Después de Gastón Salmain: hacia dónde apunta la trama que "va para arriba"
La destitución del juez federal cerró un expediente administrativo, pero la investigación sigue. Los fiscales miran ahora a un operador judicial y a un exadministrador de la Corte Suprema.
Gastón Salmain fue destituido el 29 de octubre por mal desempeño.
La destitución de Gastón Salmain cerró un capítulo, no la historia. El jueves 29 de octubre, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación lo apartó del Juzgado Federal N°1 de Rosario por mal desempeño. El motivo formal fue acotado: en cada uno de los nueve concursos que rindió ocultó que la Corte Suprema lo había dejado cesante como empleado judicial en 2002, después de que una compañera lo denunciara por ofrecerle dinero para direccionar ejecuciones previsionales. Aquella causa terminó con una probation. Ante el jury, Salmain explicó que no lo había informado porque "no le sumaba puntos".
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Lo más grave quedó fuera del veredicto. El jury dejó para el fuero penal la presunta coima en la causa Attila, la cautelar que a fines de 2023 habilitó al fideicomiso del financista Fernando Whpei a comprar 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en pleno cepo. En ese terreno, Salmain está procesado desde diciembre de 2025 por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La prisión preventiva, confirmada por la Cámara Federal de Rosario y por la Cámara Federal de Casación Penal, no podía ejecutarse mientras conservara los fueros. Sin ellos, quedó detenido en su domicilio.
Es el segundo juez federal de Rosario que pierde el cargo en poco más de un año. El primero fue Marcelo Bailaque, cuya renuncia aceptó Javier Milei en julio de 2025, antes de que el jury pudiera constituirse.
Las "ramificaciones hacia arriba" y el rol de los operadores
Al día siguiente de la destitución, el fiscal federal Federico Reynares Solari, que intervino en las investigaciones contra ambos jueces, dijo que la trama "tiene ramificaciones y también va para arriba".
Describió un sistema de operadores con "contactos subterráneos" que no tenían una función aparente pero participaban en la resolución de expedientes, sin audiencias públicas ni registros formales. Atribuyó la resistencia interna a una "solidaridad corporativa malentendida" y señaló un dato que no es menor: "No me parece casual que todos estos casos se hayan destapado con el nuevo sistema procesal".
La pregunta es qué significa "arriba". En los expedientes hay dos nombres que marcan esa dirección: Santiago Busaniche y Héctor Daniel Marchi.
Santiago Busaniche: el nexo entre las causas Salmain y Bailaque
Busaniche es un lobista judicial al que distintos medios vinculan con los servicios de inteligencia y con llegada a jueces de Comodoro Py, Rosario y Santa Fe. Es el hilo que une las dos causas.
En la de Salmain, según declaró Whpei como imputado colaborador, Busaniche fue quien negoció la cautelar de Attila, con un retorno pactado de alrededor de 200.000 dólares. Whpei también sostuvo que Busaniche, con contactos en el Senado, impulsó la designación de Salmain en 2023. El juez juró en mayo de ese año, con la presencia del ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien lo definió como un "soldado". La imputación de Busaniche en esa causa está confirmado.
En la otra, la que involucra a Bailaque, el esquema es anterior. En 2019 se armó una denuncia por lavado de dinero contra los agentes bursátiles rosarinos Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Según declararon, se les pidieron 200.000 dólares para frenarla. La acusación sostiene que Busaniche empujó esa denuncia y que existen audios en los que le pide a Carlos Vaudagna, entonces director regional de la AFIP, que acelere el informe que debía darle origen. Los detalles, según los fiscales, se acordaron en un asado en la casa de Bailaque.
Las defensas de Busaniche intentaron anular ambas investigaciones. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo por dos votos contra uno: Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques las convalidaron; Mariano Borinsky sostuvo que estaban extinguidas.
En las últimas semanas, el caso sumó un elemento personal: se difundió una carta en la que Busaniche hablaba de quitarse la vida, y luego fue internado. En ese texto señaló como promotores de su situación al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y a su secretario privado, Silvio Robles.
