La fiscal Ballari apelará su suspensión: su abogado cuestionó a la Legislatura y le quitó responsabilidad en el asesinato de Ailén Oggero
Gustavo Franceschetti, defensor de la fiscal suspendida por 90 días, anunció que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Santa Fe.
La fiscal Ballari fue suspendida por 90 días por su accionar en la causa correspondiente al asesinato de Ailén Oggero en Rosario, en febrero del 2025.
La defensa de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, María Verónica Ballari, apelará la suspensión por 90 días que le impuso la Legislatura de Santa Fe tras analizar su actuación en una causa por violencia de género vinculada al caso de Ailén Oggero, la joven asesinada en Rosario en febrero de 2025.
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Así lo confirmó su abogado defensor, Gustavo Franceschetti, quien cuestionó duramente la sanción y adelantó que presentarán un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema provincial.
"Vamos a impugnarlo porque entendemos que es un supuesto de responsabilidad objetiva", afirmó el letrado en declaraciones radiales, al referirse a la resolución adoptada por la Asamblea Legislativa el pasado 4 de junio.
Franceschetti sostuvo que existe una confusión sobre los hechos que derivaron en la sanción disciplinaria. Según explicó, Ballari investigaba una denuncia por violencia de género presentada por Ailén Oggero contra su expareja, Jonathan Omill, cuando la mujer fue asesinada.
La defensa de Verónica Ballari: "Estamos seguro de que Omill no fue quien mató a Ailén Oggero”
"Estamos seguros de que no fue Jonathan Omill quien mató a Ailén Oggero", aseguró el abogado. Argumentó que durante la pesquisa se comprobó que el sospechoso se encontraba trabajando al momento del crimen, con registros laborales y testigos que acreditaron su presencia en otro lugar.
Además, recordó que el hombre fue detenido inicialmente, pero luego recuperó la libertad y nunca fue imputado por el asesinato.
"Al día de hoy no se sabe quién mató a Ailén Oggero ni por qué la mataron", sostuvo.
Qué medidas tomó la fiscal Ballari en la causa
La defensa también rechazó las críticas sobre una supuesta falta de acción por parte de la fiscal.
Franceschetti enumeró que Ballari dispuso rondas policiales de vigilancia para proteger a la denunciante y solicitó su prórroga. También ordenó un allanamiento en el domicilio del acusado luego de que Oggero manifestara que su expareja poseía armas. Durante ese procedimiento se secuestró un arma de fuego.
Según planteó, ni la legislación vigente ni los estándares internacionales obligan a un fiscal a ordenar automáticamente la detención de una persona denunciada por violencia de género.
"No existe ninguna ley nacional, ningún estándar internacional ni el Código Procesal Penal de Santa Fe que obligue a detener a una persona por el solo hecho de haber sido denunciada", afirmó.
La estrategia judicial: recurso ante la Corte Suprema de Santa Fe
El abogado adelantó que la defensa acudirá a la Corte Suprema provincial para cuestionar tanto la sanción como la facultad de la Legislatura para ejercer control disciplinario sobre los fiscales.
Uno de los argumentos centrales será la reforma constitucional santafesina, que prevé la creación de un nuevo órgano para intervenir en estos procesos, integrado no solo por legisladores sino también por representantes de otros sectores institucionales.
"Le hemos pedido a la Asamblea Legislativa que se abstenga de sancionar disciplinariamente y espere a que se constituya este nuevo organismo", explicó.
Franceschetti sostuvo que, en caso de no obtener una resolución favorable en la provincia, continuarán el reclamo en instancias superiores.
"La idea es seguir hasta el final, incluso si es necesario acudir a la Corte Suprema de la Nación o a organismos internacionales", afirmó.
La preocupación de los fiscales por el precedente
Durante la entrevista, el abogado también advirtió sobre el impacto que podría tener la sanción en futuras investigaciones de violencia de género.
Según señaló, si se responsabiliza disciplinariamente a los fiscales cada vez que una denuncia termina en un hecho grave, se generará una presión para ordenar detenciones de manera automática.
"En Rosario ingresan unas 40 denuncias por violencia de género por día. Es absolutamente impracticable detener a todas las personas denunciadas", sostuvo.
La suspensión de Ballari generó además el rechazo de sectores del Ministerio Público de la Acusación y de la Asociación de Fiscales, que durante el proceso habían manifestado que la funcionaria había actuado dentro de las herramientas legales disponibles para intervenir en el caso.