En el medio, surgió una versión que comenzó a tomar fuerza: Whpei evalúa presentarse como arrepentido, como ya lo hizo en marzo pasado el extitular de AFIP Carlos Vaudagna. Un síntoma que aparece sobre la superficie es que este viernes su abogado Emiliano Díaz renunció a la defensa del financista, y asumió su lugar Renzo Biga, un penalista que trabaja en tándem con los letrados Marcos Peyrano y Froilán Ravena, ambos electos convencionales constituyentes por La Libertad Avanza. El argumento para la suspensión de la audiencia de revisión fue que la nueva defensa no había tenido tiempo para analizar la causa.
Las versiones sobre esta maniobra sorprendieron a los investigadores del fuero federal, que hace dos semanas imputaron con una batería de evidencias al financista que tenía sus oficinas del Grupo Unión en el Museo de la Democracia, en Santa Fe y Sarmiento, que fue el escenario usado por Whpei para cobrar 120.000 dólares de parte del empresario Claudio Iglesias, al que habrían extorsionado junto con el juez federal Marcelo Bailaque y Vaudagna.
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Esa extorsión, según declaró el extitular de la AFIP se gestó en una cena en el quinto del edificio donde vive Bailaque, quien cumplirá la prisión preventiva si lo destituye el Consejo de la Magistratura, luego de la resolución que tomó el lunes pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
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Si Whpei se presenta como arrepentido debería aportar datos que sean relevantes en las dos causas en las que está involucrado. Como Vaudagna ya tomó ese camino en marzo pasado, y admitió haber participado de la extorsión contra el empresario Iglesias, Whpei apuntaría también contra Bailaque, que está siendo sometido a una investigación en la Comisión de Acusación en el Consejo de la Magistratura, que retomó sus reuniones hace dos semanas después de un extenso receso desde diciembre.
Es llamativo que se filtre que un imputado va a presentarse como arrepentido. Es algo que se mantiene bajo estricta reserva, porque implica un proceso de declaraciones en los que el “imputado colaborador” debe aportar datos precisos sobre la causa que se está investigando, incluso, admitir su culpabilidad.
Como ocurrió en el caso de Vaudagna, el arrepentido busca que se morigere la pena en su contra. El extitular de la AFIP cerró un acuerdo que prevé una condena de tres años de prisión, con lo cual evitaría ir a la cárcel. Pero también plegarse a la figura del arrepentido implica que las sanciones económicas sean menores.
Por ejemplo, Vaudagna acordó entregar a la justicia federal un lote en el country “Odisea Aires del Llano”, ubicado en Autopista Santa Fe-Rosario, en Santo Tomé; un inmueble en “Terrazas de Ayres”. Estas propiedades están a nombre de la sociedad “Integrados Hipatia SA”.
En el caso de Whpei, durante su imputación el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, solicitó cautelar bienes del imputado hasta cubrir la suma de 1.216,5 millones de pesos respecto de la investigación por extorsión a los empresarios y de 260 millones de pesos en relación a la imputación de tráfico de influencias en detrimento de la Cooperativa de Estibadores de Puerto General San Martín.
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El fiscal también solicitó el embargo preventivo de los siguientes bienes registrados a nombre de Whpei: una embarcación; acciones que tendría en 11 sociedades anónimas y un fideicomiso; sumas de dinero depositadas en cuentas en pesos y en dólares en ocho entidades bancarias, una financiera y tres billeteras virtuales; títulos y valores depositados en cuatro cuentas comitentes; sumas de dinero y valores guardados cajas de seguridad.
Es probable que estas sanciones económicas terminen siendo renegociadas si el financista se presenta como arrepentido. El que quedaría en una posición de mayor debilidad es el juez Bailaque, porque dos de los acusados declararían en su contra.
Una de las interpretaciones que hacen fuentes ligadas a la causa es que de esta manera esta investigación tendría un techo, es decir, quedaría reducida a estas causas y no habría chances de seguir con otras maniobras que se sospecha que se gestaron en el juzgado de Bailaque. Nadie habla de que estas investigaciones terminen con una especie de Mani Pulite en la justicia federal de Rosario, pero varios actores consideran que estas maniobras que terminaron en las acusaciones de los fiscales no son las únicas que se llevaron adelante durante más de una década y media en el juzgado federal N°4.
Por eso, algunas fuentes sugieren que no es menor que detrás de la decisión de Whpei estén abogados como Froilán Ravena y Peyrano, que pertenecen al oficialismo nacional. Ambos son convencionales constituyentes electos por La Libertad Avanza. Peyrano es además asesor del Ministerio de Capital Humano de la Nación.