Gendarmería Nacional realizó los allanamientos en el marco del Caso Vaudagna. Investigan a una empresa constructora de la ciudad capital.
Los allanamientos se realizaron en una escribanía de Irigoyen Freyre 2928 y en los archivos del Colegio de Escribanos de Santa Fe.
Las investigaciones relacionadas con el Caso Vaudagna siguen su curso en la ciudad de Santa Fe. En las últimas horas, y por orden de la Justicia federal, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron dos allanamientos en esta capital: el primero, en el Archivo de Protocolos Notariales del Colegio de Escribanos (San Jerónimo 2960); el otro, en una escribanía, ubicada en Irigoyen Freyre 2928.
Entre 2014 y 2020, Carlos Vaudagna condujo las delegaciones de la ex Afip en las ciudades de Santa Fe y Rosario.
A raíz de una investigación iniciada por la Justicia federal de Reconquista, sus teléfonos fueron secuestrados y, a partir de entonces, se destapó una verdadera Caja de Pandora: los chats de Whatsapp almacenados durante una década, revelan una multiplicidad de posibles delitos que tienen como partícipes directos -además de Vaudagna- a jueces, empresarios, financistas, funcionarios de la ex Afip y hasta un sindicalista.
A principios de este año, abrumado por las pruebas en su contra, Vaudagna decidió declarar como testigo colaborador. Las esquirlas de la causa impactaron en Reconquista, Santa Fe, Rosario y Capital Federal. Pero a medida que la investigación avanza, no se descarta que surjan nuevas ciudades como escenarios de posibles delitos.
En Santa Fe capital, la Justicia investiga cinco hechos puntuales, que a estas alturas ya tienen entre 12 y 15 personas como sospechosas, entre las cuales aparecen empleados de la ex Afp que fueron procesados.
Uno de esos casos de la ciudad de Santa Fe, y que surgió de los chats de los teléfonos de Vaudagna, apunta a la empresa constructora Ricardo Mallozzi.
Según reconoció Vaudagna ante los investigadores, él intervino de manera directa, junto a otro agente de la ex Afip, para que instrumentar una estrategia que le permitiera a esa empresa justificar una suma de dinero.
Todo surgió a partir de una inspección que la Afip realizó en la constructora. Los agentes del organismo recaudador se encontraron con una suma de dinero aparentemente sin justificación.
Según declaró Vaudagna, desde la empresa lo contactaron para saber si existía alguna manera de reducir los montos que la emprea debía pagar por la falta de justificación de ese dinero.
Entonces -siempre según los dichos de Vaudagna-, él mismo habló con el agente Marcelo Bulacio -a cargo de la inspección-, para encontrar la manera de bajar los montos de la sanción. El mismo Vaudagna reveló que lo hizo a cambio de dinero.
Todo esto sucedió en 2017. Y según sospechan los investigadores, el mecanismo encontrado para justificar los fondos fue el siguiente: se hizo figurar una supuesta operación comercial de varias hectáreas de terrenos cercanos a la laguna Setúbal, gracias a la firma irregular de un acta notarial fechada en 2013.
El acta bajo sospecha fue confeccionada por la escribanía ubicada en Irigoyen Freyre 2928. Desde ese lugar, los efectivos de Gendarmería secuestraron documentación que puede revelar si, efectivamente, se trató de un acta irregular, realizada en 2017, pero con fecha de 2013.
Nueve fiscales federales y 3 procuradurías nacionales avanzan en la investigación de la causa por corrupción más grande de la historia de la provincia de Santa Fe, en la que aparecen involucradas -en principio- más de 30 personas entre jueces, empresarios, financistas, agentes inmobiliarios, dueños de medios de comunicación, sindicalistas, abogados, operadores judiciales y empleados de la ex Afip, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El caso lleva el nombre de Carlos Vaudagna, quien entre 2014 y 2020 condujo las delegaciones de la ex AFIP en las ciudades de Santa Fe y Rosario y que, a partir de las pruebas en su contra, en marzo de 2025 decidió declarar como testigo colaborador ante la Justicia federal.
El caso es, en realidad, una extensa lista de posibles delitos cometidos a lo largo de una década, que quedaron al descubierto cuando el fiscal federal de Reconquista (Santa Fe), Roberto Salum, pudo acceder a los chats de WhatsApp guardados en los celulares del ex jefe de la AFIP..
Esa investigación derivó en lo que luego se conoció como “la denuncia madre”, presentada por la ex Afip ante la Justicia federal.
Desde entonces, además de Salum, comenzaron a trabajar los fiscales federales Walter Rodríguez (Santa Fe), Federico Reynares Solari (Rosario), Diego Vesalco y Juan Argibay Molina (Procelac), Diego Iglesias y Matías Scilabra (Procunar), y Sergio Rodríguez y Esteban Venditti (Procuraduría de Investigaciones Administrativas).
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