Los femicidios de tres mujeres jóvenes con sello del narcotráfico ponen la lupa en el retiro del Estado que profundiza la desigualdad y las violencias.
El componente narco lejos de quitarle el estatus de feminicidios a estos crímenes, los complejiza.
Lara Morena Gutiérrez tenía 15 años, Brenda Castillo y Morena Verri tenían 20 años. Tras los femicidios que conmueven al país, las detenciones de doce personas, y la discusión sobre el sello del narcotráfico, las redes sociales se llenaron de posteos que apuntan a echar la culpa a las víctimas.
Como si vivir a la intemperie a esas edades, sin posibilidades concretas de estudiar, trabajar o crear un proyecto de vida digna, fuera una elección. Como si fuera gratis para pibas sin muchas posibilidades que lo único deseable sea consumir, que el dinero sea imprescindible para tener los labios carnosos, las uñas esculpidas, la belleza que es en el mundo de las adolescentes y jóvenes- un valor más que deseable.
Las chicas de Ciudad Evita fueron —se repite desde los medios y algunas autoridades— víctimas de un “crimen con sello narco” pero eso no permite descartar la calificación de femicidio.
En el Código Penal, el femicidio no existe con ese nombre, se trata de un agravante incluido en el inciso 11 en el que se dispone la pena de prisión perpetua para quien mate “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
La violencia de género puede ser íntima, pero no es su única expresión. Eso ya lo determinó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en 2018.
Y no se trata de una discusión penal, ni siquiera semántica, la misma expresión femicidio es parte de una construcción colectiva para señalar que los cuerpos de las mujeres, en estas sociedades, son matables por los varones. Y es necesario señalar que en las economías delictivas, la estructura jerárquica machista también impera.
En 2006, la antropóloga argentina Rita Segato escribió un libro llamado "La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez".
La investigación en esa localidad del norte de México le permitió afirmar que “la lengua del feminicidio utiliza el significante cuerpo femenino para indicar la posición de lo que puede ser sacrificado en aras de un bien mayor, de un bien colectivo, como es la constitución de una fratría mafiosa”.
La “violencia expresiva” de aquellos miles de crímenes que se sucedieron durante más de una década indicaba que “el cuerpo de mujer es el índice por excelencia de la posición de quien rinde tributo, de víctima cuyo sacrificio y consumición podrán más fácilmente ser absorbidos y naturalizados por la comunidad”.
¿Por qué traer una cita de Segato en este caso? Para ordenar los términos de este debate: como cantó el colectivo Las Tesis el 25 de noviembre de 2019, en Chile: “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”.
En toda América Latina, los crímenes del narcotráfico no se explican solos, se insertan en sociedades empobrecidas, lanzadas a la ilegalidad y el consumo de sustancias, con Estados que se retiran de sus funciones sociales y dejan ese espacio vacante para que lo ocupen las organizaciones mafiosas.
¿Por qué hay mujeres jóvenes que son “sacrificadas” para mostrar la capacidad de daño del narco? Primero, porque las mujeres jóvenes son las más castigadas por la pobreza en una economía global -y nacional- que promueve el consumo ilimitado pero no ofrece posibilidades de trabajo digno a la gran cantidad de jóvenes que cada año deberían incorporarse al mercado laboral.
Las chicas de los barrios populares ven muy menguadas sus alternativas: si sus madres son trabajadoras de casas particulares, a ellas les queda el Only Fans, pasar horas en un kiosquito por unos pesos y completar sus ingresos vendiendo en el mercado lo que tienen: sus cuerpos.
Por eso, la primera publicación de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) expresó: “No te pasa por p*ta, no te pasa por chorra. Te pasa y nos pasa por ser pobres”, escribieron en Instagram y subrayaron: “No hay víctimas buenas ni malas. Hay femicidios”.
La primera movilización fue ese mismo día, en Plaza Flores, el barrio que habitaban las chicas todos los días. “Hay tres familias que están rotas y van a haber muchas más si no componemos el tejido social que está roto. Si no nos hacemos cargo de que esto no le pasa a cualquiera, les pasa a las pobres”, expresó Georgina Orellano en esa manifestación.
La dirigente de AMMAR señaló que “son las pobres los sujetos descartables de este gobierno nacional”. “Somos nosotras y son nuestras vidas las que están en juego. ¡Justicia para las compañeras y que no pase más!”.
El componente narco lejos de quitarle el estatus de feminicidios a estos crímenes, los complejiza.
En la provincia de Santa Fe estos crímenes ya ocurrieron. El 19 de julio de 2022, cuando Estefanía y Marianela Gorosito fueron llevadas en un Chevrolet Cruze desde Oroño y Salta hasta la zona oeste de Rosario. Fueron asesinadas en Cabin 9, en la localidad lindera de Pérez. Pablo Nicolás Camino, el preso sindicado al frente de una franquicia de Los Monos, fue acusado como instigador del doble asesinato, también ligado a una “supuesta” deuda de las víctimas.
La mafia narco regula el flujo de dinero en los territorios y también utiliza el cuerpo de las víctimas para dar un mensaje al resto de la población. No sólo de mujeres, pero hay en el ensañamiento con ellas un mensaje.
Nadie debería mirar para otro lado, y es importante no pensar sólo en términos de la militarización de los territorios, porque esa respuesta se muestra insuficiente. En cinco años se registraron 196 feminicidios vinculados al narcotráfico en la Argentina, según los datos relevados por el Observatorio de Mumalá. Mientras tanto, el dinero que produce el narcotráfico -como bien se ve en Rosario- circula en las zonas de mayor poder adquisitivo casi sin consecuencias.
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), señalan que “la violencia no afecta a todas por igual: en contextos de criminalidad organizada, las mujeres están en mayor riesgo de ser usadas como mercancías, eliminadas como ‘mensaje’ o como producto de venganza entre bandas”.
Subrayan también que “todo esto sucede, además, en un contexto de crisis económica, en donde el 38,1% de la población argentina es pobre, de las cuales 6 de cada 10 son mujeres, según datos del Indec”. En las que tienen entre 14 y 29 años, el desempleo alcanza a 1 de cada 5.
Mientras la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se apura a culpar al gobernador de la provincia de Buenos Aires y niega la condición de femicidio, en la Argentina se desfinancian todos los instrumentos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
LEER MÁS ► Ni Una Menos, diez años después: más visibles, menos protegidas
No sólo eso: se vaciaron todas las políticas sociales que apuntaban a contener —aún frágilmente— esas vidas precarias, se apuntó contra las organizaciones sociales, mientras el aumento del costo de la vida se mezcla con la glorificación de las soluciones individuales, de la meritocracia, de la necesidad de conseguir dinero como sea.
Un gobierno nacional que niega la violencia machista —y también la vulnerabilidad social de millones de mujeres jóvenes— trata de desconocer que, hasta agosto de 2025, según La Casa del Encuentro, hubo 164 víctimas de femicidio. Como consecuencia, 143 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales más de la mitad son menores de edad.
El hijo de Brenda tiene un año. Y ya forma parte de esa estadística lacerante.
Te puede interesar
