viernes 18 de septiembre de 2020
Policiales | Rodríguez | Seguridad | Santa Fe

Un fallo respalda el accionar de un juez federal que fue denunciado por el ministro Sain

Se trata de Marcelo Bailaque que se encuentra a cargo del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe. Tanto el ministro de Seguridad, como el fiscal federal Walter Rodríguez cuestionaron su desempeño por no hacer lugar a un allanamiento para dar con una mujer prófuga por la avioneta narco de San Justo.

Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario respaldó el accionar del juez Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Santa Fe en el marco de una solicitud de allanamiento que realizó en junio de este año el fiscal Walter Rodríguez para lograr la captura de una mujer que se encuentra prófuga. La misma está ligada a la causa que investiga el transporte de estupefacientes desde Paraguay a través de una avioneta que se estrelló en un campo del departamento San Justo el pasado 22 de febrero.

La resolución, que lleva la firma de los camaristas Guillermo Toledo y Fernando Barbara, se dio a conocer en medio de un contexto en que el propio ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, denunció ante el Consejo de la Magistratura de la Nación al juez Bailaque sobre su desempeño en la presente causa -como así también en otra que fue tramitada en Rosario- por lo que solicitó el procedimiento de “remoción” del cargo y la posterior “suspensión” y “destitución” del magistrado.

El fallo en cuestión surgió luego de que el fiscal Rodríguez introdujo un “pronto despacho” al juez (para que resuelva el pedido de allanamiento) a raíz de que Bailaque le rechazó poder ingresar -el 27 de junio pasado- al personal de la Agencia de Investigación Criminal a una vivienda de Ignacio Crespo al 7900 de la ciudad de Santa Fe. Allí se habría encontrado Lorena Melgarejo, sobre quien pesa un pedido de captura, junto con su esposo –Claudio “Pulga” Casco- por su vínculo con la avioneta narco.

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Lorena Guadalupe Melgarejo y su pareja Claudio "Pulga" Casco se encuentran prófugos por la avioneta paraguaya. 

Lorena Guadalupe Melgarejo y su pareja Claudio "Pulga" Casco se encuentran prófugos por la avioneta paraguaya.

Aquel “pronto despacho” de Rodríguez sostuvo que el juez Bailaque omitió la información que se le brindó desde la Fiscalía para poder concretar el allanamiento, como así también el informe policial donde se le indicó el potencial de medios “logísticos y económicos” que poseen tanto Melgarejo como Casco para poder seguir evadidos de la Justicia. Es que se sospecha que ambos forman parte de una organización narco internacional y hasta con vínculos con la banda de "Los Monos" de Rosario.

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Sin embargo, Bailaque consideró que previo a permitir el ingreso de los efectivos antinarcóticos al domicilio, la Fiscalía debía explicar “de qué manera obtuvo la información” sobre que Melgarejo estaba en ese domicilio. Según Rodríguez, la exigencia del juez se encontraba satisfecha ya que la información estaba sobre su escritorio.

El fiscal consideró además que el rechazo del juez “afectó su estrategia de intervención” debido a que el magistrado pretendió que los agentes policiales, que acababan de detectar la presencia de Melgarejo en la vivienda, debían informar con fotos, informes o quizás testimonios que avalaran la presencia de la mujer en el domicilio.

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La aeronave que disparó la investigación contra Melgarejo y Casco fue encontrada en un campo del departamento San Justo. 

La aeronave que disparó la investigación contra Melgarejo y Casco fue encontrada en un campo del departamento San Justo.

En este sentido, Rodríguez apuntó a que la medida adoptada por el juez Bailaque podría producir “la consolidación de un precedente inaceptable de gravedad institucional” y que comprometería y produciría un impacto en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

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Tal planteo fue rechazado por el tribunal de alzada tras considerar que terminó siendo abstracto, es decir que perdió vigencia por el paso del tiempo. Y por otro por entender que el juez Bailaque “no rechazó” el allanamiento, sino que “exigió el aporte de mayores datos para proceder en consecuencia”.

“El juez de instrucción está legalmente facultado para ello, en tanto se trata de una medida que, como juez de garantías debe disponer que sea cumplida debidamente”, resaltó el fallo. “El magistrado debe velar por expresa manda constitucional y legal, siendo de su exclusiva responsabilidad”, agregó.

En esa línea, los jueces camaristas hicieron hincapié en que el libramiento de una orden de allanamiento “es una diligencia cuyo control de oportunidad y legalidad se encuentra dentro de las facultades privativas del juez competente”.

La resolución, por último, se refirió a los organismos de seguridad –en su rol como auxiliar de la Justicia- ya que deben adoptar siempre las “medidas adecuadas para asegurar la realización de lo encomendado –en el caso una orden de detención- hasta contar con la pertinente orden judicial de allanamiento, a fin de evitar que ella se vea frustrada”.