Este domingo se cumplen cuatro años del asesinato del comerciante y financista Hugo Oldani, muerto tras un asalto protagonizado por un grupo conformado por al menos cuatro hombres y una joven que, dispuestos a todo, planificaron asaltar la agencia de turismo en donde además funcionaba una cueva financiera, en pleno microcentro de Santa Fe.
Por el crimen, en 2023 fueron condenados en el marco de un juicio oral, con penas de prisión perpetua, el custodio en seguridad, Juan Manuel Ruffino, que ofició como chofer de la banda, y el relacionista público, Andrés Kaipl, señalado como quien desplegó las tareas de inteligencia previas al robo fatal.
Previo al juicio fue condenado el "campana" de la banda, Brian Damiani, que aceptó 12 años de prisión, y la entonces menor que participó del robo, Agustina González, cuya causa se tramitó en el fuero de menores de Santa Fe y en donde le impusieron 10 años de cárcel. No obstante, Bruno Figueroa, el joven que mató a Oldani, apareció muerto en su celda de la cárcel de Las Flores en septiembre del 2021.
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Por el crimen del empresario, se abrieron en la Justicia federal otras investigaciones tras ser detectado que dentro de la oficina funcionaba una cueva financiera y de la cual desaparecieron miles de dólares y millones de pesos. La primera investigación apuntó a la intermediación financiera no autorizada que se realizaba de manera habitual en Turismo Oldani SRL; y otra, que apuntó a quienes habrían encubierto este funcionamiento ilegal. Entre ellas, la fiscal Cristina Ferraro.
En cuanto a la causa que investigó la intermediación financiera, el expediente fue elevado a juicio en febrero del 2022 con diez personas en el banquillo de los acusados. Se trata de Virginia Oldani (hija del comerciante asesinado), María José Calle, Carina Chelmo, Leandro Forchetti, Flavio Giuolini, Marco Molinas, Ariel Trucco, Eugenio Alonso, Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo. Todos procesados en estado de libertad y a la espera del juicio en el Tribunal Oral Federal.
Sin embargo, el juicio aún no tiene fecha de arranque, ya que queda pendiente ser resuelto en la Cámara Federal de Casación Penal un recurso interpuesto por las defensas de Trucco, Forchetti, Chelmo, Giulioni y Alonso, quienes pidieron que un tribunal superior revise si es viable poder hacer tareas comunitarias (mediante una “probation”) para evitar el juicio.
El planteo ante la Cámara se dio luego de que el juez Germán Sutter Schneider rechazó los pedidos de probation realizados por todos los imputados y dispuso que los hechos investigados se ventilen en un juicio oral y público.
Detrás de ese expediente se encuentra la otra causa que investigó el encubrimiento de la cueva financiera y por la que se encuentran procesados la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Cristina Ferraro, acusada de permitir la desaparición de 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares que se encontraban dentro de la oficina y los cuales fueron retirados por Diego Marcos Medera, José Luis Hernández (yerno del fallecido) y la entonces asesora de la Policía de la Policía de Santa Fe, Virginia Venetucci.
A juicio también fue enviado el policía de la Unidad Regional I, Julián Nizzo, procesado por desobediencia a un funcionario público, ya que, según la acusación, mientras se desempeñaba como jefe de la Primera Zona de Inspección levantó la custodia permanente que se había ordenado para cuidar la escena del crimen en donde mataron a Oldani.
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