“Pidan lo que quieran pero esto tiene que aprobarse hoy”, recomendó a los siete ediles Diego Garavano, el presidente del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez, una ciudad de 80 mil habitantes que está separada de Rosario por una avenida. Aquel 7 de octubre de 2013 sobre la mesa del recinto había una carpeta color verde con el rótulo “Crematorio V.G.G.”, que unos minutos antes había enviado el intendente del Partido Justicialista, Pedro González, yerno de Garavano.
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Un solo concejal se negó a aprobar esa ordenanza. Fue Carlos Dolce, del Partido Socialista, que pidió que se estudie el proyecto con mayor profundidad. “Sospeché que detrás del crematorio había algún negociado del intendente, pero lo vinculé con el tema inmobiliario”, advirtió. Se equivocó.
¿Quién podía sospechar e ir más allá, y pensar que detrás de la construcción de ese crematorio había un grupo narco transnacional? La “inversión” del cartel colombiano liderado por los hermanos Triana Peña formaba parte de los más de 10 millones de dólares que esta organización había lavado en la Argentina a través de 30 empresas que crearon en el país desde 2010.
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Era la muestra de cómo el dinero del narcotráfico podía colarse por los puntos más débiles del Estado. Esas grietas dejaban el resquicio para que los fondos sucios se blanquearan en obras que no eran necesarias y por las que nadie pedía demasiadas explicaciones.
En Villa Gobernador Gálvez, ciudad asediada por la pobreza y la violencia, el gobierno local alentaba en ese momento la construcción de un sistema para incinerar cadáveres. El proyecto era extraño.
Dos años después de que se aprobara la edificación de ese crematorio aparecieron algunas respuestas. El 17 de septiembre de 2015, Gendarmería allanó el depósito fiscal Binder, en Rosario, y tras un extenso peritaje los efectivos de esa fuerza y de la Aduana pudieron determinar con dos perros Golden Retriever que el cargamento de 46 toneladas de arroz que había pasado los controles de escáner contenía 12 kilos de cocaína.
Esa carga despachada por la empresa Euroexport SRL tenía como destino Guinea Bissau, donde el cereal iba a llegar a través del programa de Naciones Unidas “Hambre Cero”. El cartel liderado por los hermanos Triana Peña había comenzado a probar una nueva ruta por África, como punto intermedio, para luego llegar a Europa. El centro operativo de los colombianos en la Argentina funcionaba en Rosario, donde el puerto daba esas ventajas logísticas.
Las sospechas que levantaba el crematorio apuntaban al veterano cacique peronista Pedro González, quien falleció en mayo de 2017. En las calles de esa ciudad se libró parte de la guerra entre bandas narco de Rosario. Allí mataron en 2013 a Claudio Cantero, el “Pájaro”, líder de los Monos, una muerte que disparó un raid de venganzas contra la familia Bassi, cercana al ex intendente, a quien ayudaba movilizando en la flota de remises a los votantes en la época de elecciones.
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El sol era implacable a las 14.26 de aquel 4 de diciembre de 2014. Guillermo Heisinger estaba a sólo 20 metros del edificio del Concejo Federal de Inversiones, en CABA, pero prefirió no entrar. Decidió soportar el calor parado en la vereda del viejo edificio de Harrods para atender una comunicación que era importante.
Lo primero que le preguntó a su socio Aldo Corizzo fue: “¿Vio la luz lo del crematorio?”. Ese jubilado que vivía en barrio Martin en Rosario y también tenía como domicilio el departamento en Alvear 1502, en el barrio de Recoleta, fue quien tejió el “negocio” en Villa Gobernador Gálvez. Ambos eran empleados del cartel colombiano.
En ese departamento lujoso donde vivía Heisinger, la Policía Federal secuestró a fines de 2015 la carpeta color verde que tenía el rótulo: “Proyecto Crematorio VGG”. Estaba sobre un escritorio junto con fotografías del ex funcionario con Juan Pablo II y en otras dos con el entonces presidente Carlos Menem.
“Ya firmé con el Gordo González”, contó Corizzo aquella mañana de 2014 y preguntó si Carlos Yorelmy Duarte Díaz, uno de los capos colombianos del cartel, había regresado de Uruguay. Tenía que reunirse con él en Rosario para pasarle las novedades. “Primero firmo lo del crematorio y después lo del puerto”, resumió Corizzo, en esa breve comunicación.
