Por una nueva trama de corrupción, el exjuez Marcelo Bailaque suma un pedido de prisión de 10 años
Los fiscales acusan a Marcelo Bailaque por la compra de un terreno en Funes a una empresa que tenía una causa abierta en su juzgado. Pagó la mitad del valor de mercado. Su esposa también quedó imputada.
El exjuez Marcelo Bailaque suma un pedido de prisión de 10 años por otro hecho de corrupción que se le atribuye.
Los fiscales federales que investigan la trama de corrupción judicial más grave de los últimos años en Rosario presentaron la acusación formal contra el exjuez federal Marcelo Bailaque y pidieron diez años de prisión para el magistrado que armó una causa penal falsa contra dos empresarios bursátiles, los extorsionó para que pagaran 200 mil dólares a cambio de no perjudicarlos en el expediente que él mismo había fraguado y cobró dádivas durante seis años a través de un contrato de alquiler simulado con una mutual controlada por el financista Fernando Whpei.
También solicitaron cuatro años y medio de prisión para Graciela Martínez Maulion, esposa de Bailaque y funcionaria del Poder Judicial de Santa Fe, acusada como coautora de lavado de activos por la compra de un terreno en el barrio cerrado Vida de Funes con dinero proveniente de la extorsión.
Una compleja trama de corrupción que involucra el exjuez Marcelo Bailaque
La acusación, formulada por los fiscales Diego Velasco, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari, tiene 217 páginas y reconstruye con precisión quirúrgica una maquinaria de corrupción que funcionó durante al menos cinco años, desde mediados de 2019 hasta noviembre de 2024, con el juez Bailaque como pieza central y articulador de todas las operaciones.
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El exjuez federal Marcelo Bailaque durante una audiencia imputativa en su contra.
El tercer acusado es el escribano santafesino Santiago Busaniche, un operador judicial que traficaba influencias y se presentaba como facilitador ante actores del poder judicial, la política y el mundo empresarial.
Los fiscales pidieron seis años de prisión para Busaniche, a quien identifican como el supuesto instigador de toda la maniobra: fue él quien le transmitió a Bailaque la decisión de armar una causa penal contra el empresario bursátil Claudio Iglesias y quien presionó para que se realizaran cinco allanamientos ilegales en sus domicilios antes del 1 de noviembre de 2019, con el objetivo de dañar su imagen pública y obstaculizar su carrera en el Grupo San Cristóbal.
Carlos Vaudagna, otro actor clave en el entramado de corrupción
La acusación describe un mecanismo de relojería. En agosto de 2019, Busaniche le pidió a Bailaque que le diera curso a una denuncia anónima contra Iglesias y su socio Jorge Oneto, presentada a través de la AFIP.
El entonces director regional del organismo en Rosario, Carlos Vaudagna, judicializó la denuncia apócrifa el mismo día en que fue recibida, asegurándose de que ingresara al juzgado de Bailaque, que estaba de turno. La denuncia fue registrada en la AFIP a las 12:55, pero había sido recibida en el juzgado veinte minutos antes, a las 12:35. Esa irregularidad horaria es, para los fiscales, una prueba contundente de la coordinación previa.
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El exdirector regional de la AFIP en Rosario, Carlos Vaudagna.
El anónimo acusaba a Iglesias de lavar dinero del narcotráfico y de tener vínculos con Los Monos. No tenía firma, no aportaba pruebas y fue la única de las 83 denuncias presentadas por Vaudagna durante ese año que no contó con patrocinio de la división jurídica de la AFIP ni estuvo precedida por ninguna tarea de verificación. Bailaque le dio trámite inmediato, se negó a delegar la investigación en la fiscalía —contrariando su propia práctica declarada ante el Consejo de la Magistratura— y ordenó medidas que incluyeron pedidos de información bancaria, fiscal y bursátil, sin que existiera el menor indicio que las justificara.
En paralelo, Fernando Whpei, empresario rosarino vinculado a los medios, el sector financiero y el mutualismo, actuaba como intermediario entre Bailaque y las víctimas. A principios de octubre de 2019, en su oficina del Museo Internacional para la Democracia ubicada en el Palacio Fuentes, Whpei se reunió con Iglesias, Oneto y un amigo en común y les dijo que tenían "un tema grave" con una denuncia que "viene empujada por gente importante y pesada". Les aseguró que era "amigo personal del juez" y que el único camino para solucionar el problema era a través de él. Les exigió 200 mil dólares.
