Vicentin en manos de la Corte: un acreedor pide jury contra el juez Fabián Lorenzini y el martes resuelve apelación de la empresa

En las últimas horas, tanto la empresa concursada como el acreedor que pidió la intervención de la Corte redoblaron la presión: la primera habló a través de un comunicado del directorio y el Grupo Grassi pidió un jury de enjuiciamiento contra Lorenzini.

El 16 de junio pasado Gutiérrez dio trámite, a través de un decreto, al pedido de Commodities SA, empresa del Grupo Grassi y acreedora de Vicentin que, aduciendo riesgo institucional, solicitó el avocamiento de la Corte Suprema. El decreto ordenó al juez de Reconquista congelar los plazos procesales y remitir copia de los expedientes para que la Corte resuelva la cuestión de fondo, es decir si corresponde avocarse o rechazar la solicitud.

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¿Qué pasa si la Corte Suprema de Santa Fe se avoca al Caso Vicentin?

Avocarse implica que la Corte intervenga en un caso que no llegó a ella por el camino ordinario. Por lo tanto lo tomaría salteándose instancias inferiores. En este caso, Lorenzini es un juez de primera instancia y la intervención de la Corte le quitaría el expediente antes de que tome una resolución final. A la vez se saltearía a la Cámara de Apelación en lo civil y comercial, que es la instancia intermedia. Es un trámite muy delicado y muy excepcional, que la Corte provincial habilitó en contados casos a lo largo de la historia. Es el equivalente al per saltum que en muy pocas ocasiones admitió la Corte nacional.

Diez días después, el 26 de junio, Vicentin solicitó que quede sin efecto ese decreto de Gutiérrez. Y eso es lo que resolverá el próximo martes la Corte. Si rechaza la apelación de Vicentin el trámite de avocamiento seguirá adelante, lo que significa que correrá vista a las partes para que opinen y luego se le pedirá dictamen al Procurador Jorge Barraguirre, para finalmente resolver el máximo tribunal si se hace cargo o no del concurso o lo deriva a otro juzgado. Esto último, con viento a favor y exprimiendo al máximo los plazos, recién podría conocerse a fines del próximo mes.

Por el contrario, si hiciera lugar al pedido de Vicentin, la historia terminará ahí, se reanudarán los plazos procesales, el juez Fabián Lorenzini quedará ratificado y podrá avanzar con la etapa final del concurso.

No hay unanimidad entre los jueces de la Corte Suprema

Cabe recordar que, unos días antes de que el presidente de la Corte paralizara la causa, Vicentin anunció que su propuesta de pago había alcanzado las adhesiones que exige la ley, tanto en cantidad de acreedores como en el porcentaje de capital. Para eso fue determinante el visto bueno de los bancos extranjeros, que suman acreencias por unos 500 millones de dólares, casi la tercera parte del total del pasivo concursado.

Con respecto a qué decisión puede tomar la Corte, no se conocen precisiones de antemano. Gutiérrez hizo consultas con algunos de los miembros del tribunal antes de firmar el decreto que suspendió el concurso, pero para esta instancia las opiniones no son unánimes. Entre las cuestiones que están en debate es si fue una “decisión política” correcta del presidente meter a la Corte en un conflicto entre privados; la validez de usar un recurso extremo habiendo un juez natural en la causa; la imparcialidad y el mal desempeño que se le atribuye al juez Lorenzini; la posibilidad de que se homologue una promesa de pago con bienes que están caucionados e interdictos en investigaciones penales y que su liberación depende de otras causas y otros magistrados; y el potencial daño al patrimonio del Banco Nación, teniendo en cuenta el tajante rechazo de la entidad pública, que es el principal acreedor individual.

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Todo eso estará sobre la mesa el martes cuando los seis jueces de la Corte deban resolver si siguen adelante o no con el trámite.

Vicentin dice que va a cumplir con “los compromisos asumidos”

Vicentin sostiene que el decreto por el cual Gutiérrez frenó el concurso viola el principio de legalidad, el derecho de defensa y la garantía constitucional de juez natural de la causa. Adelantó su intención de recurrir a la Corte Suprema de la Nación si su posición es rechazada y advierte que la sociedad “colapsará por falta de ingresos” si se cae el concurso.

Una de las situaciones que llamó la atención es que ninguna de las partes solicitó que se levantara la feria judicial, que terminó el viernes pasado. Tampoco Vicentin, que había mostrado gran apuro a la hora de presentarse ante la Corte sin esperar siquiera una notificación formal (dijo que se había enterado por los medios de la suspensión del concurso).

Sin embargo este martes, al día siguiente de que finalizara el receso, emitió un nuevo comunicado dirigido a “acreedores, colaboradores, proveedores e integrantes de su cadena de valor y de los miembros de las comunidades donde desarrolla sus actividades”.

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Allí afirma que “se encuentra preparada para cumplir con los compromisos asumidos” pero que, para eso, la oferta de pago primero debe ser homologada y deben levantarse “las demás restricciones dictadas en los diversos procedimientos existentes” (en relación a las causas penales) y que “no hay fecha prevista” de cuándo eso puede ocurrir a causa de que la Corte mantiene suspendidos los plazos del concurso. Y “ratifica su confianza en la Justicia provincial”, reitera que “ha solicitado a la Corte Suprema provincial que dichos plazos sean reestablecidos a la brevedad”.

Nueva denuncia ante la Corte contra el juez Fabián Lorenzini

Horas después de ese comunicado, el abogado Gustavo Feldman ingresó una denuncia formal ante la Corte Suprema de Justicia, en la mañana de este miércoles, en la que solicita que se verifique si el juez Lorenzini “incurrió en las causales de falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, más precisamente en “ignorancia manifiesta del derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada” y el “incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas”.

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Ambas cuestiones están indicadas como causales de remoción en la ley 7050 que establece el sistema de enjuiciamiento de jueces en la provincia.

Feldman es abogado penalista del Grupo Grassi y es el que ha llevado adelante las denuncias contra el directorio en general y algunos de sus integrantes en particular en nombre de Commodities SA. De todos modos, en el primer párrafo de esta denuncia formal ante la Corte Suprema aclara que la presentación es “por derecho propio”.