El núcleo de la ley especifica que los estudiantes con necesidades de apoyo tienen derecho a estar incluidos en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.
La educación inclusiva en clave de derecho humano es el fundamento de un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Roberto Mirabella. La iniciativa busca garantizar en todo el país el acceso de los alumnos a propuestas personalizadas según sus necesidades, especialmente en el caso de aquellos niños y adolescentes con discapacidad, con dificultades en su trayectoria escolar o con altas capacidades intelectuales.
“Este proyecto busca derribar barreras de aprendizaje y participación, a fin de garantizar una educación equitativa de calidad para todos y todas, con una perspectiva pedagógica centrada en el respeto a la diversidad, la universalidad y la no discriminación”, señala Mirabella.
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El legislador ya había presentado la iniciativa durante su mandato como senador, pero la misma perdió estado parlamentario en 2022. Ahora, vuelve a presentarla acompañada por la firma del diputado Julio Cobos.
El Régimen para la Educación Inclusiva planteado en la iniciativa “es para todos los estudiantes que necesitan acompañamiento para llevar adelante sus trayectorias educativas en cualquier institución de gestión pública o privada de nuestro país, según los lineamientos de la Ley 26.206 de Educación Nacional”, remarca el diputado.
El núcleo de la ley especifica que los estudiantes con necesidades de apoyo tienen derecho a estar incluidos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del Sistema Educativo Nacional y, para lograr esta premisa, prevé una serie de estrategias, herramientas y disponibilidad de recursos que tienen como objetivo garantizar la posibilidad de aprender desde una mirada que incluya a todos.
“La educación implica y requiere actualizaciones y ajustes constantes, en especial ante una sociedad diversa, plural y que está siempre en evolución. En este marco se insertan las diferentes capacidades de las personas que acceden al sistema educativo en todas sus modalidades y niveles obligatorios, y sus necesidades”, dice Mirabella.
En base a esta concepción, la ley presenta a la Educación Inclusiva como un derecho humano con perspectiva pedagógica, una mirada que se centra en el respeto a la diversidad, universalidad y no discriminación.
Las familias de niños y jóvenes con discapacidad coinciden en la importancia de las trayectorias individuales. Cada persona es única y cada diagnóstico necesita de una mirada atenta a su particular desarrollo. En este sentido, la ley destaca el concepto del Proyecto Pedagógico Individual (PPI), una propuesta de enseñanza personalizada que se diseña especialmente para aquellos alumnos que requieren de apoyos. Se trata de una herramienta que conlleva un cuidado proceso de construcción en base a criterios y acuerdos establecidos y documentados por parte de la escuela, los docentes y los profesionales que acompañan al estudiante.
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El PPI se propone como objetivo identificar los obstáculos que se presentan en el aprendizaje y la participación de cada persona para desarrollar una estrategia de intervención que contemple adaptaciones personalizadas, de acuerdo al diseño curricular que corresponda. Para esto pueden establecerse todas aquellas modificaciones comunicacionales, materiales y de recursos humanos que las escuelas consideren con el fin de asegurar participación y educación de calidad.
Otro punto clave que propone la ley es la formación docente. Se pretende promover la capacitación inicial y continua de los maestros y profesionales en la educación inclusiva. Además, entre las funciones de las autoridades educativas, se plantea la promoción de la creación de cargos para garantizar el objetivo de una educación inclusiva plena, el buen desarrollo del clima escolar y el trabajo puertas adentro del aula.
Dentro del proyecto cobra especial relevancia otro punto que los padres de niños con discapacidad reclaman: el fortalecimiento del trabajo en común y la generación de acuerdos entre los distintos actores involucrados en la inclusión escolar.
Esta es “una iniciativa con sustento en la generación de acuerdos entre las familias, los equipos de apoyo, las instituciones y los estudiantes para lograr una trayectoria escolar basada en reconocer el conjunto de saberes adquiridos de cada estudiante”, explica el diputado nacional. Esta labor coordinada es un factor clave para que los objetivos planteados puedan efectivamente concretarse en cada alumno.
En el mismo sentido, la propuesta presenta la figura del Profesional de Apoyo a la Inclusión (PAI) que puede ser un psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, docente de Educación Especial o licenciado en Ciencias de la Educación capacitado especialmente para facilitar la integración escolar de los niños y adolescentes que necesitan orientación y acompañamiento.
En este marco, el Ministerio de Educación -planteado como la autoridad de ejecución- es el responsable de desarrollar instancias institucionales que permitan identificar las barreras de aprendizaje, así como también de construir mecanismos de apoyo que respondan a las necesidades particulares de cada estudiante. Entre sus funciones la ley presenta la creación de instrumentos de evaluación y seguimiento de los procesos de educación inclusiva, y el relevamiento estadístico de las personas que necesitan apoyo.
Finalmente, también debe propiciar la sensibilización de toda la comunidad educativa. Así, como punto final, se busca no dejar afuera a ningún eslabón del sistema escolar. Involucrar para derribar barreras es la consigna.
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