La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la empresa Vicentin y sus responsables por presunta utilización de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones, informó esta tarde. El ente recaudador señaló que el perjuicio estimado al Estado supera los 110 millones de pesos.
El organismo estima que la evasión ronda los $110 millones
"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019", indicó en un comunicado.
El Régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el tipo de maniobras denunciadas. La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019. La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores.
La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los 111,6 millones de pesos entre 2016 y 2019.
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El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería.
De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real. Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos.
Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar
explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados.
La pata provincial
Por otra parte, este viernes, la Justicia santafesina resolvió hacer lugar al pedido hecho por los cuatro acreedores más importantes de la empresa Vicentin y dispuso realizar una auditoría forense. Además, estableció un plazo de 15 días para que los auditores presenten un informe sobre la situación de la compañía del norte santafesino.
"Este pedido se inscribe en el marco de las facultades previstas por el Art. 260 LCQ que instituye al comité citado como un órgano de información y consejo del juez concursal", explica el comunicado del Poder Judicial.
La auditoría forense tiene como objetivo que los profesionales que la compongan participen de la investigación de fraude y otras maniobras ilegales y proporcionen información a la Justicia. "Los honorarios y gastos que demande la realización de esta actividad en particular, se consideran gastos del concurso", aclara el comunicado.
Dentro de los próximos 15 días, los auditores deben presentar un "plan de trabajo integral" a desarrollar "con relación a la situación financiera, contable, comercial y productiva de la sociedad concursada".
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El Tribunal de Apelaciones avaló así la decisión tomada por el juez federal porteño Julián Ercolini, quien declaró su incompetencia parcial para investigar parte de los delitos en el marco de la causa por defraudación que se sigue a la firma y a exdirectivos del Banco Nación en el macrismo, por multimillonarios préstamos otorgados.
El camarista Pablo Bertuzzi confirmó por "ajustada a derecho" esa decisión firmada por Ercolini el 20 de julio último. "Corresponde señalar que en el presente legajo se investiga la posible defraudación que Vicentin SAIC habría realizado en perjuicio del Estado Nacional, como consecuencia de la posible connivencia de funcionarios estatales para el otorgamiento irregular de créditos tomados ante el Banco de la Nación Argentina", recordó el magistrado en el fallo.
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