La violencia que supura del narcotráfico en Rosario volvió a generar una crisis política en Santa Fe. Con el recurso más poderoso que tienen, como es el terror, los narcos desnudaron la debilidad del Estado que no logra encontrar estrategias efectivas para enfrentar un fenómeno que es nuevo en el país: el poder del crimen organizado desde las cárceles. “Todo el tiempo pido la prisión de personas que ya están en la cárcel”, resumió a AIRE la fiscal Valeria Haurigot, que con esa frase simple dejó al descubierto la complejidad de un problema que desde hace unos años empezó a eclosionar en los países de la región. El Estado siempre descansó en la consigna de que la cárcel era el fin de los problemas, pero esta nueva realidad marca que es el inicio de otros, incluso, más delicados que tienen incidencia directa en las calles.
El asesinato trepa a cifras alarmantes en Rosario como nunca antes había ocurrido.
Una pista del poder que emana de las cárceles la dio hace unos años José Cerqueira Bremer, magistrado de Curitiba -capital del estado brasileño de Paraná-, que visitó Rosario para ayudar a diagramar un plan de protección contra jueces y funcionarios del Poder Judicial. Bremer contó que empezaron a notar que la aparición de WhatsApp empezaba a cambiar la organización interna de los presos en las cárceles de Brasil. La tecnología había ayudado a que los reclusos empezaran a actuar en redes. El poder de la comunicación instantánea se había transformado en un riesgo.
Bremer contó que después de varios hechos delictivos y sangrientos que se habían gestado desde las cárceles de San Pablo a través de WhatsApp un magistrado dio de baja la aplicación a través de una orden judicial. El efecto se vio en las calles casi de forma inmediata. Los jefes de Comando Vermelho ordenaron quemar colectivos. En sólo dos noches se incendiaron más de diez ómnibus del transporte público con bombas molotov. La Justicia tuvo que dar marcha atrás con la medida. Bremer admitió que el Estado había subestimado el poder que había irradiado la comunicación en el crimen organizado. Hoy Comando Vermelho, como advirtió el escritor y periodista Allan de Abreu, maneja y presta el servicio de internet en las principales favelas de Río de Janeiro.
El gobierno de Omar Perotti, que cuando asumió prometió cortar con el delito, bajo su eslogan “paz y orden”, quedó debilitado tras los sucesivos fracasos en materia de seguridad. Esa debilidad la aprovechan los grupos criminales, que desde hace tiempo traman atentados que en otros países serían considerados como terroristas. El primero que enfrentó una crisis política derivada del poder del narcotráfico fue Antonio Bonfatti, tras la ola de venganzas en mayo de 2013 tras el crimen de Claudio "Pajaro" Cantero. La reacción del Estado fue planear megaoperativos para perseguir a la banda con la cúpula de la División Judiciales, cuyos jefes, después se comprobó en el juicio de Esteban Alvarado, eran empleados de este narco. El remedio fue peor que la enfermedad.
La falta de un plan de seguridad que por ahora no aparece se trasluce en los perfiles disímiles de funcionarios que pasaron por el manejo de la seguridad en Santa Fe. Marcelo Saín, un experto en el tema, alineado con el kirchnerismo, fue quien intentó moldear una reforma policial sin éxito y priorizó la investigación sobre las mafias. Terminó fuera del gobierno tras varios exabruptos que protagonizó por las redes sociales e imputado por espionaje ilegal. Le siguió Jorge Lagna, un funcionario peronista, sin ninguna experiencia, que terminó por ser desplazado tras cambiar varias veces los jefes policiales que no le respondían. En su lugar, asumió el excomisario Rubén Rimoldi, un hombre oriundo de la localidad de Casilda, desconectado del problema de la seguridad hace casi una década. También fracasó. Y ahora lo sucede el excomandante de Gendarmería, Claudio Brilloni, que fue el encargado de coordinar el trabajo de las fuerzas federales en Rosario, durante parte de la gestión de Patricia Bullrich cuando estaba en el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Aníbal Fernández, titular de la cartera de Seguridad de la Nación, no mira con buenos ojos los movimientos en Santa Fe. Desconfía del excomandante por sus vínculos con dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos Elisa Carrió. Aníbal advirtió que no pretendía involucrarse en las decisiones de Perotti, pero evitó dar un respaldo a la nueva gestión. Y tras los reclamos de Perotti volvió a la carga. Fernández se molestó con las declaraciones del gobernador santafesino y del nuevo ministro, que pidieron mayor respaldo del gobierno nacional. “No tener conocimiento de lo que sucede es delicado. Hace 20 años que tienen complicaciones”, afirmó Fernández, que se reunió el miércoles en medio de la crisis en Santa Fe con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. El problema es que la información que le llega al ministro está tamizada por datos objetivos de operativos que no muestran la realidad.
