La Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento de Cristina Ferraro, la fiscal de Santa Fe suspendida en sus funciones por su irregular desempeño en las investigaciones sobre el homicidio del empresario Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 en la Galería Rivadavia de esta capital.
Cristina Ferraro, fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, fue suspendida en sus funciones por decisión de la Legislatura de Santa Fe.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalEl 7 de junio de 2022, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, provisoriamente a cargo del Juzgado N°2 de Santa Fe, procesó a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Cristina Ferraro, por haber permitido que la familia de Oldani retire una millonaria suma de dinero, en pesos y dólares, que se encontraban en el interior de Turismo Oldani, donde además de una empresa dedicada al rubro turístico funcionaba, presuntamente, una cueva financiera.
El 24 de noviembre del año pasado, en sesión conjunta de diputados y senadores, la Legislatura de la provincia de Santa Fe suspendió por el término de cinco meses y sin goce de haberes a la fiscal Ferraro, luego de una investigación encabezada por el diputado Leandro Busatto.
En aquella resolución, se dejó establecido que la fiscal era suspendida, a la espera de la decisión que tomara la Cámara Federal de Rosario con respecto a su procesamiento. En caso de que quedara en firme, se avanzaría entonces hacia su posible destitución del cargo.
Se aguarda que la semana próxima el diputado Busatto solicite la reapertura del caso, por lo que no se descarta que Ferraro -quien todavía no retornó a sus funciones luego de ser suspendida- ya no vuelva a ocupar su cargo en el Ministerio Público de la Acusación.
En su defensa ante los legisladores, Ferraro reconoció que los familiares de Oldani se llevaron de las oficinas el dinero -nadie sabrá jamás si también se llevaron documentación relevante para la causa-, pero aseguró que ella nunca se percató de que esto estaba sucediendo. Lo dijo a pesar de que estas personas dejaron la empresa cargando bolsos, mochilas y hasta una caja.
Cristina Ferraro y una noche plagada de sospechas
Tal como revelara AIRE en su momento, el desempeño de Ferraro en la Causa Oldani resultó sospechoso desde los primeros minutos posteriores a la muerte del empresario.
Aquella noche, la fiscal llegó a la Galería Rivadavia acompañada por un grupo de policías. Al mismo tiempo, llegaron al lugar los familiares de Oldani, a quienes se les permitió ingresar a las oficinas de la empresa -la escena del crimen- desde donde retiraron más de tres millones de pesos y más de un millón de dólares, que poco antes habían sido fotografiados por los investigadores.
Pero eso no fue todo. Los familiares de Oldani también tuvieron acceso a las computadoras de la empresa vía remota, lo que les pudo haber permitido eliminar información esencial en caso de que se termine comprobando de que allí funcionaba una "cueva financiera".
Poco después del homicidio, Ferraro fue apartada del Caso Oldani por orden del fiscal regional Carlos Arietti, quien nunca explicó en público cuáles fueron los motivos de su decisión. Arietti concursó hasta hace pocos días para convertirse en fiscal general de la Provincia de Santa Fe, hasta que renunció al concurso a pesar de haber sorteado con éxito las evaluaciones previas.
En febrero de 2022, el fiscal federal Walter Rodríguez firmó el pedido formal de elevación a juicio de la causa que intenta determinar si en el lugar del crimen de Oldani funcionaba una "cueva". En el banquillo de los acusados por el delito de "intermediación financiera no autorizada" habrá diez personas: Virginia Oldani, María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo.
Pero los efectos colaterales del homicidio de Hugo Oldani no terminaron allí. A principios de junio, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a la fiscal Ferraro por el delito de "encubrimiento por favorecimiento real, agravado por la condición de funcionaria pública". También procesó a los civiles José Luis Hernández, Virginia Venetucci. Y a los policías Walter Barco y Hernán Galán por el posible delito "inutilización de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente".
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