Municipios y comunas: el cobro de tasas bajo la lupa de los productores
La problemática se repite en todo el territorio, así como en provincias vecinas, y es un reclamo crónico. En los departamentos Vera y General Obligado los contribuyentes relatan situaciones inverosímiles que los impulsaron a organizarse. Afirman que algunos distritos ni siquiera tienen caminos comunales, porque sólo los atraviesan arterias provinciales o nacionales. Otros, tampoco cuentan con la maquinaria para devolver en obras el cobro de la tasa. Sin embargo, todos recaudan millonarias sumas, de las que se pierde el rastro. Aseguran, además, que para los morosos no hay piedad: con sólo un año de deuda se activan procesos judiciales que pueden llegar al remate de la propiedad.
Hastiados de esto, el miércoles por la noche un centenar de contribuyentes de la región se reunieron en el Club de Tartagal, departamento Vera, para pensar cómo hacer valer sus derechos.
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El diputado Dionisio Scarpín participó de la reunión con los productores
El dilema no es menor: las arcas comunales se nutren primero de esa tasa (en la práctica, un impuesto más) y luego con la coparticipación de la provincia. Si se cortara ese ingreso, deberían aumentar los fondos coparticipados para impedir el colapso. Dicen que la sordera de las autoridades provinciales ante los reclamos probaría esta hipótesis.
Es la explicación que esgrimen los damnificados al observar la paralización en la Legislatura de un proyecto de Ley que propone, modificando normativas vigentes, algo muy sencillo: que las comunas sólo puedan cobrar en concepto de Tasa por Hectárea una obra ya realizada y en una relación proporcional a la inversión que requirió. En otras palabras: que la tasa funcione como tal y no como un impuesto encubierto, que además es ilegal.
Productores se organizan contra la falta de contraprestaciones comunales
Ricardo Sigaudo, productor y empresario en la región, uno de los impulsores de la asamblea, dijo a AIRE que la intención fue presentar ideas y elaborar un documento. Con casi 50 firmas, el acta resultante consta de tres simples puntos: la intención de formar una Mesa Rural “que gestione la tasa con la comuna de cada lugar”; acompañar en la Legislatura las iniciativas que buscan corregir estos abusos; y gestionar el fin de los juicios por el cobro de la tasa.
“Vamos a presentarla al presidente Milei, que tiene una página de protestas; vamos a presentársela al gobernador, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a todos los presidentes de comunas de la zona”, indicó el productor.
Al encuentro, destacó, fueron invitados diputados y senadores de ambos departamentos. De Vera no se presentó nadie. Y de los legisladores, fueron emisarios del senador por General Obligado Orfilio Marcón y asistió Dionisio Scarpín, quien preside justamente la comisión de Obras y Servicios Públicos en la Cámara Baja, donde desde marzo de 2024 está inmóvil el proyecto que reclaman los productores. La iniciativa, de los diputados Amalia Granata y Emiliano Peralta, propone modificar la Ley n° 5.066 de Cobro de Créditos Fiscales por parte de Municipios, el Código Tributario Fiscal (Ley 8.173) y la Ley 11.297 de Emergencia Agropecuaria.
Juicios ejecutivos por deudas de tasas: el riesgo de perder el campo
Sigaudo explicó que uno de los aspectos más graves, además de no recibir la contraprestación vital de caminos transitables para pobladores y productores en zonas inhóspitas como la Cuña Boscosa, es la indefensión ante este abuso. “Los juicios tienen acción ejecutiva, como lo tiene un cheque rebotado”, dijo sobre las demandas comunales por no pagar la tasa. Y completó: “al iniciarnos acción ejecutiva nos rematan el campo antes de un año, es tremenda esta situación que estamos sufriendo”. Aunque aún no se llegó a una ejecución, dijo que hubo casos en que se puso fecha a la subasta de propiedades por este motivo.
Para dar una dimensión económica, el productor dijo que sólo en Vera hay casi 2 millones de hectáreas sobre las que se cobra la tasa, cuya alícuota se establece en litros de gasoil. En su distrito, Intiyaco, son 235.000, por cada una de las cuales la comuna cobra 2 litros del combustible premium, equivalente a un kilo de ternero (que es la moneda del productor). “Si un campo, el promedio en la zona, produce 30 kilos de ternero por año, un kilo te saca la comuna. Hasta ahí vamos bien, pero no te arreglan ni siquiera los caminos. Y no te da ninguna explicación en qué se gastó ese kilo de ternero por hectárea”, se quejó.
Frente a esto se intentaron reclamos judiciales, pero siempre resultan infructuosos porque la legislación no contempla el reclamo. “Todos estamos condenados a pagar. Y por eso viene la protesta”, dijo Sigaudo.
De parte de Scarpín, relató que la respuesta fue que la reforma está siendo analizada por los asesores de cada legislador. Pero que “a su entender era una ley que tenía que pulirse un poco”.
Asamblea Tartagal 15-1-2025.pdf