Faltaba cerrar otros eslabones de la cadena de “inversiones” que delineaba el cartel liderado por los hermanos Triana Peña para lavar dinero del narcotráfico y exportar cocaína hacia África.
Pretendían manejar un puerto en la zona de Fray Luis Beltrán, ciudad ubicada al norte de Rosario, para exportar los cargamentos de arroz con cocaína de máxima pureza que Wilmar Yuriano Valencia Estrada, alias “El Especialista”, preparaba en la casa ubicada en el barrio de Arroyito de Rosario con un oncólogo rosarino: Gabriel Zilli, reconocido especialista en tratamientos contra el dolor a enfermos terminales.
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Los peritos de Gendarmería estuvieron más de seis meses para determinar el proceso que había logrado “El Especialista” para cubrir con una fina película de cocaína cada grano de arroz. Nunca habían visto algo igual. Las conversaciones entre Heisinger y Corizzo y uno de los jefes del cartel Duarte Díaz, según las escuchas de la causa, apuntaban a iniciar tratativas con el Ministerio del Interior y Transporte, que tiene jurisdicción sobre los puertos, para adquirir ese predio sobre el río Paraná.
Ninguna de los proyectos que tejió este grupo narco se pudo concretar por un motivo de fuerza mayor: con información precisa de la agencia Drug Enforcement Administration (DEA) efectivos de Gendarmería allanaron el 16 de setiembre de 2015 el depósito fiscal Binder. Allí estaba listo para ser despachado hacia Guinea Bissau el cargamento de 40 toneladas de arroz, embebido en cocaína.
A diferencia de lo que ocurría en Rosario desde que estalló la guerra narco este rubro del negocio de las drogas no dejaba que corriera una gota de sangre. La violencia los dejaría expuestos, y no había competencia que eliminar. Los Monos mataban a sus rivales todo el tiempo, pero los verdaderos dueños del negocio del narcotráfico trasnacional no usaban violencia. Preferían el bajo perfil.
Desde que la DEA detectó a este grupo liderado por los hermanos Triana Peña, que operaban por el puerto de Rosario, no surgieron investigaciones ni alertas sobre la salida de cargamentos de droga por el puerto. Eso no quería decir que no se utilizaran las terminales de Rosario para “exportar” cocaína.
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La droga era un fantasma que navegaba por el río. Nadie lo percibía ni tampoco quería verlo. En la reunión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), realizada en 2022 en La Paz, los miembros de la organización advirtieron sobre el peligro de que la hidrovía Paraguay-Paraná se transforme, especialmente durante la pandemia, “en una nueva vía para el tráfico de drogas”. Pidieron además extremar los controles aéreos a Bolivia, de donde proviene la droga.
El organismo alertó por primera vez sobre una “rearticulación” del tráfico de cocaína en Sudamérica a través de la hidrovía, al indicar que Paraguay se convirtió en una zona de acopio de esta droga, que se produce en Perú y Bolivia, y que desde los puertos guaraníes tiene salida hacia África y Europa. Paraguay y la Argentina estaban unidos por la hidrovía. En sólo unos meses se secuestraron 40 toneladas de cocaína en los puertos europeos, que habían salido por la hidrovía.
El fiscal Ysaac Ferreira, de la unidad Antidrogas, que investigó varios casos de contrabando de drogas en la hidrovía reconoció que uno de los puntos más débiles es la falta de escáneres en los puertos privados. En Paraguay hay sólo tres escáneres para control de cargas, lo cual, según el funcionario, hace imposible inspeccionar los contenedores.
Más allá de los controles también la lupa se pone en las terminales de donde salieron las cargas, como Terport, que es una nueva terminal que se construyó en 2018. El senador paraguayo Pedro Santa Cruz también apuntó contra la empresa Gregser– PTP Warrant, a la que el expresidente Horacio Cartes –según él- le dio la concesión por 20 años. PTP Group había ganado la licitación durante la gestión del socialista Antonio Bonfatti de la zona franca de Villa Constitución.
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“La concesión fue aprobada y según fuentes oficiales el canon que debía pagar PTP era de 5.000 dólares al año, un verdadero despropósito para una terminal tan importante”, resumió.
PTP Group enfrentó una investigación en Paraguay, pero fuentes de la empresa señalaron que fue cerrada. “No se encontró nada. En su mayoría PTP Group traslada fertilizantes hacia Paraguay, por lo que hacemos el tráfico inverso”, apuntaron.
