A Gastón Salmain no le sale ninguna de sus jugadas judiciales para dilatar las investigaciones en su contra
El magistrado, que está siendo investigado en varias causas, intentó recusar al juez Román Lanzón, pero recibió un nuevo revés. La semana pasada también enfrentó otro fracaso en su estrategia.
Ignacio Carbone, el abogado de Gastón Salmain, durante la audiencia celebrada en Rosario. El magistrado estuvo conectado a través de videoconferencia.
El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, recibió otro revés judicial, luego de que se rechazara un planteo del magistrado, que intentó recusar a su colega Román Lanzón. Los fiscales señalaron que Salmain busca con esta estrategia dilatar las investigaciones en su contra.
Lo más novedoso de este nuevo capítulo judicial era que Salmain se iba a presentar en persona en los tribunales de calle Oroño al 700 para participar de la audiencia, pero durante la mañana de este lunes avisó que se conectaría a través de la plataforma virtual Zoom.
Este magistrado vive en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, y prácticamente no pisó más Rosario, después de que empezaran a investigarlo en varias causas. Lo dramático es que Salmain está a cargo de dos juzgados federales en la provincia, debido a las vacantes que no fueron cubiertas.
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Gastón Salmain (arriba a la izquierda) no viajó a Rosario y siguió la audiencia a través del sistema de videoconferencia.
A pesar de que está procesado y con pedido de prisión preventiva, Salmain está a cargo del juzgado federal de Rosario, pero actúa como subrogante del juzgado N°1 de la ciudad de Santa Fe. “Nos dijo que la audiencia era por zoom porque está con prisión domiciliaria”, contó un abogado que en un zoom explicó Salmain de manera irónica, porque como tiene fueros no puede ser detenido.
El rechazo de esta recusación que planteó contra el juez Lanzón se suman a una serie de jugadas que no le salieron bien a Salmain durante las últimas semanas. No hay dudas de que no se resigna a perder su cargo y realiza maniobras que los fiscales interpretan que buscan “embarrar la cancha” y “ganar tiempo”. Frente a los problemas, Salmain tiene una postura distinta que el exmagistrado Marcelo Bailaque, que se resignó a renunciar y quedar en prisión domiciliaria. Sin embargo, esta estrategia por ahora no le estaría funcionando.
Salmain llegó al Juzgado Federal N° 1 de Rosario en abril de 2023 con el respaldo de una red que operaba desde los pasillos del poder. Dos años y medio después, enfrenta tres frentes judiciales simultáneos, una investigación disciplinaria en el Consejo de la Magistratura y la certeza de que cada movimiento que intenta para protegerse termina por complicarlo más. Esta semana quedó expuesto en dos flancos al mismo tiempo.
La semana pasada, Lanzón, a pedido del fiscal federal Federico Reynares Solari, ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil sobre todos los movimientos de Salmain desde su llegada a Rosario. Es la primera vez que la justicia avanza sobre su patrimonio personal.
La medida se inscribe en una nueva causa que investiga si el magistrado direccionó expedientes previsionales en beneficio de estudios jurídicos que, a cambio, habrían recibido fallos veloces y millonarios contra la ANSES. El Ministerio Público Fiscal tiene 90 días para formalizar la investigación. La calificación preliminar es incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Esa semana recibió otra estocada. La jueza federal María Romilda Servini rechazó la denuncia que Salmain había presentado en Comodoro Py contra Fernando Whpei, el financista arrepentido que declaró en su contra, y la remitió al Juzgado Federal N° 4 de Rosario, donde el juez subrogante Carlos Vera Barros tiene a cargo la causa Attila. Servini no se limitó a declinar competencia. En el fallo firmado este miércoles fue tajante: “La acusación que aquí presenta no es más que su defensa respecto de un elemento probatorio reunido en su contra en aquellas actuaciones”.
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Frente a las causas judiciales, el juez Salmain adoptó una postura distinta al exmagistrado Marcelo Bailaque (foto), quien renunció y quedó en prisión domiciliaria.
