El Narigón Vázquez, otro narco que es investigado con una llamativa tardanza por el fuero federal

Ocurrió con Los Monos, como también con Esteban Alvarado. La justicia federal siempre llega tarde, o espera que el fuero provincial abra una causa contra un narco o un criminal para hacerlo en espejo en el ámbito federal. Esa lentitud estuvo o está bajo la lupa, como sucede con el caso del exjuez Marcelo Bailaque, detenido en su domicilio con una tobillera electrónica, entre otras cosas, por corrupción y por beneficiar a Alvarado al darle tiempo, un insumo que para un criminal es muy valioso. Por lo menos demoró tres años en autorizar escuchas telefónicas contra quien era el narco más importante de Rosario.

En el caso de Fernando Sebastián Vázquez, conocido como Narigón, ocurrió algo parecido. Y desde hace unos días dejó de ser un fantasma. El Juzgado Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, procesó a este narco con prisión preventiva como líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento, que contempla penas de hasta 20 años de cárcel.

El juez también trabó un embargo sobre sus bienes por apenas 4.680.000 pesos, una cifra que delata la edad del expediente: es el monto de una causa que quedó congelada en 2018, cuando Vázquez se fugó de un operativo de la Policía Federal y se convirtió en uno de los prófugos más buscados de Santa Fe. Volvió a ser visible para los investigadores a partir de su intervención en los crímenes de Andrés Pillín Bracamonte y su lugarteniente en la barra de Rosario Central Ricardo Attardo, en noviembre de 2024, que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación de Rosario.

Andrés Pillín Bracamonte, asesinado en Rosario.

El procesamiento, dictado a instancias de la Unidad Fiscal Rosario a cargo de Federico Reynares Solari, cierra un círculo que tardó casi una década. La causa —expediente FRO 28847/2014— nació de una tragedia: la muerte de dos jóvenes que consumieron drogas de diseño en la fiesta electrónica de Punta Stage, en Arroyo Seco, el 1° de enero de 2017.

Una denuncia señaló entonces a un vendedor que habría ingresado las pastillas al predio donde bailaban 3200 personas, con búnkeres en el macrocentro rosarino y una cocina de drogas camuflada en una veterinaria de Oroño y Saavedra. A partir de las escuchas ordenadas por el entonces fiscal federal Claudio Kishimoto, la División Antidrogas de la Federal reconstruyó una red con dos núcleos: uno encabezado por Cristian "Negro" González, un hombre ligado a Los Monos que operaba los puntos de venta de Villa Moreno, y otro, más arriba en la cadena, dirigido por un tal "Seba" que abastecía de cocaína al primero. Ese proveedor era Vázquez.

Las transcripciones telefónicas que reproduce la resolución muestran el lenguaje cifrado del negocio, con las "medias remeras", el "pescado" y las "torrejas" como unidades de medida. En una de esas conversaciones, González le reclama mercadería a "Seba" porque "me dicen todos que consiguen en otro lado más barata". En otra, ante la presión de la vigilancia, Vázquez le advierte: "Hay que cambiar los números urgente". La preventora documentó, además, el desfile de compradores en la casa de la pareja de Vázquez, María Laura Ríos, en Viamonte 1076, de donde González se retiraba con bolsas y cajas.

El final de esa etapa fue cinematográfico. El 9 de junio de 2018, los federales escucharon que Vázquez iba a encontrarse con su propio proveedor, Andrés Daniel Uriz, en Ferreyra y Juan B. Justo, en Arroyito. Uriz le entregó dos panes compactados de cocaína —poco más de dos kilos— a cambio de 120.000 pesos. Cuando los intervinientes advirtieron la presencia policial, Vázquez huyó en un Volkswagen Fox, lo abandonó en Leguizamón al 1000 y se esfumó. Ríos quedó detenida con la droga en el auto; Uriz, con la plata en su camioneta. El resto de la banda cayó en los allanamientos posteriores y fue condenado en 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 3: González recibió 18 años de prisión, en un fallo que Casación confirmó en 2023.

Vázquez fue durante años una figura central y a la vez inasible del mapa narco rosarino.

Vázquez, en cambio, siguió siendo un espectro. La resolución de Vera Barros registra un detalle que retrata la impunidad de esos años: mientras estaba prófugo y con captura vigente, el Narigón nombró abogado defensor y presentó pedidos de exención de prisión, que el juzgado rechazó en 2019. Es decir: litigaba a través de sus letrados mientras el Estado era incapaz de encontrarlo.

Como publicó AIRE, Vázquez fue durante años una figura central y a la vez inasible del mapa narco rosarino. Un mayorista que abastecía a varias bandas —tuvo vínculos con Los Monos, entre ellos con Ramón "Monchi" Machuca, y luego con la órbita de Los Menores— pero que se movía con un perfil tan bajo que ninguna investigación lo rozaba. En su casa del barrio Abasto desfilaban vendedores que se llevaban la "mercadería" en cajas. Manejaba autos de alta gama sin tener ingresos formales. Algunas fuentes atribuyen esa invisibilidad no a su astucia sino a los aportes que habría hecho durante más de una década a distintos sectores de la policía.