Esta firma de capitales argentinos tiene varias terminales a lo largo de la hidrovía. No sólo maneja un importante muelle en el puerto de Villeta, sino también la zona franca de Villa Constitución, en Santa Fe, y en el departamento Soriano, Uruguay, donde adquirió un predio de 266 hectáreas en Punta Arenal. También en el norte de la hidrovía en puerto Murtinho, localidad brasileña de Mato Grosso do Sul ubicada a la vera del río Paraguay, a 1400 kilómetros de Santos.
En 2016, la diputada Elisa Carrió presentó ante la Justicia una denuncia contra los empresarios Lucas Ganceraín y Guillermo Misiano, acusados de cometer delitos de contrabando y evasión, pero la causa tampoco prosperó. Ganceraín fue nombrado en 2015 jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo hasta 2023 de Aníbal Fernández. Ganceraín tuvo un rol protagónico en la gestión, tras ser puesto a cargo del accionar de las fuerzas federales en Rosario. A la clase política rosarina no le despertó ni siquiera un interrogante. La única que habló siempre de este hombre y sus empresas fue Carrió.
La droga que salía por los puertos debía acopiarse cerca de Rosario. Era todo un engranaje logístico que debía moverse. En Ibarlucea, a 10 kilómetros de San Lorenzo, donde están ubicados la mayoría de los puertos, se detectó que funcionaba una zona de acopio de grandes cantidades de cocaína, que regenteaban engranajes que continuaron la tarea del clan Loza, cuyos jefes están detenidos. El proveedor de la cocaína era Jorge Adalid Granier Ruiz, de nacionalidad boliviana, detenido en 2023 cerca de San Pablo, a través de una pata local que era Fabián Pelozo, que ejercía como lugarteniente, y había montado pistas de aterrizaje en campos agropecuarios cercanos, como en Monte Maíz, en el límite entre Santa Fe y Córdoba.
Granier Ruiz, según información suministrada por la DEA a la justicia argentina, fue quien alojó en su departamento en Buenos Aires a Fuminho, sobrenombre que usa Gilberto Aparecido Dos Santos, una figurita difícil de detener del Primer Comando Capital. Fue detenido por la Policía Federal de Brasil y la DEA en un lujoso hotel de Mozambique el 13 de abril de 2020. Durante los últimos años se había convertido en uno de los líderes más fuertes de PCC.
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Fue la primera vez que se encontraron nexos directos entre bandas narco que funcionan en la Argentina con el Primer Comando Capital. Hasta ahora habían aparecido lo que las autoridades denominaban “lobos solitarios”. Sin embargo, los indicios eran cada vez más firmes de que esta organización internacional, con base en Paraguay y Bolivia, fuera de Brasil, había hecho pie en el país, a través de alianzas con otras bandas.
En 2022 reaparecieron los colombianos como gestores de tráfico de cocaína desde Rosario. Aunque no se habían producido detenciones ni secuestros importantes de droga siempre quedaba pendiente el misterio de la zona del Gran Rosario, que es un enclave importante para la salida de la droga.
En diciembre de ese año un engranaje clave cometió un descuido. O fue por la ambición de cobrar un negocio que se moldeaba desde hacía meses. Gabriel Jaime Londoño Rojas fue detenido en diciembre de 2022 en el aeropuerto de Abu Dhabi, cuando pretendía ingresar a ese país de los Emiratos Árabes, una región que iba a ser el destino de unos 3000 kilos de cocaína.
Una parte de esa carga fue secuestrada en Rosario y otra salió por el puerto de esta ciudad. Según fuentes de Interpol en Argentina, Londoño Rojas era uno de los tres integrantes de un cartel colombiano que estuvieron supervisando en Rosario la salida de estos cargamentos de cocaína que tenían como destino final Dubai. Los investigadores de la Policía Federal Argentina consideran que la droga servía de provisión para esa región del Golfo Pérsico, donde se organizó la Copa del Mundo en diciembre de 2022, y donde el precio de la cocaína era entre cinco y ocho veces más cara que en Europa.
Londoño Rojas tenía pedido de captura internacional pero la cédula roja, como se denomina técnicamente a esa instancia judicial, no figuraba en la web de Interpol, por lo que los investigadores deducen que posiblemente este colombiano de 55 años haya creído cuando voló desde Bogotá a Abu Dhabi que nadie lo buscaba.
