La suba fue oficializada a través del Decreto N° 710/2026 y comenzó a regir tras su publicación en el Boletín Oficial. Sin embargo, las empresas nucleadas en la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) habían solicitado un ajuste cercano al 40%, en función del atraso acumulado desde agosto de 2025.
Un incremento que no recompone
Desde las cámaras empresarias remarcaron que el aumento “no logra recomponer la tarifa” y advirtieron que la herramienta tarifaria muestra signos de agotamiento. Según explicaron, cada actualización impacta directamente en la demanda, reduce la cantidad de pasajeros y debilita la sustentabilidad del sistema.
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“El incremento del 30,57% no logra recomponer la tarifa y apenas actúa como un paliativo frente a la profunda crisis estructural”, señaló Rodolfo Wagner, representante de ATAP, en diálogo con AIRE.
El núcleo del reclamo empresario se concentra en el desfasaje entre ingresos y costos operativos. Durante más de ocho meses no hubo actualizaciones tarifarias, en un contexto de inflación sostenida y fuertes incrementos en insumos clave. “El aumento fue de 30% sin contemplar el incremento real de los costos. Quedamos desfasados y nos descapitalizamos durante ese período”, explicó Wagner.
Caída de pasajeros y límite de la tarifa
Uno de los efectos más visibles de este escenario es la retracción de la demanda. Desde ATAP advierten que los aumentos tarifarios tienen un impacto directo sobre los usuarios, que en muchos casos optan por reducir viajes o buscar alternativas. “El impacto para el pasajero es muy fuerte. Ese nivel de aumento hace que la gente se baje y busque otros medios de movilidad”, sostuvo Wagner.
El documento empresarial introduce además la idea de un “límite social” de la tarifa: un punto en el que el costo del servicio deja de ser accesible para una parte significativa de la población, afectando el acceso al transporte.
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El núcleo del reclamo empresario se concentra en el desfasaje entre ingresos y costos operativo.
La ecuación económica del sistema también está condicionada por el esquema de beneficios y atributos sociales. Según datos del sector, una proporción mayoritaria de los usuarios no abona la tarifa completa. “De diez pasajeros que suben a un coche, seis no pagan, no puede ser”, lamentó Wagner.
Desde ATAP advierten que esta situación reduce la base de ingresos genuinos y complejiza aún más la sostenibilidad del sistema, en un contexto donde los costos continúan en alza.
Subsidios en debate y reclamo de actualización
El rol del Estado aparece como otro de los puntos centrales del planteo empresario. Las compañías señalan que la eliminación de subsidios nacionales al interior desde enero de 2024 profundizó la crisis, pero también advierten que los aportes provinciales quedaron rezagados frente a la evolución de los costos.
En ese sentido, indicaron que el Fondo de Asistencia al Transporte Urbano e Interurbano creció un 63% entre 2023 y 2026, mientras que la inflación acumulada en ese período alcanzó el 792%, lo que evidencia un fuerte atraso. Además, mencionaron deudas vinculadas a atributos sociales correspondientes a febrero y marzo de 2026.
Colectivos interurbanos: se normalizan las frecuencias
En cuanto a la operación, Wagner aclaró que la mayoría de las empresas mantiene actualmente sus servicios habituales. Si bien en las últimas semanas se registraron ajustes en algunos horarios de baja demanda —principalmente nocturnos—, indicó que la situación tiende a normalizarse. “Hablamos de un 5% de los servicios que se habían reducido, pero se están restableciendo poco a poco”, explicó.
Con este escenario, desde el sector insisten en que el aumento tarifario debe entenderse como un primer paso, pero insuficiente para revertir la situación. El planteo apunta a la necesidad de mecanismos de actualización más frecuentes —bimestrales o trimestrales— y a una revisión integral del esquema de subsidios que permita sostener el sistema sin trasladar todo el peso al usuario.
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