Héctor Marchi: sospechas, arrepentidos y la pista santafesina
Marchi es contador, nacido en Rafaela, y trabajó en el gobierno santafesino de Jorge Obeid. Llegó a la administración general de la Corte Suprema con el respaldo de Lorenzetti, también rafaelino, y manejó ese cargo durante unos quince años, hasta que la mayoría del tribunal lo desplazó en medio de una disputa interna.
Su nombre entró en la causa por la declaración ampliada de Vaudagna como arrepentido, en octubre de 2025. Vaudagna afirmó que Marchi impulsaba la extorsión contra los agentes bursátiles desde Buenos Aires y que presionaba a Busaniche para que la denuncia avanzara. En la misma declaración mencionó a Ricardo Silberstein, abogado rosarino, exdecano de la Facultad de Derecho de la UNR y exministro de Justicia de Santa Fe durante el gobierno de Miguel Lifschitz, como "el interesado o beneficiado en perjudicar al señor Iglesias".
Con esa base, el fiscal Juan Argibay Molina abrió un legajo de oficio para determinar si Marchi y Silberstein participaron de la maniobra. Marchi se presentó de manera espontánea el 15 de mayo de 2026, con su abogado Hernán Folgueiro. Silberstein, notificado un día antes en Rosario, rechazó las acusaciones, dijo que no conoce a Vaudagna y las calificó de infundadas.
Hay una paradoja en ese tramo del expediente: fue la propia defensa de Busaniche la que, en febrero de este año, pidió que Marchi y Silberstein fueran citados como testigos y que se secuestraran sus teléfonos.
La sombra de la interna en la Corte Suprema de la Nación
El caso no transcurre en el vacío. La causa llega a la Corte Suprema por dos vías: por el pasado de Marchi como su administrador y por la presencia de Lorenzetti en la jura de Salmain. Lorenzetti negó tener relación con Busaniche o con Marchi. Algunos medios publicaron versiones, atribuidas a fuentes de Casación, sobre presiones a camaristas en torno a la situación de Busaniche. La carta del operador contra Rosatti y Robles agregó otro frente a la disputa entre los dos ministros santafesinos del tribunal.
Ese contexto es un riesgo para la investigación. Cuando una causa penal se superpone con una interna de poder, cada avance se lee como una jugada y cada demora como una protección. La única forma de que eso no ocurra es que los fiscales sostengan sus imputaciones con prueba propia.
Juicio oral, nuevos cargos y el pedido de penas
La agenda judicial inmediata es concreta. La causa Attila sigue en el fuero penal, ahora con Salmain sin fueros. En agosto, Reynares Solari lo imputó además por pedirle a Vaudagna, a través de un abogado intermediario, 100.000 dólares para que las causas en su contra quedaran en su juzgado y se resolvieran a su favor. La jueza Elida Vidal elevó a juicio oral otra causa por abuso de autoridad. Y hay una investigación abierta por el volumen inusual de causas previsionales que tramitaba su juzgado, con su secreto fiscal, bancario y bursátil levantado.
Para Bailaque, los fiscales Argibay Molina, Sergio Rodríguez y Reynares Solari pidieron diez años de prisión. El juicio todavía no tiene fecha, algo que reclamó la diputada Lionella Cattalini, autora de la denuncia penal original, que también cuestionó que ambos exjueces cumplan arresto domiciliario.
Pruebas contundentes para el tramo más complejo y falencias institucionales
El tramo que apunta "arriba" es el más frágil. El legajo sobre Marchi y Silberstein es preliminar, y su sostén principal son los dichos de un arrepentido. La ley exige que esa declaración se corrobore con otras pruebas. Hasta ahora, los imputados colaboradores —Gabriel Mizzau, Vaudagna y Whpei— fueron la llave de estas causas. Lo que defina si la investigación llega más lejos será la capacidad de los fiscales para encontrar documentos, comunicaciones y movimientos de dinero que respalden lo que esos testigos contaron.
Queda, además, una deuda institucional. Salmain fue aprobado por el Consejo de la Magistratura y por el Senado sin que nadie detectara una cesantía de la propia Corte. El Consejo todavía no explicó qué controles cambiará para que algo así no vuelva a ocurrir.