Londoño Rojas es uno de los tres colombianos que coordinaron el envío de 1.658 kilogramos de cocaína desde Rosario a Dubai, pero antes de que se concretara el despacho de la droga por el puerto de Rosario el cargamento, en agosto de 2022, fue secuestrado en un galpón en el barrio Empalme Graneros de Rosario. Se sospechaba que otro cargamento similar, que salió de la terminal rosarina y fue secuestrada en los puertos de Santos y Rotterdam tenía el mismo destino y pertenecía a la misma organización internacional.
Un día antes de que la Policía Federal incautara uno de los cargamentos más grandes de la historia en Rosario llegó a la ciudad el embajador de Estados Unidos Mark Stanley, en un plan de visita protocolar, que incluyó degustación de alfajores de la zona y varias selfies. Si fue una casualidad o no nadie lo sabe, pero desde hace tiempo la DEA puso el ojo en la zona. La información inicial para comenzar esta investigación que terminó con la incautación de la droga comenzó semanas antes en la oficina de la DEA en Bogotá.
La agencia norteamericana pretendía trabajar de manera directa en Rosario, a partir de algunos vínculos con agentes que se habían capacitado en Estados Unidos, como el exjefe de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) Maximiliano Bertolotti, pero la falta de respaldo del gobierno de Santa Fe y la desconfianza en la policía llevaron a que pensaran asentarse en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
En la Argentina Londoño Rojas y Ramírez Duque eran dos fantasmas, pero se sospecha que estuvieron en la provincia de Santa Fe para generar la operación de tráfico de droga más grande de la historia.
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El encuentro entre varios miembros del cartel se hizo en el country Aguadas, en Funes, un lugar selecto pegado a Rosario en el que viven funcionarios políticos, judiciales y empresarios importantes de la ciudad, que nada sabían de que sus vecinos estaban preparando uno de los contrabandos de cocaína más grandes de la historia.
En Aguadas había alquilado de forma temporaria una casa en el lote 183, según la causa judicial que está en el juzgado federal de Campana, Marco Páez, un bonaerense que había convocado Gabriel Nicolau, un narco del conurbano que era junto con José “Tano” Sofía, un veterano protagonista oriundo de Haedo, los encargados del cargamento en Rosario, cuyos dueños eran los colombianos Newson Cheung Sabogal y Londoño Rojas.
Esa mañana del 22 de junio en la reunión en Aguadas estaba el representante del cartel internacional Antonio Ramírez Duque, otro colombiano, que seguía de cerca la operación y controlaba a los argentinos. Duque había llegado a Buenos Aires dos días antes y quien lo llevó hasta Rosario en su camioneta VW Amarok fue Nicolau. La reunión, según las tareas de inteligencia que constan en la causa, duró una hora. Las cuestiones importantes se definen sin demasiada charla.
Duque regresó a Buenos Aires y se fue a España, pero un mes después volvió a la Argentina, y viajó a otra reunión en Funes. Esta vez el encuentro no se hizo en el country Aguadas, sino en una casaquinta con pileta en calle Tandil al 2400, otra propiedad que habían alquilado de forma temporaria.
Una característica que aflora en esta organización es el bajo perfil que pretendían imponer a las gestiones los representantes de este cartel. Por ejemplo, no se alojaban en hoteles, sino que preferían alquilar inmuebles de manera temporaria fuera de Rosario, donde los registros son menos rigurosos. Nicolau dormía en un complejo de cabañas en Victoria, Entre Ríos.
Al otro día, el 25 de julio, Duque y Nicolau fueron en la camioneta Amarok hasta un galpón en Juan B. Justo 2885, una zona modesta de barrio Empalme Graneros. Allí vive Ramón V., un hombre que se dedica a la herrería, y es quien habría preparado los dos lugares donde se acopió la cocaína, uno muy cerca de su casa, en Génova al 2400 y otro en la zona sur, a pocas cuadras del puerto, en Cerrito 17.
Londoño Rojas y Ramírez Duque aparecen como los enlaces de la organización. Fueron dos fantasmas en Rosario, donde no aparece ninguna relación con una pata local del narcotráfico. Los colombianos se movían por un universo paralelo a las bandas narco rosarinas, trenzadas en problemas de violencia extrema desde hacía casi dos décadas. “Si esos dos mundos se tocan puede ser terrible. Eso ocurrió en lugares como Ecuador y parte de México”, alertó un analista internacional. Por ahora esos mundos aparecen separados.
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