El fiscal de Melincué Matías Merlo atribuyó a su par de Reconquista, Rodrigo González, varios hechos delictivos en el marco de una investigación que intenta determinar la vinculación del recientemente suspendido fiscal con el juego clandestino.
González fue apartado de su cargo e imputado por encubrir una red de juego clandestino
La audiencia imputativa se concretó en los tribunales de Melincué, luego de que la legislatura provincial resolviera por unanimidad apartar a González de su cargo por tiempo indeterminado.
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En la audiencia, Merlo sostuvo que González contribuyó al encubrimiento de una organización criminal dedicada a la explotación de juegos ilegales en el territorio provincial. Además, le endilgó la sustracción y ocultamiento de 703 legajos de causas judiciales que estaban asignadas a su persecución penal.
Encubrimiento y sustracción
En cuanto al delito de encubrimiento, Merlo precisó que durante varios meses del año 2017, en su función de fiscal, González contó con información y conocimiento que una banda explotaba una red de casinos clandestinos en la zona de Reconquista, Avellaneda y Vera, y en lugar de investigarlos hizo caso omiso.
Al enumerar la evidencia sobre la que se sostiene la imputación por encubrimiento, Merlo dio cuenta de varios audios de whatsapp y unas 40 comunicaciones telefónicas entre González y uno de los imputados por ser parte de la asociación ilícita, Fernando "Macho" Pérez.
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Pérez se encuentra imputado como parte de esta organización delictiva, a la que también se vincula al ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, al fiscal Gustavo Ponce Asahad y al senador provincial Armando Traferri, quien aún no ha podido ser imputado. Merlo sostiene que González mantenía un vínculo cercano con Pérez, e incluso se ha detectado que viajaron juntos al exterior.
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En cuanto al delito de sustracción y ocultamiento de legajos judiciales, Matías Merlo sostuvo que el fiscal investigado se llevó de la sede del MPA más de 700 legajos fiscales, según testimoniales e informes realizados por el organismo de investigaciones.
El artículo 255 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de un mes a cuatro años quien "sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo".
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