El 2025 será recordado en la Justicia federal de Rosario, como una bisagra en un proceso de autodepuración que provocó que dos magistrados federales como Marcelo Bailaque y Gastón Salmain carguen sobre sus espaldas con órdenes de prisión preventiva. El primero está detenido en su domicilio, luego de que renunciara el 1 de julio pasado, cuando el presidente Javier Milei aceptó su dimisión.
Bailaque, que había comenzado los trámites para jubilarse con el régimen previsional de Santa Cruz, que tiene grandes beneficios, dejó de ser juez y quedó preso. Salmain no fue detenido, porque el Consejo de la Magistratura de la Nación aún no lo destituyó. Es posible que este paso se produzca entre marzo y abril del nuevo año.
Dos jueces acusados de corrupción en un fuero como el de Rosario marca que las complicidades para que se desarrollara la tragedia narco que atravesó la ciudad durante más de una década eran aceitadas. Bailaque vendía tiempo, algo que en materia de crimen organizado se hace tangible en el reguero de sangre que provocó Alvarado en Rosario, como así también le posibilitó que la fortuna de este líder criminal creciera de forma exponencial.
El caso Bailaque
Como reveló AIRE en junio de 2024, Bailaque tenía el mismo contador que Alvarado. Se llama Gabriel Mizzau y este año fue acusado de lavado de dinero. Era el que había creado la estructura empresarial para que el líder criminal comenzara a blanquear su economía ilegal.
Su hijo Sebastián ingresó a la justicia federal por recomendación de Bailaque, que lo cobijó durante un tiempo en su juzgado. Esta revelación fue el principio del fin de este magistrado que parte de su vida profesional la hizo en Santa Cruz, en la precuela de lo que fue luego el kirchnerismo.
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Bailaque, que había comenzado los trámites para jubilarse con el régimen previsional de Santa Cruz, dejó de ser juez y quedó preso.
Una causa ignota que había pasado sin pena ni gloria por el MPA en Rosario, que lo tenía a Omar Scarel como principal protagonista terminó en el escándalo judicial y político más importante desde el retorno de la democracia. En esa causa, originada en 2021, aparecía el teléfono de Carlos Vaudagna, exjefe de ARCA en Rosario y Santa Fe, que —como admitió en su declaración— asesoraba al directivo de Vicentín. Vaudagna testificó en esa causa en el MPA de Rosario que unos 150.000 dólares que habían secuestrado en una caja de seguridad de Scarel pertenecían a él y que estaban destinados a una inversión inmobiliaria.
El caso terminó con una probation. Pero lo que interesaba era lo que contenía el teléfono de Vaudagna. El que se dio cuenta lo que había en el aparato fue el fiscal federal de Reconquista Roberto Salum. A partir de que aparecía en ese celular se empezaron a entretejer una serie de causas que terminaron con dos imputados arrepentidos, como el propio Vaudagna y luego el financista Fernando Whpei. Ambos confirmaron que Bailaque fue clave en la extorsión contra el empresario Claudio Iglesias, que pagó 160.000 dólares de sobornos. Admitieron también que ellos participaron en el ardid, que se gestó en un asado en 2019 en el quincho del entonces magistrado.
Bailaque y Vaudagna usaban el aparato del Estado para extorsionar y para hacer negocios. El juez ordenó allanamientos contra Iglesias con agentes de Gendarmería. Las causas en torno a esta trama se dividieron en varias fiscalìas. En Reconquista, Salum investiga el nexo entre el exjefe de ARCA y Scarel. En Santa Fe, el fiscal Walter Rodríguez profundiza la pesquisa sobre otros engranajes que funcionaban en torno a este directivo de la exAFIP, como el empresario Nahuel Caputo. Y en Rosario se avanzó con la extorsión a Iglesias.
Salmain intentó quedarse en su juzgado con todas esas causas, una maniobra que buscaría favorecer a algunos imputados, entre ellos, a Vaudagna, a quien le pidió dinero, según confesó. Esa jugada empezó a complicar a este magistrado que proviene de Buenos Aires, y desde 2023 ejerce ese cargo en Rosario.
De qué se lo acusa a Gastón Salmain
Salmain está acusado, junto con Whpei y Santiago Busaniche, un escribano oriundo de Santa Fe que se mueve como operador judicial en Comodoro Py, según los fiscales, “de haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos, dentro de la cual entre el mes de septiembre del año 2023 y hasta abril del año 2024, pergeñaron la salida a cuentas en el exterior de 10.000.000 de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente judicial radicado en el juzgado federal N°1 de Rosario”.
De acuerdo a la investigación, “para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche direccionen el proceso judicial dentro del expediente y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA”.
Gaston Salmain
Salmain está acusado de haber formado parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos.
A cambio de ello, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, que tuvo un rol clave en la causa al avalar el pedido de estos fideicomisos, solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.
En la investigación los fiscales reunieron evidencias que apuntan a que para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei -al menos una vez en su despacho laboral- el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifiestó sobre la viabilidad técnica del mismo al solicitar que lo demás lo arreglara con Busaniche. Con posterioridad, en el marco del expediente, dictó las resoluciones a favor de Whpei.
El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.
Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.
Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, buscan probar si la operación incluyó algún beneficio personal para el magistrado y si se realizaron maniobras irregulares con la divisa, como declaró Whpei en su carácter de arrepentido.
Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación se aceleró después de que Whpei se presentara como arrepentido en la causa del exjuez Bailaque, donde está acusado de haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional.