Además, rechazó el pedido de Salmain de constituirse como querellante, por resultar incompatible con su condición de principal imputado. Esta dura decisión llamó la atención en los pasillos de tribunales, ya que hace tiempo, antes de ser magistrado, Salmain se habría desempeñado en un estudio jurídico con buena relación con la magistrada.
La estrategia de Salmain era previsible. Un juez que sabe que tiene los días contados no espera: ataca. Denunció a Whpei en Buenos Aires por supuestamente haber aportado información falsa durante su declaración como imputado colaborador ante la PROCUNAR, el 2 de octubre pasado. Eligió Comodoro Py porque la audiencia con el arrepentido se realizó en esa jurisdicción. Y porque, lejos de Rosario, el caso podría diluirse en la distancia burocrática.
La jugada no le funcionó. El fiscal federal Carlos Rívolo dictaminó en contra antes de que Servini se pronunciara. Argumentó que lo relatado por Salmain está directamente vinculado con la investigación que ya corre en Rosario. La jueza compartió esa lectura. Y fue más lejos: señaló que, dado que la declaración de Whpei ocurrió en octubre de 2025, el plazo legal de un año para corroborar su veracidad todavía está vigente. Cualquier análisis sobre sus dichos debe hacerse en Rosario, no en Buenos Aires.
La jugada le salió cara. El fallo de Servini viajó en copia al Consejo de la Magistratura, que la semana próxima pondrá sobre la mesa por primera vez esta última maniobra del juez contra su delator.
El núcleo de la causa Attila es conocido, pero vale repasar los números porque son elocuentes. El 5 de diciembre de 2023, a cinco días del cambio de gobierno, Salmain autorizó mediante medida cautelar a la empresa Attila Fideicomisos S.R.L. a comprar 10 millones de dólares al valor oficial, en pleno cepo cambiario. Detrás de esa firma estaba Whpei. El negocio era redondo: comprar divisas al tipo de cambio oficial para venderlas en el mercado paralelo y quedarse con la diferencia.
Según el arrepentido, Salmain y el escribano Santiago Busaniche pidieron una coima equivalente al 10 por ciento de la diferencia entre el dólar oficial y el blue. A los precios de entonces, eso representaba alrededor de 200.000 dólares. Pero el plan se derrumbó el 13 de diciembre, cuando Javier Milei asumió y devaluó la moneda. La brecha cambiaria se pulverizó. El margen de ganancia se redujo a 19.000 dólares.
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Gastón Salmain (arriba a la izquierda) no viajó a Rosario y siguió la audiencia a través del sistema de videoconferencia.
“Cuando llegan los fondos, Milei devalúa y eso significó solo 19.000 dólares”, declaró Whpei. “Busaniche me saca cagando y después me exigió la diferencia, amenazando con denunciar si no se pagaba”.
Por esa maniobra, Salmain está procesado por incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato y cohecho pasivo agravado. El juez Vera Barros también le dictó prisión preventiva, pero no puede ser detenido por la inmunidad que le otorga su cargo.
La causa previsional agrega una dimensión distinta al caso. Desde que llegó a Rosario —donde, a diferencia de Comodoro Py, los juzgados federales tienen competencia tanto penal como civil y comercial—, los fallos de Salmain contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias se multiplicaron de manera inusual. Montos millonarios, tiempos de resolución llamativamente cortos. Tanto la ANSES como la Procuración del Tesoro detectaron patrones atípicos en la asignación y tratamiento de los expedientes.
El 25 de julio de 2025, Reynares Solari abrió de oficio un legajo para investigar si hubo “direccionamiento indebido de causas hacia ciertos actores del sistema previsional”, especialmente en beneficio de estudios jurídicos que, según la pesquisa, recibían fallos favorables con una celeridad poco habitual. Cuando fue notificado, Salmain negó toda irregularidad y se excusó de todas sus causas previsionales, una decisión que generó un colapso operativo en el fuero.
Su defensa intentó frenar el avance, alegó arbitrariedad y sostuvo que abrir sus datos personales lesionaba garantías constitucionales. El juez Lanzón zanjó la discusión con una frase que resonó en la audiencia: “No puede haber secreto cuando lo que se investiga es el uso de información privilegiada y la posible comisión de delitos contra la administración pública”.
