Marcelo Sain, exministro de Seguridad de Santa Fe.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
La jueza penal Rosana Carrara dispuso este jueves extender el plazo de reserva de la causa que investiga al exministro de Seguridad, Marcelo Sain y miembros de su gabinete por presunto espionaje ilegal entre enero del 2020 y noviembre del 2021 por lo menos. La resolución se dio a conocer en horas del mediodía y avaló el pedido que fue solicitado por los fiscales del caso, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández.
Ambos funcionarios solicitaron el martes pasado que las actuaciones del caso sigan bajo la custodia de la Fiscalía de Delitos Complejos y por el momento no sean entregadas a las defensas de las personas identificadas en la investigación, las cuales hasta el momento ascienden a once. Dicho pedido fue amparado en el artículo 346 del Código Procesal que cuando en una causa la tramitación es compleja por la “pluralidad de hechos, imputados o víctimas” se podrá mantener bajo llave, ante las defensas de las personas investigadas, las actuaciones que figuren en un legajo judicial (expediente) hasta que se concrete la audiencia de imputación de cargos.
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Carrara valoró en su resolución que, en el presente caso, según los datos aportados por la Fiscalía “se dan los requisitos que la normativa legal enumera”. De hecho, sostuvo que la investigación tiene como eje una “asociación ilícita” involucrada en varios hechos cometidos por un grupo de personas y en forma organizada “empleando estructuras como la administración pública y en fraude a la misma”.
“Todo ello, torna ardua y dificultosa la concreción de los actos procesales en los términos acordados, por lo tanto, bajo estas circunstancias, sumado a la pluralidad de imputados y víctimas, hacen procedente la duplicidad de los plazos, por lo que haré lugar a la petición”, destacó la jueza de primera instancia en la resolución a la que tuvo acceso AIRE.
En otro tramo del texto (que consta de ocho páginas), la magistrada instó a los fiscales a cargo de la causa a que mantengan “prudencia y extrema rigurosidad” en las actuaciones del caso para evitar futuras filtraciones, tal como ocurrió un mes atrás luego de que circuló una lista de 661 personas que había, según la hipótesis de la Fiscalía, sido "perfiladas" en el Ministerio de Seguridad sin ninguna orden judicial de por medio.
“El órgano acusador deberá utilizar con máxima prudencia y extrema rigurosidad las facultades que le brinda la ley en cuanto al tiempo razonable para la investigación, por lo que se insta al máximo esfuerzo en su accionar para respetar dichos extremos, a los fines de no estigmatizar a las personas que se encuentran sospechadas, vulnerando su buen nombre, dignidad y honor”, sostuvo Carrara.
Por el caso hay un total de 11 personas identificadas (no imputadas) en el marco de dos causas judiciales que se tramitan por separado. Una que tiene como eje la “tentativa de defraudación” por la licitación de compra de armas al Estado de Israel para la Policía de Santa Fe, operación que nunca se concretó y que activó un recurso en el fuero Contencioso Administrativo. Y la otra, que tuvo mayor impacto y trascendencia en la opinión pública, que apunta a la “violación de la ley de inteligencia nacional” por la recopilación de información sin ninguna orden judicial de por medio.
Entre los identificados se encuentra distintos exfuncionarios de la gestión Sain al frente de la cartera de Seguridad: Nadia Schujman (exdirectora de la Agencia de Control Policial); Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal); Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control); Marcelo Sain (exministro de Seguridad) y hasta Débora Cotichini (jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur del Organismo de Investigaciones), entre otros.
Todos investigados de integrar una “asociación ilícita” que realizó, según los primeros datos difundidos oficialmente por Fiscalía, el perfilamiento de 661 personas y entidades públicas y privadas de Santa Fe y el país.
Dichos perfiles, fueron confeccionados mediante consultas de bases de datos públicas y otras pagas. Como, por ejemplo, “Nosis” y “Sudamericadata” o registros de organismos como “Migraciones” o “Registros de la Propiedad del Automotor”.
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