jueves 22 de abril de 2021
Judiciales juego clandestino | Ministerio Público de la Acusación | Rosario

Ya son cuatro los fiscales imputados por juego clandestino en Santa Fe

Melisa Serena, fiscal del Ministerio Público de la Acusación en San Lorenzo, fue acusada de incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión en una investigación. Mantenía contactos con Nelson Ugolini, que la llamaba para ver si se producían operativos contra el juego clandestino.

Melisa Serena se transformó en el cuarto fiscal imputado en la causa de juego clandestino que tiene a Leonardo Peiti como jefe de una asociación ilícita que pagaba sobornos para obtener protección judicial y política de funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de distintos puntos de la provincia.

Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery acusaron a Serena, quien se desempeña en la fiscalía de San Lorenzo, de dos delitos. Ya fueron imputados en agosto pasado Gustavo Ponce Asahad y el extitular de la Fiscalía Regional de Rosario, Patricio Serjal, por el cobro de sobornos.

El 23 de marzo pasado se sumó a este lote el fiscal de Reconquista Rodrigo González, a quien su colega de Melincué Matías Merlo lo acusó de “encubrimiento de una organización criminal” que lideraba Peiti y “la sustracción y ocultamiento de 703 legajos de causas judiciales que estaban asignadas a su persecución penal”. El jueves 18 de marzo González fue suspendido en sus funciones por la comisión de Acuerdos de la Legislatura.

También estuvo bajo la lupa de los investigadores judiciales la fiscal Natalia Benvenuto, quien no fue imputada, pero la auditora del MPA, María Cecilia Vranicich, abrió una investigación interna sobre “la posible omisión de medidas investigativas” en la que Benvenuto podría haber incurrido en el marco de una investigación sobre juego clandestino desarrollada en 2018, que tenía como imputado a Roberto Peiti, padre de Leonardo.

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Leonardo Peiti es el hombre que, según los fiscales Edery y Schiappa Pietra, manejaba los hilos del juego clandestino en toda la provincia con protección de figuras importantes del poder político y judicial.

Leonardo Peiti es el hombre que, según los fiscales Edery y Schiappa Pietra, manejaba los hilos del juego clandestino en toda la provincia con protección de figuras importantes del poder político y judicial.

No hay antecedentes en la historia judicial de Santa Fe de que cuatro funcionarios estén acusados de participar en una asociación ilícita, que en este caso lideraba el empresario Leonardo Peiti, que confesó en agosto pasado que pagó sobornos a los fiscales Ponce Asahad y a Serjal.

En esa trama, los investigadores Schiappa Pietra y Edery le atribuyen al senador del PJ Armando Traferri ser parte de la organización para generar los contactos con funcionarios del Ministerio Público de la Acusación que garantizaban la impunidad para que funcionara de manera aceitada el engranaje de juego clandestino.

Traferri no pudo ser imputado porque sus pares del Senado rechazaron en diciembre pasado las acusaciones que presentaron los fiscales en el Senado. Los investigadores de la Agencia de Criminalidad Organizada sufrieron otro revés el mes pasado, luego de que la jueza Eleonora Verón denegara el planteo de inconstitucionalidad del artículo 27º, que regula los fueros en la Legislatura de Santa Fe, que es uno de los pocos cuerpos legislativos en el país en el que prohíbe, mientras tengan fueros, abrir una investigación contra uno de sus miembros.

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Los fiscales Schiappa Pietra y Edery le atribuyen al senador del PJ Armando Traferri ser parte de la organización para generar los contactos con funcionarios del Ministerio Público de la Acusación que garantizaban la impunidad para que funcionara de manera aceitada el engranaje de juego clandestino.

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery le atribuyen al senador del PJ Armando Traferri ser parte de la organización para generar los contactos con funcionarios del Ministerio Público de la Acusación que garantizaban la impunidad para que funcionara de manera aceitada el engranaje de juego clandestino.

