María Cecilia Vranicich, fiscal general del MPA de la provincia de Santa Fe.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Tres meses después de que la fiscal general de la Provincia, María Cecilia Vranicich, decidiera intervenir -aunque nunca se utilizó esta palabra- el Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el proceso tendiente a determinar de qué manera funciona y hasta qué punto es confiable llegó a su fin.
El pasado viernes 19 de agosto, concluyó el período de 90 días dispuesto por Vranicich para que dos de sus colaboradores entrevisten a la totalidad de los integrantes del OI, saquen sus conclusiones y eleven un informe con los resultados obtenidos.
AIRE intentó obtener algún tipo de información acerca de estas conclusiones, para saber si se tomarán medidas en lo inmediato que generen mayor confianza en el OI y lo hagan más eficiente. Sin embargo, al menos por el momento este tema se maneja con total hermetismo desde el MPA.
Todo indica que a partir de ahora Vranicich evaluará los resultados de esta auditoría, antes de anunciar algún tipo de medida con respecto a un órgano investigativo fundamental en la persecución de los delitos complejos que se producen en la provincia de Santa Fe.
En una de sus primeras decisiones al frente del MPA, Vranicich firmó el 18 de mayo la Resolución 170, en la que se pedía a los fiscales de toda la provincia que ya no enviaran nuevos casos para ser investigados por el OI y disponía que el administrador general del MPA, Guillermo Rabazzi, y la secretaria de Gestión de la Fiscalía General, Marina Pieretti, recorrieran las dependencias del OI en las cinco Fiscalías Regionales de la Provincia y entrevistaron a cada uno de los miembros, en busca de información que contribuyera a obtener un diagnóstico para "restaurar la confianza institucional interna y externa de este órgano técnico de apoyo a la gestión".
Apenas llevaba un mes como fiscal general de Santa Fe, cuando Vranicich emitió esta resolución en la que, de alguna manera, puso en dudas la "confianza interna y externa", la "objetividad", la autonomía y la independencia del Organismo de Investigaciones, desde donde se deben realizar las tareas necesarias para esclarecer, nada menos, que los delitos cometidos en una provincia atravesada por la inseguridad y la violencia.
No solo planteó la necesidad de recuperar la confianza perdida en el organismo, sino también de "consolidar un OI que contribuya al desarrollo de investigaciones eficientes y eficaces, actuando con respeto al principio de objetividad y garantizando la actuación autónoma e independiente que debe regir al MPA".
Lo que debería ser un órgano eminentemente técnico-científico como el OI, se vio envuelto durante los últimos años en situaciones directamente ligadas con la política.
El OI debe funcionar como "un órgano de apoyo técnico especializado que asiste a los órganos fiscales en dos áreas fundamentales. Por un lado, colabora en tareas de análisis e investigación criminal y, por el otro, cumple funciones de tipo periciales a través de los laboratorios Químico Forense e Informático Forense".
La ley establece que su competencia apunta a la "investigación criminal en torno a tres ejes fundamentales: los delitos cometidos por funcionarios públicos, los ilícitos en los que interviene una organización criminal y los hecho delictivos en los que se advierte gravedad institucional o conmoción social".
La Resolución de mayo pasado ordenaba realizar una evaluación sobre la infraestructura y los recursos técnicos del organismo. Pero lo que fundamentalmente se buscó a partir de esta intervención no declarada, fue saber quiénes integran el OI, cómo llegaron, a quién o a quiénes responden, si tienen alguna militancia política, cuál fue su desempeño hasta este momento.
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