A través de documentos históricos y nuevas identificaciones forenses se reconstruye la verdad detrás de un número que el negacionismo intenta cerrar.
La cifra de los 30.000 es una construcción abierta que se sostiene sobre archivos desclasificados.
Siempre que se acerca un 24 de marzo y la agenda recuerda a los 30 mil desaparecidos por la última dictadura cívico militar, muchos chicanean e intentan bajarle la gravedad al tema, al decir que la cifra es menor. Muchos de ellos son periodistas que saben perfectamente cómo sufrieron muchos de sus colegas en el período de 1976 a 1983.
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Semanas atrás, Eduardo Feinmann hablaba sobre el conflicto entre Irán e Israel, una disputa que deja muertos a diario. "Ahí sí que fueron 30 mil o más", lanzó como un comentario al pasar. Ninguno de sus compañeros le advirtió que estaba mal negar a los desaparecidos en un medio de comunicación. Tampoco pidió disculpas. Ese cinismo no es un error de cálculo: es una voluntad política de invisibilizar la tortura a través de un número.
Lo que estos discursos omiten es que la cifra de 30 mil desaparecidos no es un capricho matemático, sino un consenso político y social nacido del propio Estado terrorista. Negar el número basándose en registros oficiales es, en el mejor de los casos, una ingenuidad. En el peor, una complicidad tardía con quienes quemaron los archivos antes de retirarse.
Como se dijo en muchas oportunidades, el número es y siempre será indeterminado porque el genocidio se ejecutó en la clandestinidad de 814 centros clandestinos de detención. Si tenemos en cuenta los documentos del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown, la dictadura "eliminó" a 22 mil personas desde que comenzó el golpe hasta 1978. Si a solo dos años del golpe esa era la magnitud, es de un negacionismo absoluto pretender que la cuenta paró hasta 1983.
El informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) es contundente: la dictadura puso el foco de la represión sobre los periodistas porque los consideraba un peligro para su plan. No fue casualidad: necesitaban silenciar a quienes podían cuestionar públicamente el terror. El mismo 24 de marzo de 1976, el comunicado N° 19 ya advertía penas de hasta 10 años para quien difundiera noticias que "desprestigiaran" a las fuerzas armadas.
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La censura no fue una amenaza, sino una ingeniería del silencio que se coló en las redacciones. En Córdoba, por ejemplo, el "Memorándum Interno N° 44" del diario La Voz del Interior prohibía explícitamente publicar cualquier reclamo de familiares que buscaran a detenidos, dejando a las madres y abuelas en soledad frente al papel en blanco.
Esa oscuridad es la que explica por qué la cifra siempre fue, y sigue siendo, una construcción colectiva. En 1984, la CONADEP registraba inicialmente a 84 periodistas desaparecidos, apenas el 1,6% de las denuncias de aquel momento. Pero la verdad no se detuvo ahí. Con los años, la investigación y la lucha gremial permitieron ver el cuadro completo: el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) elevó el número a 223 comunicadores en 2019, y el relevamiento más reciente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) cuenta 243 casos.
A quienes exigen una lista cerrada para "creer" en el genocidio, la realidad les responde con huesos. En este mismo mes, la justicia y la ciencia le devolvieron la identidad a quienes el terrorismo de Estado intentó convertir en nada.
En el predio militar de La Calera, en el sector conocido como "Loma del Torito" del centro clandestino La Perla, el Equipo de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de 12 personas: Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana y Cecilia María Carranza, Carlos Alberto D’Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Tissera.
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Todos ellos desaparecieron entre 1976 y 1977. Durante medio siglo sus familias no supieron dónde estaban. Sus nombres hoy se suman a la lista de quienes ya no son una cifra incierta, sino una verdad recuperada de la tierra. Este hallazgo confirma que la cifra sigue en construcción porque las fosas comunes y los pactos de silencio de los represores siguen ocultando la magnitud total del exterminio en un lugar donde se estima que pasaron hasta 2.500 personas.
Cuando un periodista banaliza la cifra, escupe sobre la memoria de Rodolfo Walsh. Su legajo (N° 2587) narra el horror: el saqueo en la casa de San Vicente, los 40 hombres armados disparando granadas y el robo de su obra inédita. Walsh fue secuestrado el 25 de marzo de 1977, un día después de enviar su "Carta abierta a la Junta Militar" a las redacciones de los diarios argentinos y a corresponsales extranjeros.
Los represores sabían que la visibilidad de los crímenes que cometían era una amenza para su plan. Por eso, desaparecer al mensajero era tan vital como desaparecer al enemigo. El negacionismo busca utilizar la estadística como un indulto simbólico. Pretenden que, si el número fuera menor, el crimen sería tolerable. Pero la gravedad de torturar y exterminar no se divide por la cantidad de víctimas. Se multiplica por el silencio de quienes, teniendo un micrófono, eligen la crueldad de la duda.
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Por eso, este 24 de marzo no bajamos los brazos. Reclamamos por los 30 mil desaparecidos porque esa cifra es nuestro escudo contra el olvido. Mientras sigan apareciendo restos de compañeros y existan quienes busquen bajarle el precio a la muerte, nosotros seguiremos marchando bajo el mismo lema:
Memoria, Verdad y Justicia.
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