Los delitos atribuidos a Serena

Este miércoles le tocó el turno a la fiscal Serena, que fue imputada de haber cometido dos delitos. No quedó detenida porque los acusadores no solicitaron la medida de prisión preventiva. Uno de los delitos que le imputan a la fiscal es la omisión de la persecución de delitos que ella conocía, según trasciende de los mensajes por la red de mensajería Telegram que se encontraron en el teléfono de Nelson Ugolini, también imputado, quien era el secretario del fiscal Gustavo Ponce Asahad, que confesó haber cobrado coimas de parte del empresario Leonardo Peiti.

El otro delito que le atribuyen los fiscales que cometió Serena es el de incumplimiento de deberes de funcionario público, porque no puso en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, que un funcionario de la Fiscalía de Rosario estaba averiguando por allanamientos que se iban a realizar en San Lorenzo –una jurisdicción ajena a su área de trabajo–, departamento que representa el senador Armando Traferri.

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La fiscal se negó a dar las contraseñas para que los investigadores pudieran acceder a su Iphone. Sin embargo, los fiscales tienen en su poder los mensajes de Telegram que le enviaba Ugolini, una ficha clave en la trama de los sobornos.

Según contó en la audiencia Edery, uno de los investigadores, el secretario del fiscal Ponce Asahad llamaba a Serena para que “parara la oreja” si se producían allanamientos y operativos policiales “en agencias de juego clandestino y puertos secos”, donde se comercializan cereales en negro, una modalidad delictiva que tiene un fuerte peso en San Lorenzo, donde se encuentra la mayoría de las terminales portuarias.

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Néstor Ugolini, el secretario del fiscal Gustavo Ponce Asahad (foto) llamaba a Serena para que “parara la oreja” si se producían allanamientos y operativos policiales en agencias de juego clandestino y puertos secos de San Lorenzo.

Néstor Ugolini, el secretario del fiscal Gustavo Ponce Asahad (foto) llamaba a Serena para que “parara la oreja” si se producían allanamientos y operativos policiales en agencias de juego clandestino y puertos secos de San Lorenzo.

“Rubia, el tema es así, yo trato de conseguir la info por los mismos policías. Sé que entraron investigaciones a San Lorenzo, el tema que le tengo miedo a Aquiles (en referencia al fiscal Balbis); no creo que sea tan idiota, siendo fiscal de San Lorenzo enfrentarte al Pipi Traferri es lo peor que podés hacer”, señaló en febrero de 2020 Ugolini en uno de los audios que le envió a Serena.

“Para tocarlo al Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo (entiende la fiscalía su jefe Ponce Asahad) y tiene que pasar por Serjal sí o sí, no lo pueden tocar si no y máxime cuando Serjal está enfrentado con (Marcelo) Sain…." .

La fiscal le respondió: “¿Qué pretende el pelotudo de Sain? ¿Que nosotros nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri? Fijate que no son ni siquiera inteligentes para armar tácticas. Porque vos podés mandar a la gente de Rosario. Fantástico. Se puede investigar toda la parte de juego clandestino, bárbaro. Y llega a la Fiscalía a hacer la intermediaria para agarrarlo a quién? ¿A (Armando) Traferri en el medio? Justo nosotros vamos a agarrar a Traferri. Ni siquiera tiene inteligencia este tipo”.

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La fiscal Melisa Serena ya había sido cuestionada a poco de asumir su cargo a principios de 2015, ya que a sólo 60 días de comenzar a ejercer sus funciones pidió licencia médica. Esa situación se prolongó por espacio de casi dos años a pesar de que luego se comprobó que durante el mismo período –en el que cobraba su abultado salario del Poder Judicial– continuaba trabajando como docente en la Universidad Nacional de Rosario.

Tiempo después, la misma fiscal fue criticada por acordar la prisión domiciliaria del policía Sergio Di Franco –quien por entonces era jefe de la Agrupación Cuerpos de la UR XVII– imputado por el homicidio de Juan Cruz Vitali, en mayo de 2019.

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