Su nombre volvió a la superficie por el crimen que sacudió a Rosario: la ejecución de Andrés "Pillín" Bracamonte y Daniel "Rana" Attardo, jefe y segundo de la barra de Rosario Central, el 9 de noviembre de 2024, a 150 metros del Gigante de Arroyito. Los fiscales provinciales identificaron una Citroën Air Cross —a nombre de Alejandro Vázquez, su hermano, sin antecedentes— que trasladó a los sicarios desde el barrio 7 de Septiembre hasta las inmediaciones del estadio. Para la fiscalía, el Narigón fue quien puso a los tiradores en la escena, en el marco del reacomodamiento del negocio narco que consolidó a Los Menores en el control de la hinchada canalla. En octubre pasado estuvo a punto de caer en un complejo termal de Victoria, Entre Ríos, pero escapó al monte después de que el comisario local ventilara la búsqueda ante los medios. Recién el 16 de junio de este año la Tropa de Operaciones Especiales lo atrapó en una casa de pasillo de Villa Gobernador Gálvez, el refugio clásico de los narcos rosarinos. La provincia ofrecía 25 millones de pesos de recompensa.

El dato incómodo de la resolución federal está en su propio relato: la captura de Vázquez no fue producto de la orden federal vigente desde hacía ocho años, sino de un allanamiento dispuesto por el fiscal provincial Andrés Hueso, del Equipo de Violencia Altamente Lesiva del MPA, por el homicidio de Bracamonte y Attardo. El fuero federal "efectivizó" su captura de rebote, y el detenido quedó a disposición conjunta de ambas jurisdicciones. Primero lo imputaron los fiscales provinciales por el doble crimen, el 30 de junio; recién después llegó la indagatoria y el procesamiento federal.

La secuencia repite un patrón que ya es estructural en Rosario. A Los Monos los condenó primero la justicia provincial —el megajuicio de 2018 contra el clan Cantero— y el fuero federal recién llegó años más tarde con las causas por narcotráfico. Con Esteban Alvarado ocurrió lo mismo: fue la justicia santafesina la que lo condenó a prisión perpetua por homicidio y asociación ilícita, mientras las causas federales por drogas avanzaban a paso de trámite. El fuero que tiene la competencia exclusiva sobre el narcotráfico —el negocio que ordena toda la violencia de la ciudad— corre sistemáticamente detrás de los fiscales provinciales, que investigan los homicidios que ese negocio produce.

Esa lentitud no es solo un problema de recursos. El fuero federal rosarino atraviesa la peor crisis de su historia, con dos de sus jueces bajo sospecha de haber trabajado para el otro lado del mostrador. Marcelo Bailaque renunció el año pasado, antes de ser destituido por el jury que lo investigaba por sus vínculos con el negocio narco y el uso de causas judiciales para favorecer a terceros. Gastón Salmain está suspendido y con pedido de prisión preventiva. No se trata, entonces, únicamente de una justicia que llega tarde: durante años, parte de esa justicia estuvo comprometida con los intereses que debía investigar.

El caso Bailaque es el que mejor ilustra esa connivencia, y explica en parte por qué la causa contra Alvarado se pudrió durante años en el fuero federal. Como reveló Aire de Santa Feen junio de 2024, el entonces juez del Juzgado Federal N° 4 compartía contador con el jefe narco que debía investigar: Gabriel Mizzau, su amigo y excompañero del colegio Dante Alighieri, firmaba los balances de Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL —dos de las empresas pantalla con las que Alvarado lavaba el dinero del narcotráfico— mientras le llevaba, al mismo tiempo, las cuentas personales al magistrado. La trama tenía además una rama familiar: Sebastián Mizzau, hijo del contador, ingresó en 2017 y sin concurso al juzgado de Bailaque, justo cuando allí tramitaba la pesquisa por lavado contra Alvarado, y trabajó bajo sus órdenes hasta 2024, cuando fue ascendido al Tribunal Oral Federal N° 3.

Esa revelación fue el punto de partida de la investigación que terminó con la carrera del juez. Los fiscales le reprochan haber denegado y dilatado, entre 2013 y 2015, medidas cruciales —entre ellas escuchas telefónicas— en la causa contra Alvarado y su socio Luis Medina, un expediente que quedó paralizado en su juzgado mientras el narco acumulaba una fortuna. Buena parte de los datos que dormían allí sirvieron, años después, para que los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery lo condenaran a prisión perpetua.

En mayo pasado, Mizzau aceptó una condena y se convirtió en imputado colaborador —el tercer arrepentido contra Bailaque, después de Carlos Vaudagna y Fernando Whpei—, comprometido a revelar cómo creció el patrimonio del exjuez, para quien los fiscales ya pidieron diez años de prisión por lo que calificaron como un caso paradigmático de corrupción estructural dentro del Poder Judicial.