La empresa International Auto Supply SA, que el argentino había instalado en Asunción, tomó hace tres años un giró que nada tenía que ver con los coches de lujo que traía a ese país: la importación de más de 43.000 armas de Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia a Paraguay.
Esa cantidad de pistolas y fusiles estaban destinadas en teoría al mercado interno de Paraguay, pero a los investigadores brasileños no les cerraba una cuenta: según datos oficiales de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) en ese país hay registradas sólo 22 armerías para vender armas.
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En los papeles las operaciones que ejecutaba Diego Dirisio y su pareja, la exmodelo Julieta Nardi, parecían legales, salvo que para lograr la autorización de esas compras pagaba millonarios sobornos a militares de que “controlan” la DIMABEL, según confirmó a AIRE la fiscal paraguaya Fabiola Molas.
Y otra cosa más grave: las pistolas y fusiles –a los que les adulteraban la numeración en Ciudad del Este- terminaron en manos de los grupos criminales Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho. “El negocio no era el abastecimiento de armas al mercado legal a nivel local, sino que el destino final de las armas eran los grupos criminales brasileños”, explicó Molas a este diario.
Dirisio y su pareja están prófugos desde el martes pasado. Nada se sabe de él. El empresario sabía que la Policía brasileña estaba detrás sus pasos desde 2020.
Lo acusaban de haber importado de manera legal más de 230 millones de dólares en armas que terminaban con la numeración limada en manos de PCC y Comando Vermelho. La Justicia brasileña sospecha que en Paraguay se filtró la información de su detención. Tienen argumentos para sospechar por los altos niveles de corrupción en Asunción.
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Diego Hernán Dirisio y su pareja están prófugos desde el martes pasado. Los buscan en Brasil, Paraguay y la Argentina.
Se sospecha que pagaba coimas millonarias a los militares y funcionarios de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) para que habilitaran las importaciones de pistolas y fusiles de Croacia, Turquía y República Checa.
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Como Dirisio sabía que lo investigaban esperó el momento justo, más de 50 allanamientos en Paraguay y Brasil, para esfumarse con su pareja que era directiva en la empresa.
El empresario argentino estaba seguro que tarde o temprano la Policía Nacional de Paraguay iba a tocar la puerta de su mansión. Por eso, su abogado presentó un habeas corpus el 4 de diciembre en el que planteó que la importación de armas se hizo de manera legal.
La jueza civil y comercial Vivian López rechazó el planteo. “La presentación se hizo de manera simultánea a los allanamientos, con lo cual queda claro que tenía la información de que se lo iba a detener por pedido de la justicia brasileña”, advirtió la fiscal. Brasil sospecha que en Paraguay le filtraron la información al empresario argentino.
Brasil llamó a la operación Dakovo, que es el nombre de una de las ciudades croatas de donde provenían las armas. La operación de adquisición de material bélico que montó Dirisio era bastante compleja.
Su principal estrategia giraba por las relaciones políticas que tenía en Asunción, donde tejió –según las fuentes judiciales consultadas por AIRE en Paraguay- un vínculo cercano con el exvicepresidente Hugo Velázquez, que renunció a su cargo y a la carrera presidencial en agosto de 2022, luego de quedar envuelto en un escándalo que no tiene muchos antecedentes en el mundo: el gobierno de Estados Unidos le prohibió la entrada a ese país por considerar que participaba en “actos significativos de corrupción”.
Velázquez era el favorito dentro del partido Colorado, que lo tiene como líder histórico a Horacio Cartes, para suceder a Mario Abdo. Fue finalmente otro dirigente colorado quien asumió al frente del país guaraní, el economista Santiago Peña.
La estrategia que usaba Dirisio para importar armas tenía aspecto legal. Por lo menos, contaba con la autorización de DIMABEL para comprar armas de Croacia, República Checa, Eslovenia y Turquía. Según detalló a este sitio la fiscal Molas, en los últimos tres años adquirió unas 43.000 armas por un valor de unos 240 millones de dólares. La operación se realizaba con la firma International Auto Supply SA.
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El otro engranaje que había montado Dirisio era para pagar: la empresa contaba con las autorizaciones en Paraguay, pero no podía sortear los controles en el exterior. Para el giro de los fondos uno de los alfiles era un estadounidense que vive en Kansas, que también se encuentra prófugo. Por su participación tomó relevancia en la investigación el rol de Homeland Security.
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La compras de armas a Croacia, Eslovenia, República Checa y Turquía, Diego Hernán Dirisio las realizaba con la firma International Auto Supply SA.
Lo que se sospecha es que esta operación comenzó a montarse después de que Estados Unidos prohibiera la exportación de armas a Paraguay en 2019. El gobierno norteamericano tomó esta medida porque el 41 por ciento de lo que se adquiría terminaba en el mercado negro y alimentaba la violencia de las organizaciones criminales brasileñas, como PCC, que coparon Paraguay, cuya matriz narco cambió en los últimos años, convirtiéndose a través de la hidrovía Paraná-Paraguay en un hub logístico de la cocaína que se produce en Bolivia y Perú.
