La fiscal Cristina Ferraro se presentó con su abogado, Sebastián Oroño, ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial.
Hasta último momento existían dudas sobre la posibilidad de que la fiscal Cristina Ferraro se presentara durante la mañana de este miércoles ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe, para ejercer su derecho de defensa en la investigación que intenta dilucidar si cometió irregularidades en su actuación frente al homicidio del empresario Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 en una galería céntrica de esta ciudad.
Sin embargo, cerca de las 9.30, Ferraro llegó a la Legislatura acompañada por su abogado, Sebastián Oroño, para dar sus explicaciones sobre lo sucedido aquella noche, cuando familiares de Oldani ingresaron a las oficinas de la empresa y abandonaron la escena del crimen cargando bolsos, cajas y mochilas. En aquel momento, poco más de 1 millón de dólares y 3 millones de pesos que habían sido fotografiados por la policía en el lugar, desaparecieron.
Nunca se sabrá si, además del dinero, estas personas también se llevaron documentación que pudo haber sido importante para investigar el homicidio, u otro posible delito. De hecho, en estos momentos hay diez personas procesadas por la Justicia Federal, acusadas de haber participado de la posible existencia de una cueva financiera en Oldani Turismo.
Según trascendió poco después del homicidio, durante la noche posterior al crimen de Oldani algunas cámaras de seguridad de la galería Rivadavia fueron apagadas por policías. Y recién comenzaron a funcionar durante las primeras horas de la mañana siguiente.
El diputado Leandro Busatto, como acusador en la investigación que sobre el accionar de Ferraro en el Caso Oldani, está convencido de que la fiscal debe ser removida de su cargo, a partir de las evidencias recolectadas en el proceso. De todos modos, la decisión final estará en manos de la Asamblea Legislativa, que tendrá la posibilidad de determinar la inocencia de Ferraro, de suspenderla por hasta 6 meses en sus funciones, o expulsarla del Ministerio Público de la Acusación.
La exposición de Ferraro ante los integrantes de la Comisión de Acuerdos -que preside el senador Joaquín Gramajo- fue a puertas cerradas. Sin embargo, AIRE pudo reconstruir- a partir de distintos testimonios- los argumentos esenciales que la fiscal planteó a los legisladores presentes en este caso de resonancia pública.
Según Ferraro, poco después de confirmarse la muerte de Hugo Oldani, ella y un grupo de policías se hicieron presentes en la Galería Rivadavia. Lo mismo sucedió con la hija del empresario, Virginia Oldani, su esposo, una empleada de la firma y una abogada que trabajaba para el Ministerio de Seguridad.
La fiscal explicó que Virginia Oldani le pidió autorización para ingresar a las oficinas de la empresa para retirar el DNI de Hugo Oldani, ya que lo iba a necesitar para los trámites posteriores al deceso de su padre.
Dijo que por una cuestión humanitaria decidió autorizar su ingreso a la escena del crimen, pero que jamás autorizó a los familiares a retirar otra cosa que no fuera el DNI. En este sentido, Ferraro afirmó que no se percató que la hija de Oldani y el resto de estas personas salían de las oficinas con mochilas, bolsos y una caja, sino que se dio cuenta de lo que había sucedido poco después, al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la galería.
Ferraro insistió en que ninguno de los presentes -policías y funcionarios judiciales- dejó asentado en ningún acta de procedimiento que se hubiese autorizado a los familiares a retirar el dinero. Y resaltó que tampoco quedó asentado que alguien se hubiese dado cuenta de que estas personas salían del lugar con bolsos, mochilas y una caja.
Uno de los legisladores presentes le preguntó si la hija de Oldani había ingresado a las oficinas sin acompañamiento, a lo que Ferraro respondió que no era ella la responsable de tomar ese tipo de recaudos, sino que eso dependía del policía que actuaba como coordinador de la escena del crimen.
Además, la fiscal insistió en que los familiares de Oldani y quienes los acompañaron esa noche mintieron al afirmar que ella los autorizó a retirar el dinero -el millón de dólares y los tres millones de pesos- de las oficinas.
En Oldani Turismo existía también una caja fuerte, pero nunca se sabrá que había en su interior porque no se ordenó su apertura. Y como no se controló el ingreso de los familiares de Oldani al lugar, tampoco se sabe si retiraron lo que pudo haber habido en esa caja fuerte.
En sus alegatos, la fiscal Ferraro recordó que su jornada laboral había comenzado muy temprano en la mañana y que, cerca de la medianoche, tomó la decisión de suspender hasta el día siguiente el relevamiento de pruebas. Su idea -afirmó- era fajar la puerta, dejar una guardia y continuar con la labor durante la mañana, ya que suponía que el dinero y el resto de los elementos de potencial importancia para las investigaciones continuaban dentro de las oficinas.
La fiscal reconoció haber cometido un error, pero remarcó que no puede hablarse de delito, corrupción o malas intenciones de su parte.
Según Cristina Ferraro, el fiscal regional, Carlos Arietti, estuvo al tanto del caso desde un primer momento y jamás existió un reproche de su parte. En este sentido, hizo una aclaración: dijo que nunca fue apartada de la Causa Oldani por su modo de llevar adelante las investigaciones, sino que se produjo una reasignación de casos para que pudiera evitar su desgaste público y trabajar en otras causas con la tranquilidad necesaria.
Ferraro insistió en que llegó a la escena para investigar un homicidio, y no otro posible delito. Afirmó que poco después le comunicó a Carlos Arietti de la existencia de más de 1 millón de dólares y 3 millones de pesos en esa empresa de turismo, pero que el fiscal regional consideró que ese solo elemento no resultaba suficiente como para iniciar una investigación por un posible delito complejo -como la existencia de una cueva financiera en el lugar-.
Esto ocurrió después de que trascendiera, a través de un medio de comunicación, una fotografía tomada por la policía, en la que se observaba claramente la existencia de este dinero en una estantería dentro de las oficinas de Oldani. En ese momento, se dio intervención a la exfiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, quien dejó su cargo a principios de este año porque se jubiló.
A partir de ahora, el proceso contra Cristina Ferraro continuará su curso y se espera que en las próximas semanas la Asamblea Legislativa decida su suerte. Mientas tanto, continúa procesada por la Justicia Federal, a raíz de su actuación durante aquella noche del 11 de febrero de 2020.
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