Bayarri denunció haber sido sometido a torturas para lograr una confesión y acusó a Zelaya de sobreseer a los policías que fueron responsables por esos tormentos.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal compartió expresamente los argumentos de la Procuración General de la Nación, en los que cuestionó con dureza el fallo dictado por la Cámara Federal de Casación Penal por haber hecho, “una vez más”, una “parcial valoración de la prueba” contra Zelaya.
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Esta no es la primera vez que interviene la Corte Suprema en el caso: ya en 2014 el máximo tribunal había ordenado el dictado de una nueva sentencia sobre la situación del entonces juez, sobreseído en instancias previas. Pero por mayoría la nueva sentencia de Casación rechazó los planteos de la fiscalía e insistió con el sobreseimiento.
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Los jueces de la Corte Suprema de Justicia ordenaron avanzar con la investigación contra el ex juez Luis Zelaya, en el caso del secuestro de Mauricio Macri.
Eso es lo que ahora revocó la Corte Suprema, “haciendo suyos” –dijo expresamente- los argumentos del fiscal general Eduardo Casal que consideró que el fallo de Casación, “al igual que el anterior de esa sala, con otra integración, fue el resultado de un examen parcial de prueba, afirmaciones dogmáticas y fundamentos aparentes”.
Según planteó, allí se desvirtuaron “las declaraciones de funcionarios y empleados del juzgado a cargo de Zelaya, que dijeron que éste admitió que los imputados golpearon duramente al querellante, y que se negaba a dictar sus procesamientos debido a la repercusión que tal decisión podría tener en otra causa que tramitaba en el fuero federal” por el secuestro.
El secuestro de Mauricio Macri
Todo se centra en la investigación policial por el secuestro de Mauricio Macri, heredero de una de las fortunas más importantes de la Argentina, quien luego se convertiría en presidente de Boca Juniors, jefe de Gobierno porteño y presidente de la Nación.
En la madrugada del 25 de agosto de 1991, Macri fue secuestrado cuando llegaba a su casa de Barrio Parque, de la Capital Federal. Pasó doce días encerrado en el sótano de un local ubicado en la avenida Juan de Garay 2882, del barrio porteño de Boedo. Fue liberado ileso doce días después.
Por el secuestro fueron juzgados y condenados por el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral los integrantes de la llamada “banda de los comisarios”, que ya había llevado adelante otros secuestros por los que pedían rescates millonarios a empresarios que luego fueron ejecutados. Entre los condenados estaba el ex suboficial Juan Carlos “Pelado” Bayarri.
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Sin embargo, Bayarri denunció que su confesión fue producto de golpes y torturas que le aplicaron policías durante su interrogatorio. Su padre también había sido detenido y torturado. Apuntó contra Carlos Sablich, comisario inspector y jefe de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, uno de los principales responsables de la liberación de Macri. Con sus denuncias llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la justicia lo liberó tras pasar más de una década preso.
A fines de mayo de 2014, Sablich fue condenado a 16 años de cárcel por el Tribunal Oral N°19 junto a su superior Carlos Gutiérrez. Pero Bayarri también acusó al juez Zelaya de haber protegido a los policías que participaron en los tormentos para que confesara. Zelaya fue sobreseído, pero el caso llegó a la Corte y el procurador interino Eduardo Casal, en ese entonces procurador fiscal, dictaminó por revocar su sobreseimiento. La Corte hizo lugar en 2014 y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Pero Casación volvió a dictar su sobreseimiento con el voto de los jueces Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. Nuevamente, Casal dictaminó contra esa valoración sesgada y hoy la Corte Suprema acompañó esa posición.
Tras repasar las pruebas que evaluó la CIDH y que formaron parte de la condena a los policías, la Procuración señaló que “todas estas cuestiones relacionadas con la actuación de Zelaya fueron claramente expuestas en el anterior dictamen, a cuyos términos se remitió el Tribunal, e integraron los fundamentos sobre los que V.E. dejó sin efecto aquella anterior sentencia del a qua. Sin embargo, no fueron consideradas por los magistrados que ahora conformaron la opinión mayoritaria del fallo apelado”.
“En tales condiciones, pienso que esa decisión no sólo debe ser descalificada como acto jurisdiccional válido, por ser el producto de una defectuosa y fragmentaria evaluación de la prueba y constancias de la causa, y haberse apoyado en afirmaciones dogmáticas e inferencias sin sostén jurídico que no sólo parecen responder a la exclusiva voluntad de los jueces, sino que además -en la medida en que omitió considerar todas aquellas cuestiones- implicó desoír el mandato impuesto por V.E. en su anterior sentencia en estos autos, en el que se precisaron las pautas de fundamentación que debían ser respetadas en el nuevo pronunciamiento, lo que, en mi opinión, demuestra un manifiesto desinterés en acatar las decisiones del Tribunal que, ciertamente, implica un desconocimiento de la superior autoridad de la que está institucionalmente investida la Corte Suprema”, decía Casal en su segundo dictamen que hoy fue respaldado por la Corte Suprema.
