Violación grupal: las fallas de un sistema que garantiza la impunidad de la violencia machista

¿Por qué? La desconfianza en el sistema de Justicia es una realidad palpable para muchas mujeres que saben que deberán enfrentarse con una sospecha hacia ellas. “Hay que poner el foco en el sistema de justicia, en cómo nos sigue rechazando todo el tiempo, y no cambia que haya penas más duras o menos duras”, plantea Ana Oberlin, abogada especializada en género, derechos humanos y derecho penal.

“Las penas están, las sanciones están, el Código Penal está plagado de un montón de sanciones para quienes cometen actos de violencia, pero el sistema penal nos sigue rechazando, porque transitar cualquier tipo de denuncia de violencias solamente genera más y más y más victimización de personas que ya fueron victimizadas. A las violencias machistas se suman las violencias institucionales machistas”, dice Oberlin.

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Para ella, el peregrinar en el sistema judicial es “parte del problema y es lo que hay de una vez por todas que abordar, tomar como política pública, sancionar a los actores del sistema que generan mayor victimización, generar contextos de escucha habilitante”. Aclara que en la denuncia por lo ocurrido en Palermo, el 28 de febrero pasado, está interviniendo la Dovic (Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas), que sustenta otras prácticas. “Pero, en general, el subreporte de estos delitos es el producto de minimizar estas violencias”.

Ocurre en el sistema judicial y también en los medios de comunicación, que reproducen violencias. Sólo las “buenas” víctimas, las que no “hicieron nada” para “provocar” la situación, estarán fuera de sospecha.

Un ejemplo flagrante es la primera sentencia sobre el femicidio de Lucía Pérez, la del Tribunal Oral Criminal número 1 de Mar del Plata (luego revocado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires), que se valió el “carácter fuerte” de la joven de 16 años –y otras consideraciones igual de insólitas- para presumir el consentimiento y absolver a los acusados.

La panadera que ayudó a la joven violada en Palermo denunció que recibió amenazas de los acusados

Atroz: el 28 de febrero, seis hombres violaron en grupo a una mujer en el barrio de Palermo, ciudad de Buenos Aires.

No hay que ir tan lejos: en mayo del año pasado, el entonces juez penal Rodolfo Mingarini dejó libre a un acusado por violación (la audiencia decidía sobre su libertad) por considerar que, al haber utilizado un preservativo, no pudo haber forzado a su víctima. Fue un escándalo internacional. La Multisectorial de Mujeres y Ni Una Menos Santa Fe se movilizaron, no fue fácil lograr que la Corte Suprema de Justicia lo suspendiera, pese al generalizado rechazo que provocó.

El otro gran tema son las voces que piden el mismo pago, que les apliquen pena de muerte, que “se pudran en la cárcel”. “Me interesa pensar qué pasa con esas personas que cometieron un delito, más allá de la sanción. Porque aun cuando les doy una condena, siguen conviviendo en sociedad, aun cuando sean privados de libertad, ¿qué ocurre cuando salen en libertad?”, plantea Carla Cerliani, que es fiscal de la Unidad Especial de Delitos Sexuales de Rosario. “Es necesario pensar qué políticas, qué intervención es positiva hacer para cambiar conductas porque si no, esto se sigue replicando donde estas personas estén”.

Cerliani plantea una duda a partir de la violación en grupo ocurrida en Palermo. “No sé si estoy de acuerdo con la exposición que están teniendo los agresores. O dejamos que la Justicia actúe o se va a justicia por mano propia, el escrache, que también es una herramienta que se utiliza ante la inacción de la justicia, pero en este caso no sería el supuesto”.

Además, esa viralización de la foto de los agresores, ¿cuenta con la anuencia de la víctima? ¿Alguien le preguntó si quiere ver en todos los medios y todas las redes sociales las fotos de sus agresores?

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Ante las fallas que puede presentar el accionar judicial, Cerliani considera que el tema es “estar atentas para exigir que se cumplan las reglas, que se haga una mirada de igualdad de género, de acuerdo con los tratados internacionales vigentes, pero no buscar la venganza”.

Y recuerda que “la ley de ejecución penal prevé un tratamiento diferenciado para los agresores sexuales. El punto es que después, cuando una va a ver dónde están los equipos interdisciplinarios, qué capacidad y qué tipo de intervenciones tienen, hay dos profesionales para una enorme cantidad de detenidos que no llegan a tener las intervenciones que corresponden”. Es decir que la cárcel, así como está, no sirve para transformar nada.

Para Oberlin es doloroso que “la única respuesta sea punitiva”. “Me parece que tenemos que seguir trabajando en romper esa lógica que lo único que genera es algo que no tiene fin”. Y apunta que se trata de contar con “políticas de prevención urgente, para romper estas lógicas y contar con sanciones acordes a este enfoque. Tenemos que sacar del lugar de monstruosidad a estas personas y colocarlas en el lugar que corresponde, que es que son personas que se consideran con derecho a violar esos cuerpos violables y que lo hacen, no por un placer sexual, ni por la libido, sino porque es una práctica disciplinante. Lo hacen porque están habilitados para hacerlo en este contexto de una cultura de la violación como la que vivimos”.