Las armas que llegaban a Asunción no tenían como destino las 22 armerías que están registradas en Paraguay, sino Ciudad del Este, la zona de la triple frontera. El rol de los militares paraguayos era clave en la operación, ya que la Dirección de Material Bélico era la encargada de aportar las autorizaciones para la importación de las armas, como así también los controles de que llegaran a destino, algo que no ocurría.
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Dirisio tenía aparte de los contactos políticos vínculos con la plana mayor de las fuerzas armadas paraguayas. Su nexo, según la investigación, era con el general Arturo González. que utilizó influencias para nombrar al general Jorge Orué Roa en DIMABEL. La justicia brasileña tiene conversaciones y mensaje de Whatsapp entre Arturo González y Eliane Marengo Subeldía, imputada y vendedora externa de International Auto Supply SA.
Orué Roa se entregó el miércoles a la Policía Nacional en la ciudad de Concepción. Son once los militares aprehendidos hasta ahora. Este general fue director de DIMABEL hasta el 7 de octubre de 2020. En la imputación los fiscales señalan que Orué Roa ayudó a Dirisio y a su empresa a importar armas desde Europa.
“El general retirado habría usado sus influencias como director de DIMABEL para intervenir en procesos administrativos que la empresa IAS se encontraba gestionando, desde requisitos de importación de armas, gestiones de presuntos compradores que debían realizar ante Dimabel y pedidos de informes que la misma Dimabel requería a la empresa IAS. Todo esto a cambio de regalos, pagos y promesas de beneficios”.
Según las fuentes judiciales consultadas, en esa zona gris fronteriza grupos vinculados al narcotráfico locales adulteraban la numeración de las armas para evitar que sean detectadas. Cruzaban a Brasil ocultos en camiones que iban hasta Río de Janeiro, San Pablo y Bahia.
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Una camioneta que está a nombre de la empresa de Diego Dirisio, considerado el mayor traficante de armas de Sudamérica, fue hallada el pasado 12 de diciembre en un estacionamiento en la ciudad de Asunción.
En esta última ciudad se produjo el primer hallazgo de armamento que había adquirido el empresario argentino en Croacia. “La información que maneja la justicia brasileña es que ese tipo de armamento servía para proveer de pistolas y fusiles a PCC y Comando Vermelho”, afirmó Molas.
En Argentina se detectó un caso similar a la operación Dakovo, pero a menor escala. El que alertó sobre el tráfico de fusiles de alto poder fue la misma agencia que empezó la investigación que detonó en Brasil y Paraguay: Homeland Security.
En 2021 Román Ragusa, uno de los líderes argentinos de una organización que ingresaba a Paraguay armas que importaba desde Estados Unidos, fue condenado a siete años de prisión. En esa investigación se detectaron vínculos entre argentinos y paraguayos que habían montado un circuito de comercialización ilegal de armas. Y otro punto importante fue que el destino final de los fusiles AR15 también eran PCC y Comando Vermelho.
En el procesamiento que dictó el juez en lo penal Económico Pablo Yadarola se advirtió que esta organización se dedicaba “al contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones y piezas e instrumental para producirlas, "así como también procuraban dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual".
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"El armamento habría provenido del crimen organizado a nivel internacional, y, conforme surge de las constancias de autos, podrían haber tenido como destino el abastecimiento de grupos criminales que operarían en diferentes países, como Brasil y Paraguay", afirmó Yadarola en la elevación a juicio.
Esta causa comenzó el 17 de octubre de 2018 cuando la División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puso en conocimiento del juez Yadarola un pedido de "envío controlado" presentado por la División Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de la embajada de los Estados Unidos en la Argentina.
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La organización que dirigía Diego Hernán Dirisio llevaba adelante actividades de contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, piezas e instrumental para producirlas.
En el escrito se informaba que cinco días antes, la oficina Miami de Homeland Security Investigations (HSI) había interceptado un paquete que contenía 100 piezas de armas de alto calibre. La carga simulaba ser indumentaria deportiva que tenía como destino final un domicilio de la ciudad de Campana.
El 20 de octubre de 2018 llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionarios del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos con una valija negra en cuyo interior había una caja de cartón con las piezas de armas de alto calibre. Se decidió reemplazar la carga original por partes de maderas pintadas de negro, acondicionadas en bolsas herméticas y baterías aportadas por la Gendarmería Nacional. Se les puso un rastreador satelital.
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Era el comienzo de una investigación que terminó descubriendo "una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, piezas e instrumental para producirlas, como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual", según la descripción que hizo el juez en el expediente.
Uno de los puntos claves de esta investigación es la relación de parte de los acusados con traficantes de armas de Paraguay, a quienes les enviaban armamento por diferentes vías. La sospecha, según se desprende de la causa, es que el tránsito final de las armas que se enviaban desde la Argentina tenía como destino bandas criminales brasileñas.
"Podrían haber tenido como destino el abastecimiento de grupos criminales que operarían en diferentes países, tales como Brasil y Paraguay", explicó Yadarola. Se sospecha que esas bandas serían el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
