El coordinador del Programa de Salud en Contextos de Encierro, Guido Sintas, recordó este lunes que las personas privadas de la libertad sólo lo están "respecto de ese derecho" por lo que se trabaja para articular el acceso a la salud de la población alojada en cárceles en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Al participar del reporte diario que emite el ministerio de Salud, el funcionario comentó que se han publicado todas las recomendaciones para que las instituciones sepan qué hacer con las personas que ingresan a los penales, qué protocolo se debe seguir ante un caso sospechoso, qué hacer con los contactos del mismo y qué con los confirmados.
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Además, comentó que la oficina que dirige trabaja para "articular el ingreso de los programas y direcciones nacionales y provinciales" a las instituciones, "la articulación con el sistema de Salud".
Aseguró que también se trabaja en la capacitación de todos los actores penitenciarios con diversas modalidades entre las que se incluye una "diplomatura en Salud en Contexto de Encierro".
"Las personas privadas de la libertad sólo lo están respecto de ese derecho, el de transitar libremente, y no de ningún otro", dijo Sintas y aclaró que si bien "conservan el derecho de salud" están "en una situación con obstáculos para acceder a él".
Entre esas dificultades enumeró barreras edilicias y la "sobrepoblación" unidades carcelarias.
En Santa Fe
Según el periodista Germán de Los Santos, las cárceles en Santa Fe están desbordadas desde hace tiempo, con una sobrepoblación carcelaria de más de 1.000 internos en los tres penales más grandes de la provincia, como Piñero, Coronda y Las Flores.
Ahora la pandemia del coronavirus hizo visible un problema que desde hace tiempo representaba una amenaza; era una bomba de tiempo, no sólo por las condiciones en que están detenidas 6.667 personas en penales que tienen una capacidad máxima para 5.758, sino también porque la problemática del delito en las calles, con la narcocriminalidad como eje, dividió dentro de los penales a las organizaciones criminales que siguieron con el control de los negocios ilícitos tras las rejas. Ese poder acumulado es difícil de romper cuando se hizo tan sólido detrás de los muros.
En las cárceles de Santa Fe el lunes 23 y el martes 24 de marzo se desataron dos violentos motines en los que los internos reclamaban mejoras en el sistema de salud y denunciaban que el personal de seguridad, médicos y maestros que ingresan a los penales no cumplían con las normas de higiene para prevenir el coronavirus.
El lunes 23 de marzo cerca de las 15 comenzaron los conflictos en las cárceles de Coronda y las Flores que dejaron como saldo cinco muertos en Las Flores y uno en Coronda. Por la tarde se registró un muerto y varios heridos en Coronda, mientras que los disturbios en Las Flores no cesaron. Durante toda la noche se intentó de controlar la situación en los pabellones y fue cerca de las 4 de la madrugada cuando los conflictos cesaron.
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Los internos de Las Flores tomaron los pabellones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 y expulsaron a los guardias. Por la noche, ya circulaban por toda la cárcel y quemaron la instalación eléctrica. "Hubo 700 presos amotinados, se trata de ente el 40 y el 45% de la población del penal", informó Walter Gálvez, secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia. "Los fallecidos y los heridos fueron todos frutos de las reyertas entre internos, ninguno fue resultado del accionar policial", aclaró.
De esta manera suman nueve los presos fallecidos en penales santafesinos desde la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Seis de ellos murieron en el contexto de los reclamos que se dieron en Las Flores y Coronda el lunes 23 de marzo o a causa de esta revuelta. Otros dos a raíz de una pelea el martes 31 en un pabellón en Las Flores, y el último homicidio se perpetró el jueves 16 de abril por la noche, tras una disputa que se dio en el patio central del mismo penal.
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Aunque en Santa Fe hay problemas puntuales, por el estado calamitoso de las cárceles, saturadas de presos que viven en condiciones “inhumanas”, como describió la defensora pública Jaquelina Balangione, la pandemia puso en el foco en varias partes del mundo a las cárceles como síntomas de conflicto. Es un alerta generalizada, sobre todo en los países en donde las cárceles, como en Argentina, están habitadas por pobres y marginales.
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