero puso la queja fue Juan Lewis, el cual acusó al fiscal Hernández de brindar datos falsos sobre el origen de la investigación que apunta al espionaje. Es que, según el letrado la pesquisa tuvo su inicio en marzo mediante una presentación del actual subdirector provincial del Organismo de Investigaciones, Víctor Moloeznik, y no como señaló el representante del Ministerio Público de la Acusación, en agosto.
Lewis también denunció “negligencia” de la Fiscalía, ya que desde que comenzó la investigación hasta el momento no pudo calcular “cuantas víctimas” tiene el presunto espionaje detectado durante la gestión Sain en el Ministerio de Seguridad. “Tengo muchas dudas de que esta causa sea compleja”, sostuvo el letrado.
En la misma sintonía, el abogado de Sain, Hernán Martínez, negó la existencia de "pluralidad" de hechos. “No se puede establecer porque la Fiscalía hasta el momento no dio a conocer cuáles son”, explicó el abogado rosarino que buscó refutar los argumentos de Hernández.
Martínez aprovechó la oportunidad para cuestionar a los fiscales y al propio Ministerio Público de la Acusación porque según su criterio, el organismo judicial filtró información. Tanto el día del allanamiento a la sede del Ministerio de Seguridad (el 26 de noviembre del 2021), como así también sobre la lista que se filtró a principios de enero pasado y en donde figuraban 661 personas y entidades a las cuales se le realizaron “perfilamientos”. “Es una causa que tiene más de lo mediático que de lo real”, se quejó el abogado.
En la audiencia de este martes, se planteó también la posible incompetencia por parte de la Justicia provincial para intervenir en la causa que investiga el presunto espionaje. Es que por la pesquisa que se tramita en el MPA la defensa de Sain ya presentó -en diciembre- un escrito en la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez, la cual se encontraba de turno durante el mes de noviembre cuando el caso salió a la luz, a raíz del allanamiento en la sede de Seguridad, en Rosario.
En esa presentación, la defensa del exministro solicitó la intervención del fiscal Rodríguez tras argumentar que por la presunta “violación a la ley de inteligencia nacional” debe intervenir la Justicia federal. Sin embargo, por ese escrito, el juez a cargo del Juzgado Federal N°2, Marcelo Bailaque, se inhibió de intervenir, ya que el propio Sain lo denunció ante el Consejo de la Magistratura unos meses después de asumir en su cargo por una supuesta falta cometida por parte del magistrado en un pedido de allanamiento. Paradójicamente, el nombre del juez federal es uno de los que aparece en la lista "de las personas espiadas" que se filtró a principios de enero.
Por esa razón, el planteo fue remitido al Juzgado Federal N°1, a cargo de Reinaldo Rodríguez, quien por el momento no se expidió al respecto. Y de hecho, según fuentes judiciales de ese fuero, la futura resolución del planteo no tendría mucho para decir, ya que hasta el momento las evidencias del caso no fueron reveladas y se encuentran bajo reserva de la Fiscalía provincial por lo que se desconoce cuáles son los cargos que tienen bajo la manga Hernández y Jiménez.
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