Un ejemplo que muestra el estado de situación en la Argentina es que la Justicia Federal tardó 17 años en ordenar el decomiso de los bienes utilizados para lavar dinero del Cartel de Juárez en nuestro país, valuados en 25 millones de dólares.
Un estudio revela que el Estado podría aprovechar unos 100.000 millones de pesos en concepto de bienes –propiedades, aviones y vehículos–, armas y joyas que se decomisan en causas penales y que con el paso del tiempo se percuden en depósitos judiciales.
Lucas Manjon, representante en Argentina de la organización italiana Libera, junto a otras organizaciones, lleva adelante el proyecto Bien Restituido, que consiste en la elaboración de un sistema destinado a reutilizar los bienes decomisados al crimen organizado.
Manjon calculó, en base a un estudio que hizo una consultora Analytica, que el Estado podría aprovechar unos 100.000 millones de pesos en concepto de bienes –propiedades, aviones y vehículos–, armas y joyas que se decomisan en causas penales y que con el paso del tiempo se percuden en depósitos judiciales.
¿Qué pasó con los bienes del Cartel de Juárez? Amado Carrillo Fuentes –más conocido como “el Señor de los Cielos”- tenía planeado instalarse en la Argentina por los años 90, contó Manjon en un paper. Fue así que compró, a través de testaferros y sociedades, una serie de propiedades, autos de alta gama, maquinarias y campos, en preparación de su llegada definitiva al país.
En el medio ocurrió un problema: en 1997 el capo narco se murió por una fallida operación en su rostro. Y los planes del cartel quedaron truncos.
La causa judicial en Argentina comenzó en 1999 y la condena por lavado se concretó siete años después. “Hoy, 25 años después del inicio de la causa contra el Cartel de Juárez, los bienes usados para lavar dinero del narcotráfico siguen sin ser subastados ni reutilizados”, advirtió Manjon en diálogo con AIRE, junto con Jorge Abboud, que también trabaja en este proyecto, cuya inspiración nació en Italia, cuando la Justicia comenzó a detectar en las fortunas que manejaban las mafias.
A nivel nacional este año corre peligro que pierda estado parlamentario la ley de extinción de dominio que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y está trabada en el Senado nacional. Nunca terminó de gestarse un acuerdo sobre esta idea.
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En 2017, el expresidente Mauricio Macri puso en marcha la extinción por decreto. Pero, al no haber una norma legislativa que lo regule, muchos jueces quieren evitar conflictos en los expedientes.
Lo que plantea el proyecto Bien Restituido es que debe crearse un organismo que administre estos bienes decomisados, independientemente de la ley de extinción de dominio.
“De esa manera se podrían reutilizar social y económicamente los bienes que son instrumento, producto y provecho de actividades criminales”, señaló Manjon.
Esta práctica es usual en otros países, donde la reutilización de los bienes es una práctica reconocida. Su aplicación permitirá al Estado argentino cumplir con su deber de reparar el daño producido a las víctimas directas de la criminalidad organizada, como así también a las víctimas indirectas, el propio Estado y la sociedad en general, haciendo foco en los sectores más vulnerables, plantean en la organización.
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La redacción de este proyecto contó con el aporte de un amplio sector de la Justicia. La redacción de esta norma estuvo a cargo del juez federal Sebastián Casanello, las fiscales Laura Mazzaferri y María Laura Roteta, del secretario de PROCELAC Francisco Luena y de diferentes referentes judiciales como el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros.
Majón señaló que “la Justicia cambió el paradigma de persecución del crimen organizado hace tiempo. Cada vez se recuperan más bienes. Se persigue la directiva internacional de que es preferible que se escape la persona buscada, pero que se puedan recuperar los bienes y así hacer quebrar la empresa criminal”.
“El problema es que una vez que se recuperan esos bienes, no se piensa qué hacer con todo eso. Hoy hay inmuebles vacíos desde hace cualquier cantidad de años, vehículos que tuvieron que compactarse porque no hay espacio para guardarlos, granos de soja secuestrados por contrabando que se pudrieron”, apuntó.
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Santa Fe fue la primera provincia en la que se empezaron a subastar los bienes decomisados en causas provinciales, luego de que, en 2016, se creara la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) que establece una ruta para los bienes que estaban en poder del crimen organizado.
El problema es que como no hay un marco normativo a nivel federal con la extinción de dominio, los bienes que se secuestran en causas por narcotráfico o lavado de dinero no pueden ser subastados ni administrados por el Estado provincial. Como tampoco hay ningún órgano que se dedique a esta cuestión, los autos, propiedades, aviones, entre otros bienes decomisadas, van perdiendo su valor.
Durante la gestión anterior, APRAD tuvo un bajo perfil. Se acumularon unos 300 autos en comisarías y en los depósitos que hay en Alvear y Santo Tomé, que podrían haber sido subastados o utilizados por el Estado, según señaló Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales del gobierno de Santa Fe.
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En el último mes comenzaron a utilizarse algunos autos. “El objetivo que se trazó a corto plazo es poder relevar la cantidad de bienes y volcarlo en un sistema que se llama Mantis, porque hay un atraso en la base de datos de más de un año”, señaló el funcionario.
En total, la provincia tiene unos 12 inmuebles que estaban en manos de grupos criminales, que en estos momentos se analiza qué destino se le van a dar.
En una de las últimas subastas ocurrió un hecho llamativo. Una de las propiedades que había ido a remate en un country en Roldán, que era de Esteban Alvarado, fue comprada por su hija. En el momento nadie se dio cuenta, pero después, cuando empezaron a analizar la documentación, percibieron que se trataba de una persona del entorno del jefe narco que está preso en el penal de Ezeiza.
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