La Legislatura de Santa Fe aprobó este jueves modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el principal órgano de persecución penal de la provincia.
Entre los cambios fundamentales, se le otorga a partir de ahora nuevas facultades a la Fiscalía General -en estos momentos en manos de María Cecilia Vranicich- para tomar decisiones sobre el manejo de recursos, reasignar causas o, incluso, intervenir en fiscalías regionales.
En este contexto, la vicegobernadora Gisela Scaglia defendió las reformas, dijo que tienden a lograr un "sistema de Justicia de Santa Fe más ágil, menos desorganizado y más efectivo", y consideró que, los que se oponen, "le tienen miedo al cambio o no tienen ganas de trabajar el doble para garantizar a la gente seguridad y Justicia".
No se trata de un tema menor. Sobre todo, ante la crisis en materia de seguridad que atraviesa la provincia -sobre todo en la ciudad de Rosario-; los resonantes casos de corrupción que sacudieron al MPA -que incluso derivaron en la detención del exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal-; o los problemas internos que a poco de asumir llevaron a Vranicich a ordenar la virtual intervención del Organismo de Investigaciones.
En la Legislatura, la aprobación de las reformas del MPA no fue unánime: si bien todos los miembros del Senado avalaron los cambios; en la Cámara de Diputados la ley fue aprobada con los votos del oficialismo y del justicialista Juan José Piedrabuena, pero hubo 13 abstenciones (el resto del peronismo, Juan Argañaraz, de Viva La Libertad, y Amalia Granata), más dos votos negativos: Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver, del Frente Social y Popular de Santa Fe.
En el programa Creo, que se emite cada mañana en AIRE, Scaglia remarcó que "cuando se está en una situación de emergencia no se puede seguir igual. Hay que readecuar para empezar a cambiar, porque así como estamos, no estamos bien en materia de seguridad y de Justicia".
"Algunos tampoco querían la ley de Narcomenudeo. Pero ahora la fiscal general tendrá más poder... O le tienen miedo al cambio o no tienen ganas de trabajar el doble para garantizar a la gente seguridad y Justicia", insistió.
Sclaglia explicó que existen controles sobre el accionar del MPA en general y de la Fiscalía en particular: "En la Legislatura funciona una comisión bicameral de seguimiento que es la Comisión de Acuerdos. Es la que controla. Los contrapesos existen y el mecanismo de control está dado por el Legislativo. No tengo miedo a darle más poder a una persona -en este caso a María Cecilia Vranicich-".
Los cambios en el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe
Entre otras modificaciones, la nueva ley plantea estas atribuciones a la Fiscalía General:
- Requerir informes sobre el avance de las distintas causas en trámite.
- Reasignar causas a otras unidades fiscales dentro o fuera de la circunscripción asignada.
- Intervenir total o parcialmente una o más Fiscalías Regionales, por razones de gravedad, con comunicación a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura.
- Crear agencias o unidades fiscales especializadas, designar integrantes y forma de funcionamiento.
Al describir los cambios en el MPA que plantea la nueva ley, Scaglia hizo hincapié en que "la fiscal general tendrá más poder. Más poder para organizar, pero también para asignar a otros fiscales o a ella misma una causa. Ella misma tendrá el poder investigación y de dar indicaciones. Es muy importante que tenga el poder del control y organización del MPA".
"Lo que busca esta reforma, que es parcial porque seguimos trabajando en otras leyes que irán de la mano, es que la Justicia tenga un funcionamiento más dinámico y la gente tenga mejor servicio, que pueda acceder más rápido a la Justicia en la provincia. Por eso optamos por darle poder real a la Fiscalía General, para que pueda decidir sobre las causas, sobre el rumbo, sobre lo que está pasando", agregó.
Para Scaglia, esto permitirá "tener una Justicia menos desorganizada, atomizada, repartida en partecitas. Que haya alguien al que le puedas preguntar y sepa qué está pasando en el territorio y tener control".
En gran medida, el nuevo gobierno de Maximiliano Pullaro apuesta a la puesta en práctica a la ley de Narcomenudeo, a partir de la cual los fiscales de Santa Fe y la Policía de la Provincia pueden intervenir en caso de microtráfico de drogas, sin la necesidad de que deba participar la Justicia federal.
Scaglia adelantó que "se deberán actuar de manera rápida sobre temas en los que los fiscales provinciales no intervenían. Aumentarán la cantidad de causas que tienen los fiscales y la necesidad de actuar rápido. De nada serviría una ley de Narcomenudeo, si no se actúa de manera rápida".
Sobre el mismo tema habló en las últimas horas el ministro de Gobierno, Fabián Bastía: "Ahora se podrán crear las unidades de agencias relacionadas a la persecución del microtráfico, tan trascendente e importante en la persecución del crimen".
“El vecino antes llegaba a la comisaría o al fiscal local, decía que en determinado vendían drogas. Y la respuesta era ‘No podemos hacer nada’. Ahora se terminó el ‘no podemos hacer nada’, porque va a estar la Unidad Fiscal del MPA, persiguiendo este delito”, resaltó.
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