El próximo paso será que un jurado de enjuiciamiento defina la destitución de Bailaque. Fuentes del Consejo de la Magistratura señalaron a AIRE que calculan que el juez será suspendido antes de la feria judicial de julio próximo.
Luego, cuando se concrete su destitución, Bailaque quedará detenido en su domicilio con un dispositivo de tobillera electrónica, como ocurrió con el otro imputado en esta causa, el financista Fernando Whpei.
Las acusaciones contra Marcelo Bailaque
Uno de los encargados de redactar la acusación contra el magistrado rosarino fue el diputado nacional Álvaro González, quien el próximo jueves expondrá los argumentos por los cuales, según se prevé, se aplicará una sanción contra Bailaque, que en primer lugar será la suspensión de su cargo.
A pesar de estar imputado formalmente desde el 30 de abril pasado, este magistrado, acusado en tres causas, seguía ejerciendo como juez de Garantías en el Poder Judicial de la Nación.
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Tras un extenso recorrido del Consejo de la Magistratura, que comenzó el año pasado a analizar las irregularidades que había cometido Bailaque al frente del juzgado de Instrucción N°4, la carrera judicial de este funcionario parece haber terminado de la peor manera.
El proceso se abrió en este organismo, que preside el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, luego de que los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery expusieran en sus alegatos en el juicio contra el narco Esteban Alvarado, la connivencia del Estado en la carrera criminal de un hombre que fue condenado a prisión perpetua, y actualmente está detenido bajo un régimen especial en el penal federal de Ezeiza.
La carrera trunca de Marcelo Bailaque
La carrera judicial de Bailaque comenzó en Rosario cuando en 2008 dejó el viento helado de la Patagonia por el calor húmedo del Litoral. Regresó a su ciudad natal con el cargo de juez federal bajo el brazo. Habían servido las largas charlas con Carlos “Chino” Zannini, cuando era ministro de la Corte Suprema provincial y las conexiones con una clase política que en 2003 llegó al poder con Néstor Kirchner.
Bailaque decidió emigrar a Santa Cruz a fines de los 90 porque un amigo le avisó que había una vacante en la Defensoría oficial. Necesitaba el trabajo. De ese cargo pasó a ser juez de instrucción y a vincularse con la precuela del kirchnerismo.
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Esteban Alvarado, el jefe narco que está preso y en su momento fue protegido por el juez Bailaque.
Los que lo conocen de casi toda la vida recuerdan que fue clave el respaldo del diputado Carlos Kunkel en el Consejo de la Magistratura para su designación, que luego tuvo el visto del Senado en la maratónica sesión del 19 de diciembre de 2007. La cámara alta aprobó su pliego a las 15.18. Ese organismo ahora está a punto de clausurar su carrera.
Bailaque se adaptó rápido al perfil de funcionario de la Justicia federal de Rosario. Era un bicho extraño para una casta judicial que con los años se transformó en una gran familia con graves problemas. El juez, nacido y criado en Rosario, conocía cómo los pliegues de esa parentela. Se asimiló tan bien que después entraron a la Justicia federal sus tres hijos que ocupan cargos, en el Tribunal Oral Federal N°3, en el juzgado federal N°1 y en el Tribunal Oral en lo Criminal de Rosario.
El caso del contador
También hizo ingresar a su propio juzgado al hijo de un amigo de la infancia: Sebastián Mizzau, hoy jefe de despacho en el TOF N°3. El padre de este abogado de 30 años es Gabriel Mizzau, un contador particular: llevaba las cuentas personales del magistrado y de las empresas Sagrado Corazón y Logística Santino, que estaban a nombre de Rosa Capuano, expareja del jefe narco Esteban Alvarado.
El 11 de junio pasado de 2024, AIRE reveló esta trama, que fue confirmada por el propio magistrado. Se cristalizó después en otra causa contra Bailaque, que era quien tenía el expediente por lavado de dinero de Alvarado, que era manipulado en el juzgado por el hijo del contador del narco.
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El juez reconoció en una extensa charla con AIRE que prefería hacer ingresar a su juzgado “a gente que conocía”. Dijo también que desconocía que Gabriel Mizzau, su contador, era también quien llevaba las cuentas de las empresas de Alvarado. Los documentos que obtuvo este medio donde constan que Mizzau firmaba los balances de las empresas figuraban en el expediente que se tramitaba en su juzgado. ¿Cómo podía desconocerlo?
La cooperativa de Herme Juárez y el rol de Vaudagna
Bailaque está imputado de hacerle “favores”, que se convertían en beneficios económicos, a otro amigo, como Fernando Whpei, a quien le dio la administración de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que eran más de 10.000 millones de pesos. Estos empresarios pretendían quedarse con la cooperativa que había sido intervenida en la época en que la conducía Herme Juárez, alias “Vino Caliente”.
Los miembros de la cooperativa, que tomaron la posta del manejo de la entidad, pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones.
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El extitular de la AFIP Carlos Vaudagna se presentó como arrepentido y complicó la situación procesal del juez Marcelo Bailaque.
En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había transferido 10.000 millones de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una de las financieras que pertenecían al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Wphei, exdueños de medios periodísticos y del extraño Museo de la Democracia de Rosario, al que algunos apodan el museo del lavado.
A la par, en la exAFIP, Carlos Vaudagna también embolsaba beneficios a través de “favores”, que ahora fueron calificados como delitos, y que él mismo reconoció. Vaudagna admitió que extorsionaron con Bailaque y Whpei al empresario Claudio Iglesias, quien confesó haber pagado 120.000 dólares al financista rosarino en una de las oficinas del Museo de la Democracia, donde funcionan los despachos del Grupo Unión.