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El financista Fernando Whpei declaró como arrepentido.
Iglesias realizó cinco pagos a lo largo de tres años: 40 mil dólares en octubre de 2019, antes de los allanamientos; 10 mil durante la pandemia de 2020; 85 mil en septiembre de 2021, antes de la indagatoria; otra suma para que Bailaque restituyera dinero secuestrado; y 25 mil en marzo de 2022, antes de un pedido de sobreseimiento. En total entregó 160 mil dólares. Cuando se negó a seguir pagando, Whpei le advirtió que se quedara tranquilo porque "la lapicera la seguía teniendo el juez".
Otras causas contra el exjuez Marcelo Bailaque
El matrimonio Bailaque también es acusado por la compra de un terreno en el barrio cerrado Vida de Funes. Según la investigación, en agosto de 2020, Martínez Maulion firmó un contrato de cesión de derechos con la empresa EDECA SA por un valor declarado de 35 mil dólares. Sin embargo, un borrador del contrato recuperado del celular de uno de los directivos de la firma revela que el precio real pactado fue de 70 mil dólares, pagados en efectivo. Los fiscales sostienen que la subfacturación tuvo como propósito ocultar el origen ilícito del dinero.
Lotes similares en el mismo barrio se vendieron por entre 56 y 58 mil dólares en la misma época, lo que hace inverosímil que EDECA cediera derechos que le habían costado 48 mil por apenas 35 mil.
El segundo hecho que se le imputa al exjuez es la recepción de dádivas enmascaradas bajo un contrato de alquiler de un inmueble suyo en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. La mutual Siempre Joven, controlada por Whpei, le pagó a Bailaque 5.719.194 pesos entre enero de 2019 y enero de 2025 por un departamento que nunca ocupó.
Al poco tiempo de firmado el contrato, Whpei cedió gratuitamente el uso del inmueble a otra mutual vinculada al gremio petrolero. Desde mayo de 2023 la propiedad quedó desocupada y en estado de abandono, pero Siempre Joven siguió pagando el alquiler. Whpei lo admitió sin rodeos: "Quería quedar bien con el juez. Esa es la verdad. Le quería hacer un favor al juez".
Otro juez federal en el entramado de corrupción: Gastón Salmain
El caso Bailaque puso al descubierto un submundo de operadores judiciales y financistas que contaminó al fuero federal de Rosario. Y esa contaminación tiene un segundo capítulo que se escribe en tiempo presente: el del juez Gastón Salmain, cuya designación como magistrado federal en 2023 fue impulsada, según la declaración de Whpei, por el propio Busaniche a través de contactos con senadores nacionales.
Gaston Salmain
El juez federal Gastón Salmain está imputado en una de estas causas de corrupción.
Salmain fue procesado el 26 de diciembre pasado por el juez Carlos Vera Barros por intentar cobrar un soborno tras ordenar la venta de 10 millones de dólares al precio oficial al fideicomiso Attila, controlado por el mismo Whpei, en pleno cepo cambiario, cinco días antes del cambio de gobierno en 2023.
Le imputaron cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato, le embargaron 200 mil dólares y le prohibieron salir del país. Según Whpei, Salmain se habría quedado con el quince por ciento de la operación. Y Busaniche habría actuado como intermediario en el soborno al magistrado.
Pese a este cuadro procesal, la Cámara Federal de Rosario le acaba de asignar a Salmain la subrogancia del juzgado federal 2 de Santa Fe, que se suma al juzgado 1 de esa ciudad que ya tenía a cargo y a su propio tribunal en Rosario.
Un juez con prohibición de salida del país, cuyo único motivo para no estar preso son los fueros que lo protegen, manejará tres juzgados federales. La decisión expone la parálisis del Consejo de la Magistratura, que demoró cuatro años en actuar contra Bailaque y lleva ocho meses sin tomar medidas frente a las denuncias contra Salmain. La justicia federal de Rosario parece atrapada en un laberinto que ella misma construyó.
