Con el paso del tiempo, nuevos hechos y nuevos nombres surgen en el Caso Vaudagna. En la historia de la provincia de Santa Fe, nunca sucedió algo semejante.
Los chats de Whatsapp almacenados durante años en teléfonos celulares de Carlos Vaudagna, generaron las aperturas de numerosas causas judiciales en distintos puntos de la provincia.
El Caso Vaudagna -el exjefe de Afip que declaró como arrepentido luego de que la Justicia federal accediera a los registros de Whatsapp de sus teléfonos celulares- se transformó en la causa de corrupción más grande de la historia de la provincia de Santa Fe.
No se trata de una mera opinión, ni de una afirmación antojadiza, pues los elementos objetivos para sostenerla se multiplican:
Carlos Vaudagna condujo la Afip Santa Fe y Rosario durante más de una década.
Leer más ►Qué dicen los chats entre Vaudagna y un empleado de la Afip
Jamás, en la historia de la provincia de Santa Fe, una investigación judicial provocó semejantes esquirlas, abarcó tantas ciudades, involucró a tantos fiscales como investigadores, tuvo a tantas Procuradurías nacionales implicadas (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procuraduría de Investigaciones Administrativas y Procuraduría de Narcocriminalidad), ni atravesó a tantas personas que se encuentran bajo sospecha.
El Caso Vaudagna es tan grande, grave y diverso, que a estas alturas de las circunstancias nadie está en condiciones de realizar un cálculo -siquiera estimado- del dinero evadido o malhabido durante esos años que quedaron fielmente registrados en los chats de Whatsapp del entonces jefe de Afip Santa Fe y Rosario.
Todo se inició desde la Justicia federal de Reconquista, cuando un fiscal pidió tener acceso a los celulares de Vaudagna que, desde hacía más de un año, habían sido secuestrados por el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia.
¿Por qué todo se inició en Reconquista?: porque el fiscal federal de esa ciudad, Roberto Salum, comenzó a investigar un caso de posible lavado de dinero cometido por el expresidente de Vicentin, Omar Scarel.
Se trataba de algo más de 200 mil dólares y, llamativamente, apareció Carlos Vaudagna con una supuesta acta notarial, afirmando que el dinero bajo investigación le pertenecía.
Aquellos documentos, que respaldaban los 200 mil dólares, terminaron siendo fraudulentos, por lo que desde el MPA se le inició una causa y se ordenó el secuestro de sus celulares.
Por la falsificación de documentos, Vaudagna recibió el beneficio por una "probation" -acuerdo legal que permite suspender un juicio penal a cambio de que el imputado cumpla una serie de condiciones por un tiempo determinado-; a pesar de que el artículo 76 bis del Código Penal establece: “No procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito".
Lo cierto es que, mientras los celulares de Vaudagna estuvieron en manos del MPA, no se conocieron los explosivos contenidos almacenados durante tantos años en esos dispositivos móviles.
Aquellos chats representaban una verdadera caja de Pandora y generaron, en poco tiempo, las aperturas de causas federales en Reconquista, Santa Fe y Rosario.
Mientras tanto, la Afip inició una investigación administrativa interna sobre lo que había sucedido en sus delegaciones de Santa Fe y Rosario. Esa investigación derivó en lo que luego se convirtió en "la denuncia madre", presentada ante la Justicia federal.
Esa primera denuncia planteada desde el área Jurídica de la Afip, ya advertía sobre la posibilidad de que se hubiesen producido delitos como violación de secreto oficial, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Todo indica que allí aparecen las primeras transcripciones de chats entre Vaudagna, empresarios de Santa Fe -en reiteradas ocasiones a lo largo de los años- y Reconquista, financistas de Rosario; y que ya surgen nombres de jueces, abogados, algún sindicalista, empleados de quienes hoy están investigados y hasta se menciona algunos nombres de la política. De todos modos, estos elementos de prueba se vienen manejando con suma reserva desde la Justicia federal.
Desde entonces, además de Salum, comenzaron a trabajar los fiscales federales Walter Rodriguez (Santa Fe), Federico Reynares Solari (Rosario), Diego Vesalco y Juan Argibay Molina (Procelac), Diego Iglesias y Matías Scilabra (Procunar), Sergio Rodríguez y Esteban Venditti (Procuraduría de Investigaciones Administrativas).
El tiempo pasó, las causas se multiplicaron y, en Rosario -la ciudad misma que durante años se convirtió en un río de sangre atravesado por el narcotráfico y el lavado de dinero-, el juez federal, Marcelo Bailaque, está detenido por sus vinculaciones con el Caso Vaudagna; mientras se acaba de pedir la detención de otro juez -Gastón Salmain-, por una serie de hechos que también surgen de las esquirlas de la causa madre.
Incluso, en la mira apareció el nombre de un secretario de otro juez federal, Carlos Vera Barros.
El exjuez federal Marcelo Bailaque se encuentra detenido.
Los expedientes judiciales se reproducen frente a las evidencias: Salmain quedó bajo la lupa luego de que el financista Fernando Whpei declarara como arrepentido contra Bailaque. A su vez, la figura de Whpei aparece inmersa en el mundo del financiamiento de la política. Nadie tiene certezas sobre las derivaciones futuras de este hilo investigativo.
En Santa Fe capital, entre las personas investigadas -además de Carlos Vaudagna, claro-, aparecen empresarios y también agentes inmobiliarios. A ellos se suman empleados de la exAfip -algunos convertidos en empresarios-, un abogado y hasta un sindicalista del Turf que, a su vez, parece tener o haber tenido fuertes vínculos con un empresario de la comunicación bajo sospecha.
La Justicia federal acaba de pedir la detención del juez Gastón Salmain.
La lista de casos y de nombres fue creciendo con el avance de las investigaciones, y se espera que siga multiplicándose. Lo mismo sucede desde Reconquista, ya que el fiscal Salum tiene en la mira a posibles testaferros de Vaudagna en la ciudad de Santa Fe.
Por ahora el tema permanece en un segundo plano, pero distintas fuentes consultadas por AIRE coincidieron en que el manejo de mutuales, como gerenciadoras de empresas de salud, puede convertirse en el nuevo hilo conductor de otras investigaciones. Buenos Aires y Rafaela, quizá se conviertan en escenarios de novedades judiciales en este sentido.
A estas alturas de las circunstancias, se sabe perfectamente cómo se inició el Caso Vaudagna, pero nadie está en condiciones de aventurarse y establecer cuáles serán sus derivaciones y consecuencias.
El final está absolutamente abierto. No solo porque las investigaciones continúan en manos de nueve fiscales federales -nada menos-, sino porque no se descarta el surgimiento de nuevos arrepentidos, dispuestos a declarar como colaboradores de la Justicia.
A medida que el tiempo pasa, nuevos datos, nuevos nombres, nuevos documentos y nuevos testimonios surgen.
De una manera u otra, todo contribuye a sostener una afirmación que se torna irrefutable: por la cantidad de imputados, por la diversidad de hechos, por el número de fiscales involucrados y por las derivaciones que aún pueden surgir; el Caso Vaudagna es, sin lugar a dudas, la causa de corrupción más grande de la historia de la provincia de Santa Fe.
Te puede interesar
