Piden la prisión preventiva para el dueño de Moderno House: el monto actualizado de las estafas alcanza los 300 mil dólares
La Fiscalía reclamó este lunes que los imputados por estafas en el caso Moderno House queden en prisión preventiva. La audiencia continuará el martes a las 8:30
Néstor Gabriel Segovia, titular de la firma Moderno House investigada por estafas
Los fiscales de Delitos Complejos, Jésica Bernard y Matías Broggi, solicitaron que los imputados en el caso Moderno House por asociación ilícita y estafas reiteradas a través de la construcción de viviendas prefabricadas, continúen el proceso penal detenidos en prisión preventiva.
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El pedido de la Fiscalía se realizó en una audiencia ante el juez penal Lisandro Aguirre, tras concretarse más temprano la ampliación de cargos a Néstor Gabriel Segovia, titular de la firma, y Camila Dos Santos Rizzi, hasta ahora los únicos dos imputados que tiene la causa.
Tras la declaración de ambos sospechosos, que rechazaron la acusación fiscal, los investigadores dieron detalles de la investigación que comenzó en 2024: incumplimientos de contratos, desvío de fondos, engaños en las redes sociales y excusas para justificar por qué no avanzaban las obras contratadas.
La audiencia se reanudará el martes a las 8:30 con los alegatos de los abogados querellantes, Juan Ignacio Chigal, Melisa Lógica y Marianela Leocata, y de los abogados defensores José Nanni y Ramiro Coso, por Dos Santos, y Jorge Questa, por Segovia.
Una puesta en escena
Durante casi una hora la Fiscalía dio a conocer los fundamentos de la causa por estafas y asociación ilícita: Bernard sostuvo que los imputados, una vez que firmaban el contrato con el cliente, cumplían con una parte muy breve de la obra, no la continuaban y utilizaban el dinero para otros fines, por ejemplo, un predio gastronómico en Sauce Viejo a nombre de Segovia y un negocio de ropa en Santo Tomé a nombre de Dos Santos: "No existía voluntad de cumplir con los contratos", sostuvo la fiscal.
Entre las maniobras desplegadas por Segovia, se encuentra haber rescindido el contrato de alquiler del local "y los damnificados se quedaron sin posibilidad de reclamar"; además, para justificar por qué no podía cumplir con los plazos, daba "excusas": dijo que le habían robado en el local y no existe denuncia de tales robos, remarcó la Fiscalía.
En cuanto comenzó a hacerse pública la situación de incumplimientos de varios damnificados, Segovia le dijo a los clientes que era una “movida” de un exempleado para desprestigiar a la empresa, repasó la fiscal de las declaraciones colectadas en la investigación.
Luego, los acusadores públicos ventilaron que la empresa de viviendas no estaba registrada, y que Segovia estaba registrado en el ARCA como food truck, no como construcción de viviendas, en alusión al emprendimiento gastronómico que funcionó en la Ruta 11 en Sauce Viejo, donde la Fiscalía estima eran destinados los fondos que los clientes pagaban para la construcción de sus viviendas.
Bernard agregó que quien era presentado como el arquitecto de la empresa no tenía título habilitante ni en el Colegio profesional de Santa Fe ni de Entre Ríos, donde también había realizado trabajos, y que las casas que les mostraban a los clientes interesados habían sido construidas por otras firmas donde había trabajado Segovia, como Santa Fe Viviendas.
Para sostener que se trató de una maniobra delictiva organizada por un grupo de personas, la fiscal reveló que en un celular secuestrado en un allanamiento en 2024, en la vivienda de Dos Santos, había un grupo de whatsapp llamado “Río Mío Viviendas”, del que eran parte los dos imputados. En ese grupo, los miembros coordinaban para armar una empresa similar a Moderno House, se hablaba de "clientes fantasma" y de poner en redes imágenes de obras para generar confianza en los potenciales interesados; en este sentido, Bernard remarcó que en el allanamiento reciente del mes pasado en la casa de la mujer se secuestraron documentos en blanco membretados como Rio Mio.
Prisión preventiva
Para argumentar el pedido de prisión preventiva para los dos involucrados, la fiscal hizo referencia a una resolución de la Cámara de Apelaciones en la que se confirmó la cautelar de máxima en el caso Capalbo: el juez tuvo en cuenta la gravedad del daño por la suma millonaria de la maniobra en estafas de una agencia de viajes. En el caso Moderno House, el monto actualizado de las estafas alcanza los 300 mil dólares, sostuvo Bernard.
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La Fiscalía también aludió a la existencia de riesgos procesales: Segovia incumplió las alternativas al mudarse de domicilio sin avisar a las autoridades; además en el carnet de conducir presenta un domicilio en una localidad cordobesa y su auto tiene multas por 17 millones de pesos, por lo que podría ser presentado como caución.
Por último, pesa sobre Segovia una denuncia por amenazas radicada por uno de los vendedores de Moderno House, tras haberle iniciado un juicio laboral.
Del mismo modo, uno de los autos de Dos Santos, que era su caución tras la primera imputación, ahora presenta daños en el frente y ahora no se sabe dónde está ese vehículo; además incumplió la prohibición de salir del país en dos oportunidades.
En conclusión, Bernard sostuvo que restan numerosas medidas en la investigación, que el riesgo de entorpecimiento es real; restan peritar dispositivos secuestrados y analizar movimientos de cuentas, por lo que solicitó la prisión preventiva de los dos imputados.
Las declaraciones de los imputados
Primero declaró Segovia, quien sostuvo que siempre tuvo voluntad de cumplir, que con varios damnificados llegó a acuerdos menos con los que son representados por el querellante Chigal, a quien responsabilizó por no haber avanzado en los acuerdos.
Segovia sostuvo que entregó cincuenta viviendas en diferentes localidades de Santa Fe, de Entre Ríos y hasta de Buenos Aires, viviendas que eran las que iban a ver los clientes interesados.
Luego, Dos Santos Rizzi sostuvo que ella era una simple empleada de la empresa, que cumplía horario y tenía su sueldo, que no tomaba decisiones sobre las construcciones ni sobre las entregas. Explicó que como vendedora cobraba una comisión: que vendió 15 casas y que se entregaron 10.
Agregó que la última vez que fue a firmar al MPA le dijeron que la causa se había archivado y que ya no tenía que volver, entones fue a buscar a su defensora, en ese entonces del Servicio Público de la Defensa, y presentaron un escrito para la devolución de los efectos secuestrados.
La mujer relató el impacto que tuvo en su vida la causa: que tuvo que cambiar a su hijo menor de escuela y que su hija adolescente está con tratamiento psiquiátrico, que trabaja doble turno para pagar a los abogados ya que es el único sostén de sus hijos porque su mamá murió y el padre de los chicos tiene problemas de adicciones.
Finalmente, dijo que confiaba en la empresa, por eso llevó a familiares a trabajar allí, y que lo perdió todo.
La audiencia se reanudará el martes a las 8:30 con los alegatos de los abogados querellantes y de los abogados defensores. Luego, el juez Aguirre deberá resolver de qué manera transitan el proceso penal las personas investigadas.
