Este martes, en la comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe, se llevó a cabo la ronda de declaraciones testimoniales y de producción de pruebas en el marco de la investigación contra la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Cristina Ferraro, por su desempeño en la causa del homicidio del empresario Hugo Oldani. En la audiencia, prestaron declaración dos policías de Santa Fe que estuvieron en la escena horas después del crimen de Oldani, y el exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain. Las declaraciones de los testigos y la participación de los legisladores se hicieron bajo modalidad mixta: algunos de forma virtual y otros, de forma presencial.
Se llevó a cabo la ronda de testimoniales en el marco de la investigación por desempeño de la fiscal Ferraro en la causa Oldani.
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En diálogo con AIRE, el diputado acusador frente a la comisión de Acuerdos, Leandro Busatto calificó a la ronda de testimoniales de “positiva” y aseguró que “los testigos que ofrecimos ratificaron todo lo que hemos dicho”.
“Se ratificó frente a la comisión lo que se había dicho frente a la auditoría del MPA y en sede policial. Está más que comprobado”, dijo el legislador, quien agregó que “hay que seguir adelante con el proceso de investigación porque a medida que avance se va a ir comprobando lo que venimos sosteniendo. Hay pruebas contundentes”.
Según explicó el diputado, la semana que viene se procederá a la clausura del período probatorio y luego vendrá el período para escuchar a la funcionaria. “Tiene que ir Ferraro a la Legislatura”, dijo.
El extitular de la cartera de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain reveló a AIRE que se limitó a responder dos preguntas y pidió que se remitan a la denuncia efectuada por él mismo. Además, el exfuncionario sostuvo que el ámbito legislativo no es el adecuado para juzgar a funcionarios del MPA. “Dije que no me parecía legítima esa comisión para juzgar fiscales porque vulnera la división de poderes”, dijo Sain y agregó: “Respondí solo dos preguntas: qué cargo ocupaba en febrero del 2020; ministro de Seguridad; y cómo me había anoticiado del homicidio de Oldani; estaba en Tucumán porque habíamos viajado a una reunión del Consejo de Seguridad Interior. Allí me enteré”.
Según precisó Sain, el resto de las preguntas estuvieron referidas a la causa Oldani “y me negué a responder a todas, porque considero que hay una investigación judicial a partir de una denuncia que efectué yo”.
“Si quieren saber qué supe yo en aquel momento, vean la denuncia”, lanzó.
Acusación
El lunes, Busatto presentó la acusación formal y adjuntó una serie de pruebas. Mediante sus redes sociales, el legislador precisó: “Presentamos en la Comisión de Acuerdos la acusación contra la fiscal Cristina Ferraro por su actuación en la causa Oldani”, y sostuvo que “había en la escena del homicidio un millón de dólares y tres millones de pesos que no fueron resguardados, entre otras irregularidades”.
Busatto había pedido, el pasado 8 de junio, que la Comisión de Acuerdos se avoque para analizar el caso de la fiscal Ferraro. Horas después del asesinato de Oldani, el 11 de febrero del 2020, según la denuncia, dos cámaras de seguridad que apuntaban hacia Oldani Turismo se apagaron mientras los familiares ingresaban a las oficinas. Y al día siguiente, las cámaras volvieron a funcionar con normalidad. El dinero y la documentación que algunas horas antes estaban en la empresa, jamás aparecieron.
Por todo lo sucedido durante aquella jornada, Cristina Ferraro, dos policías -Walter Barco y Hernán Galán- y tres civiles -José Luis Hernández, Virginia Venetucci y Diego Marcos Medero- terminaron procesados por la Justicia federal por los posibles delitos de encubrimiento e "inutilización de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente". Para Busatto, “la fiscal no incautó el dinero, no revisó la caja fuerte por pedido de un familiar de la víctima y en los minutos posteriores permitió que familiares y empleados de Oldani retiren efectivo y documentación. La imagen, también publicada en medios de comunicación”.
¿Qué hizo Cristina Ferraro la noche del asesinato de Hugo Oldani?
A poco de la muerte del empresario, la fiscal Ferraro llegó a las oficinas de Turismo Oldani acompañada por policías. Mientras esto sucedía, arribaban a la escena del crimen la hija de Oldani, su pareja, una empleada de la empresa, el esposo de la empleada y una amiga que se desempeñaba como abogada en el Ministerio de Seguridad. Los primeros policías que habían ingresado a la escena del crimen fotografiaron una caja fuerte que se encontraba cerrada, poco más de 3 millones de pesos y algo más de 1 millón de dólares en un estante y documentación diversa sobre los escritorios. Súbitamente -y en presencia de la fiscal- las cámaras que apuntaban hacia las oficinas se apagaron y recién volvieron a funcionar al día siguiente.
En el interior de las oficinas, la fiscal impidió que los policías abrieran la caja fuerte o secuestraran la documentación y el dinero que había sido registrado por las fotografías previas.
Luego, se les permitió a los familiares de Oldani que se quedaran solos en el local. Ingresaron con las manos vacías, pero salieron portando una caja, una mochila y bolsos llenos. Jamás se supo cuál fue el destino del dinero que se encontraba en los estantes, de la documentación que había sobre los escritorios y, mucho menos, qué había dentro de aquella caja fuerte. Ferraro abandonó la galería Rivadavia acompañada por policías por calle La Rioja. Al mismo tiempo, los familiares de Oldani y la amiga abogada abandonaban el lugar hacia calle Rivadavia. Tiempo después, cuando la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, le preguntó a Ferraro si sabía algo del dinero desaparecido, le respondió que no tenía ninguna información. Pero le ocultó un dato clave: que había sido ella la que impidió a los policías que secuestraran el dinero y que abrieran la caja fuerte, y que estuvo todo el tiempo presente mientras los familiares de Oldani ingresaban a las oficinas y salían con bolsos llenos.
Por la presunta existencia de una cueva financiera en esta empresa hay diez personas que deberán enfrentar un juicio oral y público en la Justicia federal: María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo.
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