Al asumir, Brilloni pidió mayor compromiso de la Nación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Del otro lado, desde la Nación, respondieron: “No saben lo que quieren”. En Rosario hay actualmente unos 3000 gendarmes en Rosario, de los cuales 1.000 están en un destacamento que se creó especialmente para patrullar la ciudad.
“El problema es que no le responde la policía al gobernador”, ensayan desde la Municipalidad de Rosario. El intendente Pablo Javkin, que tenía una buena relación con Perotti, decidió el miércoles salir con los tapones de punta, luego de que tuvo que suspender la inauguración de una ciclovía porque habían baleado un distrito municipal en el sur de la ciudad. Javkin evalúa ser candidato a gobernador dentro del llamado “frente de frentes”. Javkin se molestó porque había cedido ese predio para que se instale un destacamento policial. Los efectivos fueron unos días y desaparecieron, según él.
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Un día antes, desde la Justicia habían salido a advertir sobre la gravedad de la situación, sobre todo con la policía, que nadie parece poder controlar. El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, aseguró que “no puede haber una provincia sin policía”. Un concepto similar dejó sobre la mesa el jefe de la Unidad de Criminalidad Organizada, el fiscal Luis Schiappa Pietra, que destacó las complicidades que aparecen en cada investigación entre policías y narcos.
Una investigación judicial, que está aún en proceso, muestra cómo altos jefes policiales de Santa Fe son proveedores de cocaína de los narcos rosarinos. La droga llega a Rosario del conurbano bonaerense, y las armas que comercializan estos uniformados en el mercado negro provienen de Paraguay. La escalada de violencia puede romper nuevos límites, cuando el Estado se ve perforado por altos niveles de corrupción. Por eso, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad, plantea como solución más viable y drástica la intervención de la policía. Cómo lo podría llevar adelante, nadie lo sabe. Es una estrategia que intentó poner en marcha en 2016 después de las multitudinarias marchas bajo el lema “Rosario sangra”, pero en la gestión de Mauricio Macri no estaban convencidos, y el entonces gobernador Miguel Lifschitz logró convencer al presidente. Hoy esa opción está en análisis de otros dirigentes, y también la miran con menos desprecio que hace siete años funcionarios de la alta jerarquía judicial.
En las últimas semanas, eclosionó un conflicto feroz dentro de la banda de Los Monos, que desde hace tiempo maneja la barrabrava de Newell’s. El miércoles de la semana pasada secuestraron a Lorenzo Altamirano, un joven de 29 años, músico y artista callejero, que fue levantado cuando caminaba por la calle después de salir de una sala de ensayo. El muchacho fue acribillado a unos metros del estadio de Newell’s, y –de acuerdo a la investigación- su cadáver se usó como una especie de envoltorio para pasar un mensaje.
Dentro de uno de los bolsillos del pantalón se encontró un papel con los nombre de dos miembros de Los Monos que dirigen un sector de la barra de Newell’s: Carlos “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi, condenados por homicidios y narcotráfico, que actualmente están detenidos en el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. A estos narcos, otros dos presos, que están alojados en la cárcel de Rawson, en Chubut, que también son de Los Monos, como Leandro Vilches y Eric Masini, les reclaman 1,5 millones de dólares por un cargamento de cocaína que se “perdió”. A su vez, en la puja influye que estos dos narcotraficantes se pasaron a las filas de Esteban Alvarado, también preso en Ezeiza, y rival de Los Monos.
En menos de una semana Los Monos atacaron cuatro comisarías, con balazos y bombas molotov, hubo tres atentados a dos sindicatos y también disparos contra una cárcel y un edificio municipal. A eso se suman ocho homicidios en ocho días, todos llevados adelante con sicarios. Y los sucesivos ataques a los medios de comunicación y periodistas.
Era complicado que el ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi pudiera seguir en el cargo en este contexto. Esta nueva escalada de violencia se suma a un 2022 que batió el récord de homicidios, con 288 asesinatos, una cifra superior a los crímenes que se sucedieron en 2013, cuando estalló la guerra de venganzas narco, que protagonizaron Los Monos.
Rosario es una de las ciudades con mayor cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad del país. A los 4.500 policías se suman 3500 efectivos de gendarmería. Pero nada parece alcanzar para prevenir hechos violentos que generan extrema conmoción, que son protagonizados por bandas criminales, rústicas, marginales, cuyos líderes están todos presos, y manejan desde las prisiones estos estallidos de sangre. Este año el poder de los grupos criminales amenaza aprovecharse del contexto electoral. La llegada de Brilloni puede generar una reacción en las fuerzas de seguridad y al ser un hombre que proviene de Gendarmería, que la coordinación y la efectividad de los operativos de los efectivos federales sean mayores.
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