La Justicia santafesina resolvió este viernes hacer lugar al pedido hecho por los cuatro acreedores más importantes de la empresa Vicentin y dispuso realizar una auditoría forense. Además, estableció un plazo de 15 días para que los auditores presenten un informe sobre la situación de la compañía del norte santafesino.
Puerto de la empresa Vicentin, oriunda de la ciudad santafesina de Avellaneda.
"Este pedido se inscribe en el marco de las facultades previstas por el Art. 260 LCQ que instituye al comité citado como un órgano de información y consejo del juez concursal", explica el comunicado del Poder Judicial.
La auditoría forense tiene como objetivo que los profesionales que la compongan participen de la investigación de fraude y otras maniobras ilegales y proporcionen información a la Justicia.
"Los honorarios y gastos que demande la realización de esta actividad en particular, se consideran gastos del concurso", aclara el comunicado.
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Dentro de los próximos 15 días, los auditores deben presentar un "plan de trabajo integral" a desarrollar "con relación a la situación financiera, contable, comercial y productiva de la sociedad concursada".
Parte de la investigación a empresarios de Vicentin pasa a la Justicia santafesina
La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el envío a la Justicia santafesina de parte de la investigación sobre la empresa Vicentin, en lo relativo a posibles delitos impositivos y venta de acciones.
El Tribunal de Apelaciones avaló así la decisión tomada por el juez federal porteño Julián Ercolini, quien declaró su incompetencia parcial para investigar parte de los delitos en el marco de la causa por defraudación que se sigue a la firma y a exdirectivos del Banco Nación en el macrismo, por multimillonarios préstamos otorgados.
El camarista Pablo Bertuzzi confirmó por "ajustada a derecho" esa decisión firmada por Ercolini el 20 de julio último.
"Corresponde señalar que en el presente legajo se investiga la posible defraudación que Vicentin SAIC habría realizado en perjuicio del Estado Nacional, como consecuencia de la posible connivencia de funcionarios estatales para el otorgamiento irregular de créditos tomados ante el Banco de la Nación Argentina", recordó el magistrado en el fallo.
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